Asesinato de ‘Cara de Dedo’ revela grietas en la lucha contra el sicariato en Lima
La capital peruana volvió a ser escenario de un violento episodio que subraya la persistencia del crimen organizado y las falencias del sistema judicial. Jonathan Navarro Berríos, conocido en el hampa como ‘Cara de Dedo’ y sindicado por la Policía Nacional como brazo armado del notorio narcotraficante Gerald Oropeza, fue acribillado la noche del miércoles 10 de diciembre en el Cercado de Lima. El ataque, perpetrado por sicarios a plena vista, dejó también herida a su pareja, Jéssica Gil Zeta, y reavivó el debate sobre la eficacia de las autoridades para desmantelar estas estructuras criminales.
Los hechos se desarrollaron con la frialdad que caracteriza al sicariato. Navarro Berríos y Gil Zeta se disponían a abordar un vehículo tras salir de una vivienda cuando fueron sorprendidos por tres sujetos desconocidos que, según testigos, habían merodeado la zona horas antes. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego, realizando al menos siete disparos. ‘Cara de Dedo’ quedó gravemente herido y falleció en el trayecto al hospital, mientras que su compañera fue impactada por los proyectiles, sobreviviendo al brutal asalto que conmocionó a los vecinos del sector.
La figura de Jonathan Navarro Berríos no era ajena a los expedientes policiales y judiciales. Su vinculación con Gerald Oropeza, cuya red de narcotráfico y lavado de activos desestabilizó la política y la seguridad pública peruana en la última década, lo posicionaba como un actor clave en la ejecución de actividades ilícitas. Sin embargo, su trayectoria criminal muestra un preocupante patrón de detenciones seguidas de absoluciones, poniendo en entredicho la solidez de las acusaciones y la capacidad del Estado para mantener tras las rejas a individuos de alta peligrosidad.
En 2015, ‘Cara de Dedo’ fue ingresado al penal Castro Castro bajo 18 meses de prisión preventiva, una medida que en su momento generó expectativas sobre el desmantelamiento de grupos criminales. No obstante, al año siguiente, la justicia lo absolvió de la cadena perpetua que se solicitaba en su contra, una decisión que hoy, a la luz de su violenta muerte, genera serios cuestionamientos. Este antecedente judicial no era el único en su haber; Navarro Berríos también había sido investigado por otros asesinatos, incluyendo el de un comandante policial en la pollería El Corralito en 2014 y la muerte de un empresario dueño de una botica, también en el Cercado de Lima.
Este nuevo episodio de sicariato en el corazón de la capital no solo evidencia la audacia de las organizaciones criminales, sino que también expone las grietas en el sistema de seguridad y justicia peruano. La libertad de figuras como ‘Cara de Dedo’, a pesar de su historial delictivo y sus conexiones con redes mayores, sugiere una debilidad en la recolección de pruebas, la estrategia judicial o, peor aún, una posible infiltración. La facilidad con la que estos individuos parecen reintegrarse a las actividades delictivas después de enfrentar la justicia es un indicador preocupante para la ciudadanía y un desafío inminente para las autoridades.
La impunidad percibida, unida a la violencia desmedida, erosiona la confianza pública en el Estado de derecho y exige una revisión profunda de las políticas de seguridad ciudadana y de la operatividad del sistema judicial. Mientras las investigaciones de este crimen avanzan, la pregunta persiste: ¿hasta cuándo Lima será un escenario propicio para el ajuste de cuentas y la exhibición de poder de las mafias, mientras figuras clave como ‘Cara de Dedo’ pueden evadir condenas firmes, solo para ser víctimas o victimarios en un ciclo interminable de violencia? La sombra del crimen organizado sigue siendo una amenaza latente que el Perú aún no logra disipar.
