Tragedia en San Juan de Lurigancho: Bebé de 11 meses perdió la vida tras un brutal ataque de dos perros de raza pitbull

La tarde del lunes 8 de diciembre se tiñó de luto en el distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado del país, al confirmarse una tragedia que va más allá de un mero accidente doméstico: un bebé de apenas 11 meses perdió la vida tras un brutal ataque de dos perros de raza pitbull. Este lamentable suceso, ocurrido en una vivienda de San Hilarión Alto, sector La Bombonera, no solo ha conmocionado a la comunidad, sino que reabre con urgencia el debate sobre la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos y la precaria fiscalización en entornos urbanos densamente poblados.

El infausto incidente tuvo lugar alrededor de las 5:00 p.m. El pequeño, cuyo nombre no ha sido revelado, dormía plácidamente en su cuna, ubicada en el segundo piso del inmueble de la Mz. E1, lote 18, Comité 09. Fue en ese momento cuando los dos canes, propiedad de Patricia Luna Aparicio, de 52 años y suegra de la madre del bebé, ingresaron a la habitación sin aparente supervisión. El padre del menor, José Aldair Castillo Huilca, de 28 años, encontró a su hijo gravemente herido y, en un intento desesperado por salvarlo, lo trasladó al centro de salud más cercano. Sin embargo, la gravedad de las lesiones, descritas como múltiples y severas, provocó su deceso en el trayecto, transformando un día cualquiera en una pesadilla irreparable.

La intervención de las autoridades no se hizo esperar. Representantes del Ministerio Público, personal de Criminalística de la PNP y agentes de la Depincri II se apersonaron a la vivienda para iniciar las diligencias. La propietaria de los animales, Patricia Luna Aparicio, fue detenida, dando inicio a una investigación por presunto delito. La brigada canina de la PNP, con su experticia, procedió a asegurar a los perros para su traslado, un protocolo que busca mitigar riesgos adicionales y facilitar el desarrollo de la investigación. Las preguntas clave que ahora guían el trabajo policial –¿cómo accedieron los perros al cuarto?, ¿existían antecedentes de agresividad?, ¿hubo negligencia en su manejo?– buscan establecer responsabilidades penales en un caso que exige la mayor transparencia.

Este dramático episodio no es un hecho aislado. Se suma a una inquietante serie de ataques protagonizados por perros de razas consideradas potencialmente peligrosas en lo que va del año en diversas localidades del país, evidenciando un patrón de inacción y deficiencias en el control. En Santa Anita, una mujer sufrió graves heridas mientras hacía ejercicios en un parque, atacada por un pitbull que carecía de bozal y correa. Otro caso impactante fue el de Fernando Luyo Peña en Cañete, quien perdió ambos brazos y permaneció en coma tras ser brutalmente atacado por tres pitbulls, un calvario de recuperación que aún no concluye. La tragedia escaló hasta San Juan de Miraflores, donde María Magdalena Benito Osenjo, de 72 años, falleció al ser atacada por su propio pitbull dentro de su hogar, dejando a su hija también herida en el intento de defensa.

La recurrencia de estas tragedias no puede ser atribuida únicamente a la naturaleza de una raza canina. Expertos en comportamiento animal coinciden en señalar que la combinación de una crianza negligente, la ausencia de entrenamiento adecuado, la falta de medidas de seguridad efectivas y las condiciones inapropiadas en el hogar o entorno, son factores determinantes que pueden transformar a cualquier animal en un riesgo. Sin embargo, en el Perú, la discusión sobre la tenencia responsable, si bien existe en la normativa, adolece de una fiscalización robusta y campañas de concientización efectivas.

Las municipalidades, llamadas a ser los entes reguladores más cercanos al ciudadano, tienen la responsabilidad de aplicar estrictamente las normas que exigen la supervisión permanente de estos animales, el uso obligatorio de correa y bozal en espacios públicos, el registro de razas potencialmente peligrosas y la garantía de condiciones adecuadas dentro de los hogares. Vecinos de San Juan de Lurigancho señalaron que los perros implicados en la tragedia eran conocidos en la zona, aunque sin reportes de incidentes previos. No obstante, la sola presencia de pitbulls en viviendas pequeñas y sin las medidas de seguridad preventivas necesarias, como en muchos barrios populares de nuestro país, incrementa exponencialmente el riesgo de episodios como el ocurrido.

Mientras la familia del menor enfrenta un dolor inconmensurable y un vacío irreparable, la sociedad peruana exige respuestas concretas. Este caso debe ser un punto de inflexión para fortalecer los controles, intensificar la fiscalización y educar sobre la tenencia responsable de animales peligrosos en entornos urbanos. La inacción o la laxitud en la aplicación de las leyes no pueden seguir costando vidas inocentes, especialmente en espacios que, por derecho, deberían ser los más seguros: el propio hogar. Es imperativo que el Estado, a través de sus instancias locales y nacionales, asuma su rol de garante de la seguridad pública y animal con la seriedad y premura que esta recurrente problemática exige.