Huánuco bajo el yugo del Tren de Aragua: La violencia del ‘gota a gota’ sacude Amarilis
La provincia de Huánuco se encuentra nuevamente bajo el foco de la violencia criminal transnacional, tras un ataque armado que dejó a un ciudadano colombiano herido en el distrito de Amarilis. Este incidente, que según las primeras investigaciones apunta directamente a la temida banda criminal venezolana «Los Gallegos», una facción del tristemente célebre «Tren de Aragua», pone de manifiesto la creciente impunidad con la que operan estas organizaciones dedicadas a la extorsión bajo la modalidad del «gota a gota», desafiando la autoridad del Estado peruano en sus propias calles.
Fredis Gabriel Caro Solarez, de 30 años, fue emboscado mientras realizaba sus cobranzas en las inmediaciones del Coliseo 15 de agosto. Dos individuos, presuntamente de nacionalidad venezolana, lo abordaron, desencadenando un forcejeo que culminó con un disparo en su pierna izquierda. Testigos del hecho describen la crudeza del ataque, señalando que el proyectil, que impactó en la pierna del colombiano tras caer el arma al piso, tenía una clara intención letal. La audacia de los criminales, que perpetraron el acto a plena luz del día y ante la aglomeración de personas, subraya la percepción de un control territorial que se extiende por zonas urbanas, a menudo marcadas por el abandono y la precariedad, como las calles de Amarilis, llenas de escombros por obras inconclusas.
El modus operandi de «Los Gallegos» y del «Tren de Aragua» es una amenaza ya conocida en diversas ciudades del Perú. Esta organización ha importado el esquema del «gota a gota», un sistema de préstamos informales con intereses usurarios que deriva en extorsión y violencia extrema ante el impago. Los ciudadanos colombianos, a menudo también involucrados en estas redes, se convierten tanto en víctimas como en operadores de un ciclo de violencia. La negativa a ceder a las exigencias de «cupos» por parte de estas bandas criminales extranjeras es respondida con la eliminación brutal, sembrando el terror entre quienes se atreven a desafiar su hegemonía.
Este reciente atentado no es un hecho aislado. La memoria de Huánuco aún recuerda el doble asesinato ocurrido en marzo pasado en Cayhuayna, donde Leandro Ramírez Cifuentes y William Villegas Gallo, ambos colombianos, fueron acribillados por negarse a pagar los mismos «cupos» extorsivos. En aquella ocasión, los perpetradores también fueron dos venezolanos que, tras el crimen, huyeron en una motocicleta que luego apareció quemada, un claro intento de borrar evidencias que evidencian la planificación y brutalidad de estas operaciones. La recurrencia de estos eventos establece un patrón alarmante de violencia organizada que parece arraigarse con cada incidente, demostrando la capacidad de estas estructuras criminales para operar con una impunidad preocupante.
Tras el ataque a Gabriel Caro, la respuesta ciudadana y de emergencia fue inmediata. Un agente de la unidad Águilas Negras le brindó los primeros auxilios, aplicando un torniquete, y una ambulancia del SAMU lo trasladó al Hospital Regional Hermilio Valdizan, donde fue diagnosticado con una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada y salida. Paralelamente, agentes del Departamento de Investigación Criminal y la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco iniciaron las diligencias, recabando evidencias como un casquillo percutido calibre .380 y muestras de sangre en la escena, además de realizar las pruebas forenses pertinentes, incluida la de absorción atómica al agraviado. Sin embargo, la efectividad de estas acciones se ve constantemente puesta a prueba por la naturaleza transnacional y la violencia sistemática de los grupos criminales.
La presencia consolidada del «Tren de Aragua» y sus facciones en ciudades como Huánuco no solo representa un desafío a la seguridad ciudadana, sino que también expone las grietas en las políticas de control migratorio y la debilidad de las estructuras de inteligencia para anticipar y desarticular estas redes. La extorsión y la violencia del «gota a gota», que se nutre de la desesperación económica, desestabilizan el tejido social y económico, mientras el Estado peruano parece navegar entre la contención de la migración y la lucha contra el crimen organizado, sin una estrategia integral que garantice la protección de sus ciudadanos y el control efectivo de su territorio. La situación en Amarilis es un crudo recordatorio de que la batalla contra estas mafias se libra día a día, y que la inacción o la respuesta fragmentada solo les otorgan más terreno.
