Un presidente ausente: Congreso autoriza a Jerí a ejercer el poder desde Ecuador
El Pleno del Congreso de la República concedió este miércoles la autorización para que el presidente José Jerí Oré realice un viaje oficial a Quito, Ecuador, donde participará en el Encuentro Presidencial y el XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador. La medida, aprobada con 88 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, permite al mandatario asistir a la cumbre bilateral programada para el próximo 12 de diciembre. Sin embargo, la decisión parlamentaria no estuvo exenta de una fuerte controversia, centrada en la inédita propuesta de que el jefe de Estado ejerza sus funciones «a distancia» mediante tecnologías digitales, un punto que reabre el debate sobre los límites constitucionales de la Presidencia en el Perú.
La luz verde del Parlamento habilita al presidente Jerí a liderar la delegación peruana, que incluirá a su equipo ministerial, para reunirse con su homólogo ecuatoriano. Estas cumbres binacionales, instituidas desde 2007 como una estrategia para consolidar la confianza y la cooperación posconflicto, son presentadas como herramientas esenciales para la Alianza Estratégica Perú-Ecuador, abordando temas de desarrollo y seguridad fronteriza. Se espera que durante el encuentro se suscriba la «Declaración Presidencial de Quito» y se apruebe el «Plan de Acción de Quito 2025», que guiará la hoja de ruta bilateral para los próximos dos años.
Entre los puntos priorizados en la agenda se encuentran la lucha contra la delincuencia organizada transnacional –un flagelo que azota con particular crudeza la porosa frontera norte peruana–, la seguridad y defensa, el desarrollo de infraestructura fronteriza y la gestión de recursos hídricos en cuencas compartidas. Si bien la relevancia de estos temas es innegable en un contexto regional marcado por la expansión de redes criminales y la migración irregular, la eficacia de estos «impulsos políticos al más alto nivel» para traducirse en acciones concretas y sostenibles es una cuestión que, históricamente, ha generado escepticismo en la población y en la opinión pública. La promesa de coordinar acciones sectoriales, desde operativos conjuntos hasta intervenciones en salud y educación, enfrenta el reto mayúsculo de la burocracia y la adaptabilidad del crimen organizado.
El epicentro del debate, no obstante, giró en torno a la modalidad de la gestión presidencial durante el viaje. La resolución aprobada especifica que el presidente Jerí mantendrá «a cargo el despacho de la República mediante tecnologías digitales, garantizando seguridad e integridad en las comunicaciones oficiales». Esta disposición encendió las alarmas de varios legisladores y analistas, quienes cuestionan la legalidad y constitucionalidad de gobernar un país desde el extranjero sin la delegación expresa de funciones en un vicepresidente, como ha sido la práctica y la tradición institucional. El vacío regulatorio sobre el ejercicio remoto del cargo presidencial ha generado opiniones divididas, careciendo de una norma expresa que lo autorice sin mediar un encargo formal.
La congresista Susel Paredes Piqué, de la bancada BDP, fue una de las voces más críticas, argumentando que permitir la gobernanza remota constituye una «reforma constitucional de hecho» que altera los principios fundamentales del Poder Ejecutivo. «No se puede gobernar un país a distancia», sentenció Paredes en el Pleno, enfatizando que la investidura presidencial exige «presencia física, responsabilidad directa y conducción efectiva desde el territorio nacional». Su postura resalta la preocupación por una posible laxitud en la interpretación de la Carta Magna, potencialmente sentando un precedente peligroso para la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes, en un país donde la figura presidencial ya se encuentra frecuentemente bajo el escrutinio de su legitimidad.
La polémica no es menor en un país con una historia política compleja y donde la figura presidencial ha sido objeto constante de cuestionamientos y desestabilización. La ausencia física del presidente, aunque sea por un período breve y con herramientas tecnológicas, plantea interrogantes sobre la plena capacidad de respuesta ante eventuales crisis internas y la percepción de un gobierno presente y comprometido con los desafíos nacionales. Mientras que sus defensores argumentan la necesidad de cumplir con compromisos internacionales «impostergables» y de carácter estratégico, la oposición ve en esta modalidad un debilitamiento de la investidura presidencial y una evasión de los deberes constitucionales de un cargo que es «el más importante que puede ejercer un peruano».
El viaje, que se da en un momento en que Perú y Ecuador enfrentan desafíos compartidos –desde el narcotráfico y el crimen organizado hasta las tensiones migratorias en la frontera norte– subraya la importancia de la coordinación binacional. Sin embargo, la forma en que el Congreso ha avalado esta peculiar modalidad de ejercicio del poder ejecutivo agrega una capa de incertidumbre al ya frágil escenario político peruano. La eficacia de los acuerdos de Quito dependerá no solo de la voluntad política de ambos gobiernos, sino también de la solidez institucional interna que permita implementarlos. El retorno del presidente Jerí está programado para el mismo fin de semana, pero el debate sobre los límites de su despacho y la interpretación constitucional de su ausencia, sin duda, perdurará en la agenda nacional.
