Congreso consuma inhabilitación de Delia Espinoza: Una acción bajo el velo de la «persecución política» y la impunidad

El Pleno del Congreso de la República, en una jornada teñida por la controversia y la celeridad, ha inhabilitado por diez años para el ejercicio de la función pública a la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza. La decisión, que se concretó tras una polémica reconsideración de voto y en medio de vehementes acusaciones de persecución política, ahonda la crisis institucional que vive el país y pone en entredicho la independencia del sistema de justicia. Con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento aprobó el informe final que imputaba a la magistrada una presunta infracción constitucional.

La acusación central contra Espinoza se sustentó en un supuesto «desacato» a la Ley 32130, una normativa reciente que restablece la facultad de la Policía Nacional para liderar las investigaciones preliminares de delitos. Según el argumento congresal, la fiscal suspendida habría emitido una resolución que contravenía directamente esta disposición. Sin embargo, la celeridad con la que se condujo el proceso y los antecedentes de confrontación entre el Parlamento y el Ministerio Público han levantado serias alarmas sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta medida.

Un proceso relámpago y cuestionado

La aprobación de la inhabilitación no estuvo exenta de dramaticidad y cuestionamientos sobre el debido proceso. Inicialmente, el informe final había sido rechazado al obtener solo 63 votos, cifra insuficiente para alcanzar los 68 requeridos. Sin embargo, en un movimiento que muchos interpretan como una muestra de la determinación congresal, los legisladores Jorge Montoya y Norma Yarrow presentaron una reconsideración que, de manera inusual, fue aprobada y condujo a una segunda votación el mismo día.

Esta segunda instancia se desarrolló bajo una notable premura, especialmente cuando la Mesa Directiva fue presidida por el congresista Fernando Rospigliosi. El legislador fujimorista interrumpió al relator para exigirle que fuera directamente a la parte resolutiva del informe, apurando el conteo de votos que finalmente sellaría la suerte de Espinoza. «Señor relator solamente la parte resolutiva, por favor», expresó Rospigliosi, marcando el tono de una sesión donde el objetivo parecía claro y preestablecido.

El cambio de rumbo en la votación se explica por la adición de ocho votos clave. Los congresistas José María Balcazar (Perú Libre), Katy Ugarte (JPP) y Kira Alcarraz (no agrupada) cambiaron su voto a favor. A ellos se sumaron Edith Julón (APP), Guido Bellido (Podemos Perú), Francis Paredes Castro (Podemos Perú), Silvia María Monteza (Acción Popular) y Juan Carlos Mori (Acción Popular), quienes no habían votado en la primera instancia. Este ajuste numérico fue determinante para consumar la inhabilitación.

La defensa y la sombra de la venganza política

Durante el debate en el Pleno, Rodolfo Pérez, abogado de Delia Espinoza, refutó la acusación principal. Argumentó que su patrocinada no fue quien firmó la resolución 2246, sino el fiscal interino Juan Carlos Villena, intentando desvincularla directamente del presunto «desacato». Sin embargo, su defensa fue más allá de lo estrictamente técnico, aludiendo a un patrón de presunta persecución política.

Pérez reveló que de los 16 parlamentarios que votaron a favor de aprobar el informe final en la Comisión Permanente, 15 contaban con carpetas fiscales abiertas. Esta revelación, sin ser una prueba directa, sugería una clara motivación para apartar a Espinoza del Ministerio Público y, con ello, detener o anular investigaciones en su contra. La suspicacia se acrecentó con las declaraciones del congresista Jorge Montoya, quien en su justificación en el Pleno, desnudó una motivación que poco tenía que ver con la Ley 32130. «Resulta inaceptable que se atreva a amenazar a la representación nacional (…) Su proceder de denunciar a congresistas en el ejercicio de sus funciones es desproporcionado y beligerante», expresó Montoya, llegando a calificar a Espinoza de «peligro público» por abrir investigaciones contra los parlamentarios. Estas palabras, interpretadas por muchos como una confesión, fortalecieron la tesis de que la inhabilitación era, en efecto, una represalia.

La propia Delia Espinoza, presente en el Pleno, lamentó la ausencia de muchos parlamentarios, calificando la actitud como una «falta de respeto al pueblo peruano». «Qué pena que no estén todos de manera presencial, lo cual sería una muestra de respeto al pueblo peruano porque cuando se va a ajusticiar o actuar como verdugos, eventualmente, respecto de una magistrada de carrera intachable, no quieran dar la cara ciertos congresistas», declaró la magistrada. Espinoza vinculó directamente esta actitud con las aspiraciones políticas futuras de los legisladores: «No quieren dar la cara porque va a haber elecciones y estos señores aspiran a una reelección», sugiriendo que la búsqueda de impunidad y el blindaje de sus intereses políticos eran los motores de la acción parlamentaria. La mención indirecta de que los congresistas buscarían ser «blindados por Tomás Gálvez», un ex fiscal conocido por su postura crítica hacia el sistema judicial y su cercanía a ciertos grupos políticos, añadió otra capa de complejidad a las acusaciones de encubrimiento.

Un paso previo: El levantamiento de fuero

La inhabilitación por diez años no fue la primera acción del Congreso contra Delia Espinoza. Horas antes, el Parlamento ya había aprobado el levantamiento de su fuero, abriendo la puerta para que la propia institución que alguna vez lideró la investigue por presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, todos vinculados a la no aplicación de la Ley 32130. Esta secuencia de hechos sugiere una estrategia escalonada para desmantelar la capacidad de acción de Espinoza y, posiblemente, enviar un mensaje contundente a otros magistrados.

El desenlace de este caso deja profundas interrogantes sobre el respeto a la separación de poderes en Perú y la verdadera voluntad política en la lucha contra la corrupción. La inhabilitación de una fiscal de alto perfil, bajo el argumento de una infracción administrativa pero con el telón de fondo de múltiples investigaciones a congresistas, es un capítulo más en la crónica de una democracia peruana constantemente asediada por la fragilidad institucional y la sombra de la impunidad.