Veneno a bajo precio: La desidia regulatoria que permite el tráfico de cosméticos tóxicos en el corazón de Lima
Mientras la industria del maquillaje en Perú experimenta un crecimiento exponencial, con ventas que superaron los S/ 4.630 millones solo en el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento del 8,4% según el Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (COPECOH) de la Cámara de Comercio de Lima, un peligro silencioso e insidioso se cierne sobre miles de consumidores. Detrás del aparente auge y la amplia oferta de productos, se esconde una grave problemática: la proliferación de cosméticos falsificados y sin registro sanitario, muchos de ellos contaminados con metales pesados, que se comercializan con alarmante impunidad en pleno Centro de Lima, evidenciando una profunda fragilidad institucional en la protección de la salud pública.
Un reciente recorrido realizado por este medio en diversos establecimientos del Centro de Lima, donde la mercadería se ofrece a precios irrisorios, confirmó la nula o deficiente fiscalización. Encargados de tiendas minoristas admiten recibir productos con un «olor a petróleo», una señal inequívoca de adulteración, y señalan que la gran mayoría de estos artículos económicos provienen de China. «Aquí lo más caro cuesta 40 soles. Labiales y bases son económicos. Algunos salen defectuosos, pero otros no, y a los clientes le funcionan; de lo contrario, no los comprarían», comentó una vendedora de 32 años, quien reveló que el último operativo de fiscalización en la zona ocurrió hace aproximadamente cuatro meses, un periodo que subraya la intermitencia y la falta de constancia de los controles.
La dimensión del problema es aún mayor cuando se considera el impacto económico y la implicación del crimen organizado. En julio pasado, un megaoperativo liderado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), junto al Ministerio de Salud (Minsa), la Policía Nacional, la Diviac y el Ministerio Público, logró incautar dos toneladas de cosméticos y artículos de higiene personal falsificados en cuatro stands de la Galería San Pedro, en el Jr. Ucayali 443 del Cercado de Lima. Durante la intervención, incluso se detuvo a una persona que operaba un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de cremas, perfumes y colonias. Un reporte de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ya había advertido pérdidas económicas superiores a los US$ 263 millones debido a la falsificación de productos de belleza, desde champús hasta esmaltes de uñas, una cifra que apenas araña la superficie del perjuicio total, incluyendo el daño incalculable a la salud.
El riesgo para el consumidor es gravísimo. Estudios farmacológicos recientes han confirmado la presencia de metales pesados en cosméticos vendidos en los emporios comerciales de Lima. Una tesis de 2024, elaborada por químicos farmacéuticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), analizó 30 muestras de lápices labiales comprados en el Cercado, revelando concentraciones de cadmio y mercurio por encima de los límites permitidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Javier Llamosa, químico farmacéutico y exdecano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, advierte que la fabricación clandestina de estos productos con ingredientes desconocidos y a menudo tóxicos es una práctica recurrente que «podría derivar en problemas graves de salud». Subraya el peligro del plomo, capaz de generar «retrasos cognitivos», un «daño progresivo que aparece a largo plazo». La falta de información en los envases sobre el fabricante, el lote o el origen imposibilita la trazabilidad, «impidiendo la vigilancia adecuada y limitando las medidas preventivas», un agujero negro en la cadena de control que favorece la impunidad.
Frente a la inacción estatal, los ciudadanos se encuentran desprotegidos. Es común que, para muchos compradores, el bajo costo prime sobre la seguridad, una decisión a menudo dictada por la precariedad económica. «Aquí es muy económico. Si estás aprendiendo a maquillarte, no tiene sentido comprar una paleta de 180 o 200 soles. Acá están entre 40 y 50. Claro que la pigmentación y el olor son distintos; huelen más fuerte», señaló una joven cliente. Sin embargo, Hernando Zevallos, exministro de Salud, enfatiza que «no se debe responsabilizar únicamente a los consumidores, pues ello desconocería las condiciones económicas de la población».
La responsabilidad recae principalmente en las entidades estatales. A inicios de 2025, tras una alerta de la Dirección Subregional de Salud de Sullana, la propia Digemid informó sobre el incremento de la venta de productos falsificados, incluyendo cosméticos, a través del comercio electrónico. Pero la acción en el terreno sigue siendo insuficiente. El Observatorio de Calidad de Digemid registró apenas 70 pesquisas de control sanitario para cosméticos este año, solo nueve más que en 2024, un número ínfimo comparado con las más de 600 intervenciones anuales en productos farmacéuticos. Esta disparidad revela una priorización deficiente y una negligencia institucional. Aunque Digemid declara autorizar y supervisar productos sanitarios, verificando la ausencia de sustancias prohibidas y metales pesados, y emite alertas sobre lotes específicos, como la crema “Argan Oil” de Bacc (lote 202210X), la ausencia de una lista oficial de productos «observados», pese a la solicitud de este medio, contradice su discurso de transparencia y efectividad.
La problemática, según el exministro Zevallos, refleja la «fragilidad institucional» del país. La responsabilidad es compartida entre Digemid y las municipalidades, pero la debilidad de estas entidades limita su capacidad de supervisión. «Las entidades que deberían ejecutar estas labores de control finalmente no cumplen ese rol y permiten que el problema se diluya sin una respuesta efectiva», aseveró Zevallos, quien además critica que Digemid «carecía de estas condiciones» de independencia y capacidad técnica sólida, reduciendo su eficacia. En este contexto, el debate en el Congreso sobre un proyecto para convertir a Digemid en una autoridad autónoma, tal como ocurre en otros países con reguladores fuertes, se vuelve crucial, pero es una reforma que parece avanzar con una lentitud exasperante frente a la urgencia sanitaria.
Ante la escasa acción del Estado, la carga de la prevención recae desproporcionadamente en los usuarios. Pierina Alejandra Delgadillo Pérez, maquilladora profesional, recomienda verificar el registro sanitario en el envase, evitar productos con olores demasiado intensos y estar alerta a las reacciones cutáneas. «Aquellos con plomo resecan los labios. También provocan enrojecimiento alrededor de la boca y picazón», precisa sobre los labiales tóxicos. Sin embargo, estas precauciones individuales, por más válidas que sean, no pueden sustituir la función irrenunciable del Estado de proteger a sus ciudadanos de un mercado informal y peligroso. La inacción de las autoridades frente a esta silenciosa amenaza no solo pone en riesgo la salud de millones de peruanos, sino que también erosiona la confianza en un sistema de regulación sanitaria que se muestra incapaz de cumplir su mandato más básico. Es hora de que el Estado peruano asuma su responsabilidad y ponga fin a esta letal desidia.
