Metro de Lima: El colapso anunciado de la Línea 1 y la eterna espera de una ampliación que tardaría hasta 2030

La Línea 1 del Metro de Lima, concebida como la columna vertebral del transporte público en la capital, se encuentra al borde del colapso, sumida en una emergencia de capacidad que afecta a millones de usuarios a diario. Lo más preocupante no es solo el presente congestionado, sino la perspectiva desalentadora de una solución estructural que, en el mejor de los escenarios, no llegaría antes de 2029 o 2030, revelando una vez más la crónica lentitud en la gestión de infraestructura crítica en el país.

Desde su inauguración en 2012, la demanda de la Línea 1 ha experimentado un crecimiento exponencial que ha superado todas las previsiones iniciales. De transportar 33 millones de pasajeros ese año, la cifra se disparó a 70 millones en 2014, estabilizándose alrededor de los 108 millones entre 2015 y 2017. Un pico de 170 millones se alcanzó en 2019, tras una ampliación de frecuencia ejecutada en 2016. A pesar de la caída durante la pandemia de COVID-19, 2023 cerró con 172 millones de usuarios, y las proyecciones para 2025 alcanzan los 220 millones de viajes, con un incremento anual sostenido del 11%, según datos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). Este vertiginoso ascenso ha dejado a la infraestructura y la flota de trenes completamente rebasadas.

Miguel González, jefe de Ferrovías de Ositrán, no escatima en calificar la situación como una «emergencia». En horas punta, las estaciones se convierten en un cuello de botella, con filas interminables y trenes abarrotados. «La demanda supera la capacidad ofertada», sentenció González, quien ha llegado a sugerir a los usuarios evitar las horas pico, una solución que, si bien comprensible desde la perspectiva operativa, es inviable para la mayoría de ciudadanos que dependen de horarios fijos para trabajar o estudiar. La paradoja es evidente: la seguridad y eficiencia percibida del metro atrae a más usuarios, pero esa misma afluencia lo lleva al límite de su capacidad operativa y física, transformando el trayecto diario en una odisea.

La ruta para mitigar esta crisis ya ha sido definida y se contempla en un ambicioso Proyecto de Ampliación de Capacidad de la Línea 1. Este plan, coordinado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y ProInversión, busca incrementar la capacidad operativa mediante la adquisición de nuevos trenes y la inversión en infraestructura ferroviaria. Se ha dividido en dos etapas: la primera reduciría la frecuencia entre trenes a dos minutos en hora punta, elevando la capacidad diaria de 620.000 a casi un millón de pasajeros. La segunda fase, aún más ambiciosa, buscaría una frecuencia de un minuto y treinta segundos, proyectando hasta 1,2 millones de usuarios diarios.

Sin embargo, el cronograma de esta vital ampliación es lo que genera mayor preocupación y refleja una gestión estatal dilatada. La firma de la adenda necesaria para dar luz verde al proyecto está prevista recién para junio de 2026. Una vez rubricada, la ejecución de las obras tomaría entre cuatro y cuatro años y medio adicionales. Esto significa que la esperada mejora estructural no se materializaría antes de 2029 o 2030. Un lapso de tiempo que condena a los limeños a vivir con un sistema de transporte al límite durante al menos un quinquenio más.

La dilación no solo es burocrática. González explica que, sin la adenda firmada, no se puede iniciar la fabricación de los nuevos trenes ni la repotenciación de los componentes eléctricos existentes, un proceso que también es lento debido a la alta demanda global de estos equipos. «Si no se firma la adenda en junio del 2026, prácticamente no se habrá avanzado nada», lamentó, recalcando que el avance depende directamente de la asignación de un presupuesto estatal estimado en US$2.500 millones. Esta dependencia del «dinero del Estado» expone las fragilidades de la planificación y ejecución de grandes proyectos de infraestructura en el Perú, donde la voluntad política y la disponibilidad presupuestaria son a menudo los mayores escollos, postergando soluciones urgentes para la ciudadanía.

Mientras se espera la resolución de este laberinto administrativo y financiero, las autoridades han propuesto «soluciones» temporales que apenas rozan el problema de fondo. Ositrán ha sugerido un ligero incremento de la oferta para diciembre, reduciendo el intervalo entre trenes de seis a cinco o incluso cuatro minutos en hora punta. El MTC, en coordinación con la empresa concesionaria, también contempla ampliar los horarios de mayor demanda. Medidas paliativas que, como bien señala González, no resolverán la «emergencia» en la que se encuentra el sistema y que continuará «en la misma situación» hasta que la ampliación real se concrete, evidenciando la incapacidad de ofrecer respuestas contundentes a una crisis de escala metropolitana.

El futuro, además, presenta desafíos adicionales. La próxima Línea 2 del Metro, al conectarse con la Línea 1 en estaciones clave como Grau y Atocongo, inyectará unos 60.000 pasajeros diarios adicionales al sistema ya saturado. Esta interconexión, aunque necesaria para la visión integral del transporte metropolitano, agudizará la crisis de la Línea 1 si no se actúa con celeridad y previsión.

La situación de la Línea 1 del Metro de Lima es un espejo de la falta de visión a largo plazo y la ineficacia en la ejecución de proyectos de infraestructura cruciales para la capital. La «emergencia» declarada por Ositrán es la realidad cotidiana de millones de peruanos que enfrentan una odisea para movilizarse. La promesa de una solución que se posterga por años es un recordatorio amargo de que la calidad de vida de los ciudadanos sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda pública, atrapada entre la burocracia, la falta de presupuesto oportuno y la incapacidad de anticipar el crecimiento de una metrópoli como Lima. El reloj avanza, y con cada minuto de retraso, la Línea 1 se acerca más a un punto de no retorno que podría paralizar a una parte significativa de la fuerza laboral y estudiantil de la capital.