Fiscalía bajo asedio: Delia Espinoza denuncia «dictadura congresal» tras inhabilitación
La exfiscal de la Nación Delia Espinoza ha desatado una fuerte controversia al declararse la «legítima fiscal de la Nación» a pesar de su reciente inhabilitación por 10 años aprobada por el Congreso de la República. La decisión parlamentaria, que la aparta de la función pública, ha sido calificada por Espinoza como un acto de «persecución política» y una evidencia de la «toma» del Ministerio Público por intereses políticos del Legislativo y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en un escenario de creciente tensión institucional en el país.
Este episodio se inscribe en un complejo entramado de confrontaciones entre poderes del Estado que ha caracterizado la política peruana reciente. La inhabilitación de altos funcionarios del sistema de justicia por parte del Congreso no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de acciones que, según críticos y diversos analistas, buscan mermar la autonomía de instituciones clave en la lucha anticorrupción y en la fiscalización del poder. El caso de Espinoza cobra particular relevancia al tratarse de una exfiscal suprema que ocupó el máximo cargo de la Fiscalía de la Nación, una institución crucial en la administración de justicia y en la investigación de delitos de alta corrupción.
En sus declaraciones, Espinoza no se amilanó, sino que lanzó graves acusaciones. Afirmó que su inhabilitación responde a una represalia directa por decisiones internas que resultaron «incómodas» para diversos sectores del Congreso. Más aún, denunció que la medida se dictó ignorando deliberadamente una orden judicial previa que suspendía el procedimiento disciplinario en su contra, lo que agravaría la vulneración del debido proceso. «Lo que han hecho es enviar un mensaje claro: callar, subordinarse o ser perseguidos», sentenció, interpretando la sanción como un intento de amedrentar a los fiscales titulares y consolidar un control político sobre el Ministerio Público, desvirtuando su independencia.
La exfiscal fue más allá al insinuar la existencia de un «pacto mafioso» dentro de la propia Fiscalía y la pasividad de otros magistrados por temor. «Internamente en el Ministerio Público hay corruptos como en toda institución. Hace dos días atraparon a uno con las manos en la masa», sostuvo, enfatizando que parte de su labor fue precisamente denunciar esas irregularidades. Sus dardos también apuntaron a la Junta Nacional de Justicia, a la que tildó de «mal seleccionada» y responsable de «fechorías» durante años, sugiriendo una complicidad o ineficacia de este órgano clave en la designación y sanción de jueces y fiscales. Espinoza no dejó de lado la sombra de los «Cuellos Blancos del Puerto», asegurando que integrantes de esta red de corrupción «siguen moviendo los hilos» dentro de la magistratura y que su influencia habría contribuido a su salida, al dividir a la magistratura y favorecer a jueces sobre fiscales.
Respecto a su proceso disciplinario, Espinoza enumeró una serie de irregularidades que, a su juicio, viciaron la sanción. Alegó que su defensa fue ignorada, que se desestimaron pruebas documentales clave, que la audiencia de la subcomisión no fue pública a pesar de que la normativa lo exige y que la sanción carece de una base material clara que la justifique. Ante lo que considera una flagrante violación de sus derechos, la exfiscal anunció que recurrirá al Poder Judicial mediante una acción de amparo y presentará demandas por presuntas infracciones constitucionales y delitos contra la administración pública, iniciando una nueva batalla legal contra lo que describe como una embestida sistemática.
La gravedad de la situación, según Espinoza, trasciende su caso personal. Alertó que su inhabilitación sienta un «precedente grave» para la autonomía fiscal, buscando desincentivar investigaciones sensibles y acomodar la institución a los intereses del Congreso. En un tono enérgico y premonitorio, afirmó: «La dictadura congresal ya no es una amenaza, es una realidad», exhortando a las demás instituciones del sistema de justicia a pronunciarse y defender el Estado de derecho frente a lo que percibe como una erosión de la separación de poderes. El pulso entre los poderes del Estado, que ya había afectado a otros altos funcionarios y la JNJ, parece intensificarse, colocando al Ministerio Público en el ojo de una tormenta política que amenaza con desestabilizar aún más la ya frágil institucionalidad peruana.
