La eterna promesa contra la minería ilegal: ¿Será esta vez la reforma definitiva o un nuevo ciclo de frustración?

La sombra de la minería ilegal se cierne nuevamente sobre el Perú, esta vez con una advertencia ominosa del alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García Esquerre, quien ha sentenciado que el problema «desborda al Ejecutivo» y exige una respuesta articulada de los tres poderes del Estado. Su declaración no es una simple alerta, sino el eco de una realidad palpable donde el crimen organizado y la violencia se consolidan en regiones históricamente golpeadas por esta actividad ilícita. Sin embargo, la interrogante de fondo persiste: ¿es esta una nueva estrategia sólida o una promesa más en la larga lista de intentos fallidos?

Desde hace décadas, el Estado peruano ha oscilado entre la permisividad y la represión en su lucha contra la minería ilegal e informal, sin lograr una política de Estado consistente y duradera. García Esquerre apunta al «marco normativo debilitado» como la raíz del problema, argumentando que la legislación actual genera vacíos que impiden sancionar con contundencia, realizar interdicciones efectivas o evitar que operadores ilegales se refugien en procesos de formalización estancados. Esta crítica, si bien válida en parte, no logra disipar la percepción de que la inacción política y la corrupción han sido igualmente cómplices en la expansión de esta lacra.

La reciente decisión del Congreso de no ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por dos años ha sido calificada como un «paso correcto» por el comisionado. Esta medida ha depurado significativamente el padrón, reduciendo los mineros en proceso de formalización de más de 31 mil a aproximadamente 24 mil, y excluyendo a más de 50 mil registros, muchos de ellos inactivos o utilizados como fachada. Si bien la limpieza del Reinfo es un paso necesario para eliminar los «mineros de escritorio» y las herramientas legales para la ilegalidad, el desafío real radica en qué hacer con el universo restante y, crucialmente, con aquellos que quedan fuera de cualquier paraguas legal. La historia reciente demuestra que el cierre de avenidas de formalización, sin alternativas viables, a menudo empuja a la clandestinidad y fortalece las redes criminales.

García Esquerre insiste en la viabilidad de formalizar al grupo restante, enmarcando esta acción dentro de una «Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal» más ambiciosa. Esta estrategia abarca la erradicación, el ordenamiento territorial y la recuperación ambiental. No obstante, la ambición de estas metas contrasta con la limitada capacidad estatal para mantener una presencia permanente y efectiva en zonas de difícil acceso, donde la ausencia del Estado ha sido históricamente el caldo de cultivo para estas actividades.

El «Modelo Pataz», presentado como uno de los pilares de esta estrategia, ha captado la atención por sus supuestos avances en la provincia liberteña, azotada por la violencia. La propuesta se centra en el establecimiento de «rutas fiscales» y «puestos de control multisectoriales» para fiscalizar el transporte de minerales, combustibles, explosivos e insumos químicos. Instituciones como Sunat, Sucamec y Sutran participan en esta tarea, buscando un control de la trazabilidad que la minería ilegal ha sabido evadir con maestría. La promesa de un sistema interoperable para unificar la información y replicar el modelo en regiones como Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho y Huánuco suena esperanzadora, pero la replicabilidad de un modelo tan específico en realidades tan dispares es un terreno fértil para el escepticismo. Las particularidades geográficas, sociales y la profundidad de las mafias en cada región plantean desafíos que van más allá de la mera implementación de puestos de control.

La gran reforma pendiente, según el alto comisionado, busca eliminar los vacíos legales, reforzar la autoridad del Ejecutivo en la exclusión de registros y endurecer las sanciones penales. La premisa es clara: «vamos a erradicar, pero el Estado y las fuerzas del orden tienen que quedarse». Sin embargo, la sostenibilidad de esta «presencia permanente» ha sido el talón de Aquiles de cada intento gubernamental. ¿Se destinarán los recursos necesarios? ¿Habrá la voluntad política para combatir la corrupción que históricamente ha facilitado la operación de estas mafias?

En un contexto de avance imparable del crimen organizado, que ha encontrado en la minería ilegal una de sus principales fuentes de financiamiento, la advertencia de García Esquerre es un recordatorio urgente de que el combate a esta actividad no puede ser un operativo aislado, sino una política de Estado consolidada y sostenida en el tiempo. La discusión sobre el Reinfo, la implementación del Modelo Pataz y la reforma del marco legal son piezas clave en este tablero. Los próximos meses serán determinantes para discernir si el país finalmente está en la senda de una solución estructural o si, lamentablemente, asiste a otro ciclo de promesas y frustraciones frente a una de sus amenazas más persistentes y destructivas.