Ministro de Energía y Minas niega injerencia de asesor clave en la dirección del REINFO mientras persisten serias dudas

En medio de una creciente controversia que sacude al Ministerio de Energía y Minas (Minem), su titular, Luis Enrique Bravo de la Cruz, ha salido al frente para desmentir categóricamente las acusaciones sobre una presunta injerencia de su asesor, Mario López Tejerina, en decisiones cruciales para la formalización minera. Con una postura firme, el ministro aseguró ser el único responsable de la dirección del sector, en un episodio que pone en entredicho la transparencia y la autonomía técnica de una de las carteras más estratégicas del país.

«Yo soy el que dirige el Ministerio de Energía y Minas y todo el personal técnico trabaja conmigo», sentenció Bravo de la Cruz, respondiendo a cuestionamientos sobre la influencia de López Tejerina en la reciente extensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y los abruptos cambios en la Oficina de Formalización Minera. Sus declaraciones intentan zanjar una polémica que, sin embargo, ha sido alimentada por una investigación periodística que revela un escenario distinto.

El REINFO, un instrumento vital para la regularización de la pequeña minería y minería artesanal en el Perú, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Miles de mineros dependen de este proceso para salir de la informalidad, un flagelo que no solo impacta negativamente en la economía, sino que también genera graves problemas ambientales y sociales en diversas regiones del país. En este contexto, cualquier decisión que afecte su continuidad o sus requisitos adquiere una relevancia política y social innegable.

En su defensa, el ministro Bravo anunció la preparación de un decreto supremo que buscará flexibilizar los requisitos del REINFO. Según sus palabras, el objetivo es hacer el proceso «mucho más flexible, más adecuado, más fácil de cumplir para evitar cualquier tipo de ineficiencia», adecuándose a la realidad de los pequeños y medianos mineros. Asimismo, justificó la salida del exdirector de Formalización Minera, Máximo Gallo, atribuyéndola a «razones laborales y falta de resultados», argumentando que el sector necesitaba una «postura clara y oportuna» para el debate en el Congreso sobre la nueva ampliación del registro.

Sin embargo, la versión del ministro contrasta notablemente con los hallazgos de una investigación del programa Punto Final, que señala directamente a Mario López Tejerina como la figura detrás de decisiones trascendentales. Según la pesquisa, López Tejerina habría asumido un rol decisorio en la ampliación del REINFO, desplazando al especialista Máximo Gallo, quien previamente lideraba la formalización minera. Fuentes del sector, citadas por la investigación, indican que el asesor habría impuesto lineamientos que modificaron la política minera sin la participación directa del propio ministro. Un claro indicio de esta presunta influencia sería la ampliación del REINFO por solo un año, en contra de la propuesta del equipo técnico que abogaba por una extensión de dos años.

El apartamiento de Gallo, un profesional con reconocida trayectoria y resultados en el ámbito de la formalización, es interpretado por la investigación como una clara señal de concentración de poder en manos del asesor. Esta situación habría mermado el margen de acción de técnicos y funcionarios clave dentro del ministerio, generando un ambiente de incertidumbre y desconfianza.

Entre las medidas que López Tejerina habría impulsado, destaca la controvertida propuesta de tercerizar la formalización a través de empresas privadas. Esta alternativa, calificada como costosa y polémica, podría no solo afectar los plazos del REINFO, sino también marginar el trabajo especializado de los equipos internos del ministerio, que cuentan con la experiencia y el conocimiento del terreno.

El supuesto control ejercido por el asesor no se habría limitado solo a la definición de políticas, sino que también se habría traducido en restricciones operativas. La investigación menciona la limitación de viajes para los equipos de campo, el recorte de la autonomía de Gallo y la promoción de la contratación de terceros para funciones que antes eran asumidas por la dirección técnica. Resulta particularmente revelador que, aunque la postura oficial finalmente utilizó un informe elaborado por el propio Gallo para sustentar su posición ante el Congreso, las decisiones se tomaron sin considerar su criterio técnico. Este hecho alimenta las dudas sobre la transparencia, la eficiencia y el peso real que la evidencia técnica tiene en la formulación de la política minera en el Minem.

Este pulso de poder dentro del Minem no es solo una disputa interna; tiene profundas implicaciones para el futuro de la formalización minera en un país que históricamente ha luchado contra la informalidad en este sector clave. La credibilidad del ministerio, la institucionalidad y la capacidad de implementar políticas públicas efectivas para miles de pequeños mineros están en juego. La necesidad de una dirección clara, técnica y libre de injerencias políticas es más urgente que nunca para garantizar un proceso de formalización que sea justo, sostenible y que contribuya al desarrollo del Perú, y no a la perpetuación de sombras sobre su gestión.