Se frustra millonario subsidio a agroexportadoras: Gobierno retira propuesta de S/2.000 millones para grandes empresas
Una controvertida propuesta que buscaba canalizar cerca de S/2.000 millones anuales hacia las grandes agroexportadoras fue retirada del paquete de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo, tras el intenso debate en el Pleno del Congreso. La iniciativa, que había sido introducida sigilosamente bajo el nombre de Certificado de Aporte para la Promoción Agraria (CAPA), representaba un potencial subsidio encubierto que expertos y exministros calificaron como un «regalo» para un sector ya «boyante», y que prometía ahondar la concentración de tierras en pocas manos.
El Parlamento aprobó por 80 votos a favor el texto sustitutorio que delega facultades al Poder Ejecutivo por 60 días calendario, abarcando materias como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada y crecimiento económico. Arturo Alegría García, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento de Fuerza Popular, destacó que se concedieron 49 de las 58 solicitudes planteadas, lo que equivale al 84% del pedido. Sin embargo, la exclusión del CAPA marcó un punto de inflexión y una señal de alerta sobre las intenciones detrás de algunas propuestas del Ejecutivo.
El Certificado de Aporte para la Promoción Agraria, impulsado por el Gobierno, proponía otorgar un «vale» a las empresas agrícolas por los pagos del Bono Beta (equivalente al 30% del sueldo mínimo) y sus aportes al Senati. Este certificado permitiría a las agroexportadoras descontar su valor en las subastas de tierras del Estado, lo que se traduciría en la adquisición de terrenos públicos, habilitados con recursos de todos los contribuyentes, a un costo menor.
Aunque el Gobierno argumentó que la medida «no generaba gasto fiscal» al reconocer «aportes ya realizados» y que buscaba impulsar la habilitación de más de 10.000 hectáreas productivas, la realidad es que el CAPA habría implicado que el Estado renunciara a recaudar cerca de S/2.000 millones al año. Esta cifra, calculada por el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros, proviene de los montos que las empresas pagan anualmente por el Bono Beta y al Senati para una masa laboral formal que supera los 400.000 trabajadores. Solamente estos dos conceptos suman entre S/1.600 y S/1.700 millones cada año, con una tendencia al alza dado el continuo crecimiento del rubro.
Los principales beneficiarios de esta medida habrían sido los grandes conglomerados agroexportadores, que concentran el 92% de los ingresos del sector, más del 90% del empleo formal y el 50% del total del empleo en apenas 18 empresas. Fernando Cuadros advirtió que el CAPA habría profundizado la concentración de terrenos agrícolas, dado que «las Mypes no tienen capacidad para competir en esas subastas», consolidando así el dominio de las grandes corporaciones.
La propuesta generó fuertes críticas de exministros de Economía como Pedro Francke y Waldo Mendoza, quienes señalaron que el Bono Beta ya ha sido «absorbido» por las empresas a través de reducciones en otros componentes salariales, por lo que «no hay nada que compensar». Entre 2018 y 2024, el salario real promedio de los trabajadores del sector cayó casi un 30%. Cuadros explicó que las empresas lograron este ajuste recortando costos y sustituyendo a empleados con mayor remuneración por grupos con salarios más bajos, como mujeres, jóvenes y trabajadores temporales. El ingreso promedio actual de los trabajadores es de S/1.300, y para alcanzar los S/1.600 o S/1.700, deben laborar jornadas de 12 horas diarias, práctica que es ilegal y vulnera sus derechos. Para Francke, devolver este bono es improcedente «cuando el sector registra utilidades históricas», mientras que Mendoza sentenció que el CAPA «en la práctica les saldría gratis».
La génesis de esta idea se atribuye al exministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien, presionado por gremios empresariales, defendió la «devolución del bono beta», argumentando que es «anticompetitivo» y no existe en otros sectores o países competidores. Gremios como Comex, por su parte, sostienen que el régimen agrario es uno de los más caros del país por el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), y que el CAPA equilibraría sobrecostos, impulsaría la inversión y aumentaría la formalidad.
A pesar de su exclusión, la sombra del «lobby agroexportador» persiste. Fernando Cuadros alertó sobre un posible nuevo intento por concretar esta norma, evocando el antecedente de la «ley Chlimper 2.0». El exviceministro advirtió que estos grupos empresariales buscarán el «momento ideal», quizás antes de las elecciones o en los tramos finales del Gobierno, e incluso podrían impulsar la medida a través de una iniciativa congresal. La vigilancia ciudadana y parlamentaria será crucial para evitar que un beneficio que compromete S/2.000 millones anuales de recursos públicos en favor de unas pocas empresas vuelva a intentar colarse en la agenda nacional.
