Vecinos de Huánuco cuestionan cobros en piscina municipal y la Gestión Edil

La canícula huanuqueña no perdona, pero para miles de niños y jóvenes de Aparicio Pomares, en la ciudad de Huánuco, el alivio en la piscina municipal del Parque San Pedro se ha convertido en un lujo inalcanzable. Lo que debería ser un espacio público para la recreación y el deporte, vital en una de las zonas más vulnerables de la región, hoy se ve ensombrecido por denuncias de cobros “abusivos” que ponen en tela de juicio la gestión social de la municipalidad provincial.

La polémica se centra en las tarifas de ingreso a la piscina: S/ 7 para mayores de 12 años y S/ 3 para niños menores de 11. Cifras que, aisladas, podrían parecer menores, pero que en el contexto socioeconómico de los barrios aledaños, anclados en los cerros y con recursos limitados, representan una barrera infranqueable. Vecinos indignados señalan la cruda realidad: mientras un plato de comida en los comedores populares de la zona puede costar alrededor de S/ 2, la posibilidad de un chapuzón para sus hijos exige sacrificar gastos básicos o simplemente renunciar al esparcimiento.

La contradicción es palpable y genera una profunda indignación. Tras impulsarse que la administración del lugar pasara a manos de la municipalidad, la expectativa era que el espacio priorizara una función social. Sin embargo, la percepción ciudadana es que se ha adoptado una lógica de rentabilidad que desvirtúa su carácter público. «¿Cómo puede una gestión municipal anteponer el lucro a la necesidad de recreación de los niños, especialmente en una zona donde la pobreza es una constante y el calor azota con fuerza?», se preguntan los afectados, dejando al descubierto la desconexión entre la autoridad y la realidad de sus gobernados.

El cuestionamiento no se detiene en la piscina. La denuncia ciudadana se extiende a otras infraestructuras del mismo Parque San Pedro, como el uso del grass sintético, cuyo costo asciende a S/ 40 por una hora durante el día y S/ 70 por la noche. Montos que, según los vecinos, transforman la práctica deportiva en un privilegio para unos pocos, negando a la juventud vulnerable una alternativa sana y formativa que podría alejarlos del ocio nocivo y la criminalidad. Se cuestiona así el compromiso real de las autoridades locales con el desarrollo social integral.

En el plano político, la crítica es mordaz. La población demanda saber dónde están los regidores de la Municipalidad Provincial de Huánuco, quienes por ley deben fiscalizar la gestión edil. La opacidad en la determinación de estas tarifas y el destino del dinero recaudado alimenta sospechas sobre la transparencia y la probidad en el manejo de los recursos públicos. La ausencia de un debate público y una explicación clara por parte de los representantes municipales agrava el descontento, evidenciando una posible omisión de sus deberes de fiscalización y representación ciudadana.

Si bien algunas voces argumentan que los cobros son necesarios para cubrir gastos operativos, mantenimiento y limpieza de las instalaciones, especialmente en temporada alta, esta justificación es vista con escepticismo por una parte considerable de la ciudadanía. La pregunta que subyace es si estos costos justifican la exclusión de facto de la población más necesitada de un espacio que, por su naturaleza municipal, debería ser de acceso universal o, al menos, diferenciado según la capacidad económica.

La situación en el Parque San Pedro de Huánuco se erige así como un preocupante ejemplo de la tensión entre la gestión administrativa y la función social de los espacios públicos en el Perú. Un llamado de atención urgente a las autoridades locales para reevaluar sus prioridades, garantizar la fiscalización efectiva y asegurar que la recreación y el deporte no se conviertan en privilegios, sino en derechos fundamentales accesibles para todos los ciudadanos, sin importar su condición económica. El derecho a un chapuzón digno y accesible es también un derecho social que espera respuesta.