Congreso peruano otorga luz verde a tropas de EE.UU. para 2026: ¿Cooperación o cesión de soberanía?

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En una controvertida decisión que reaviva el debate sobre la soberanía nacional y la autonomía de las fuerzas armadas peruanas, el Congreso de la República aprobó el ingreso de personal militar de los Estados Unidos a territorio peruano para todo el año 2026. Con 73 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones, la Resolución Legislativa 13436/2025-CR abre una vez más las puertas a la presencia de tropas extranjeras equipadas con armamento de guerra, bajo el argumento de «cooperación y entrenamiento» con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La votación, que evidencia una significativa oposición interna, pone de manifiesto las persistentes interrogantes sobre la verdadera naturaleza y los alcances de esta colaboración militar.

La medida autoriza a unidades de las Fuerzas Especiales de EE. UU. a rotar en el país en periodos de tres a seis meses, con el objetivo de realizar ejercicios conjuntos. Los socios peruanos en esta iniciativa incluyen al Comando de Inteligencia y Operaciones Conjuntas (CIOEC), la Fuerza Especial Conjunta (FEC), los FOES de la Marina, el GRUFE de la FAP, unidades de Fuerzas Especiales del Ejército y divisiones especializadas de la PNP como la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) y la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES). Esta lista de contrapartes peruanas subraya que las actividades no se limitan a un entrenamiento convencional, sino que se centran en capacidades de inteligencia, operaciones especiales y lucha contra el narcotráfico, áreas de alta sensibilidad en el contexto geopolítico y de seguridad interna del Perú.

El contingente estadounidense no solo ingresará con su personal, sino que lo hará acompañado de un arsenal significativo de armamento de guerra. La autorización especifica la entrada de 14 fusiles M4, 14 pistolas Glock o M17, 2 ametralladoras M249, 2 ametralladoras M240, 2 lanzagranadas M320, 2 morteros, diversos fusiles francotirador (XM2010, M110 SAS, M22), 4 fusiles SCAR y 2 escopetas. Si bien se aclara que este material será empleado exclusivamente durante los ejercicios, la presencia de tal poder de fuego en manos de fuerzas extranjeras en territorio nacional levanta inevitablemente cuestionamientos sobre el grado de autonomía operativa y la soberanía en la toma de decisiones sobre seguridad interna.

La extensión geográfica de estas operaciones es particularmente notable. Las tropas estadounidenses operarán en un amplio espectro de la geografía peruana, incluyendo Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana, Puerto Maldonado y Apurímac. Esta lista abarca desde zonas urbanas hasta regiones de la selva y la sierra, muchas de ellas conocidas por ser corredores estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal o con historial de conflicto interno. La amplitud de la cobertura geográfica sugiere una implicación profunda en la estrategia de seguridad y defensa del país, más allá de la mera instrucción militar.

Las autoridades y el Congreso han insistido en desvincular esta autorización del despliegue naval en el Caribe o de las tensiones entre Washington y Caracas, presentándola como un «procedimiento habitual» de cooperación bilateral. Sin embargo, en un continente donde la injerencia extranjera y la influencia geopolítica son temas recurrentes, la reiterada presencia militar estadounidense en Perú, especialmente con un despliegue tan extenso y prolongado, difícilmente puede ser vista como un hecho aislado o desprovisto de implicaciones geopolíticas más amplias. La propia necesidad de emitir un desmentido sugiere una conciencia de la sensibilidad del tema.

Este no es, de hecho, un incidente aislado. La autorización para 2026 se inscribe en un patrón de permisos recurrentes. En noviembre de 2024, el Gobierno peruano permitió el ingreso de 600 militares norteamericanos para labores de soporte logístico, administrativo y de seguridad durante las reuniones del Foro APEC en Lima, Pisco y Chiclayo. Previamente, entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2023, el Perú también autorizó la entrada de tropas estadounidenses para realizar actividades de entrenamiento con las FF. AA. y la PNP. Esta sucesión de autorizaciones consolida una presencia militar extranjera sostenida en el tiempo, transformando lo que podría ser visto como «cooperación puntual» en una constante en la política de defensa nacional.

La decisión del Congreso, si bien amparada en procedimientos legislativos, abre un debate necesario y profundo sobre el balance entre la necesidad de modernización y capacitación de las fuerzas de seguridad peruanas y el resguardo irrenunciable de la soberanía nacional. La constante presencia de tropas extranjeras, equipadas para la guerra y operando en amplias zonas del país, plantea interrogantes sobre la transparencia de estos acuerdos, la supervisión efectiva de sus actividades y, en última instancia, sobre la dirección y autonomía de la política de seguridad y defensa del Perú en el concierto regional e internacional.

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