Arequipa: Mineros artesanales exigen ley propia y cuestionan década de formalización fallida
Arequipa se ha convertido una vez más en el epicentro de un prolongado conflicto social que expone las profundas deficiencias del Estado peruano para resolver la problemática de la minería artesanal e informal. Desde el pasado 1 de diciembre, cientos de mineros de diversas asociaciones han tomado las carreteras del sur, bloqueando tramos vitales de la Panamericana Sur y paralizando la provincia de Camaná, hartos de lo que consideran una «burla» y una «política de parches» por parte del Ejecutivo.
La demanda central de los manifestantes es clara y contundente: no quieren una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sino la promulgación de una ley propia que les permita trabajar con estabilidad y seguridad jurídica. «No queremos solo una ampliación, sino una nueva ley propia, para que podamos trabajar libremente», declaró el vocero Simón Quispe, sintetizando el sentir de miles de familias que dependen de esta actividad. La indignación es palpable: «No conocen nuestra realidad, nos tienen de ampliación en ampliación desde 2012», exclamó una de las presentes, evidenciando el agotamiento ante un proceso que se ha extendido por más de una década sin ofrecer una solución definitiva.
El bloqueo de la Panamericana Sur, especialmente en el kilómetro 782 en Ocoña, Camaná, ha dejado a cientos de viajeros y transportistas varados por largas horas, generando pérdidas económicas y frustración. Sin embargo, los mineros se mantienen firmes, advertiendo que, de no obtener una respuesta positiva del Gobierno, la protesta se radicalizará. La zona de Secocha, en Camaná, conocida por su intensa actividad minera artesanal, refleja la tensión con locales comerciales cerrados y un ambiente de incertidumbre ante la escalada del conflicto. Camiones adornados con banderas peruanas han movilizado a las bases de Chachas y Nabo de Oro, congregando a asociaciones como 1 de Mayo, Copa de Oro, Sonia Luisa, la emblemática Seleccionadora Estrella 2 (conformada por mujeres), Tres Marías Central y Labor Minera.
El Reinfo, creado precisamente para integrar a los mineros informales a la legalidad, ha sido objeto de constantes prórrogas desde su implementación. Esta sucesión de extensiones ha generado un ciclo vicioso de incertidumbre, precariedad y conflictividad social, en lugar de una verdadera formalización. La persistencia de esta situación pone en tela de juicio la capacidad y la voluntad política de los sucesivos gobiernos para abordar un problema estructural que involucra a millones de peruanos. La acusación de los mineros de que «el Gobierno quiere eliminarnos para beneficiar a las transnacionales» resuena con fuerza, alimentando la desconfianza hacia el modelo de desarrollo extractivo que prioriza la gran minería.
No obstante, la complejidad de la situación también se evidencia en los propios carteles de los manifestantes, donde, junto a la demanda de una nueva ley, aún se leen exigencias de una «ampliación del proceso de formalización». Esta aparente contradicción subraya la desesperación de un sector que busca cualquier vía para seguir trabajando dentro de un marco legal, por temporal que sea. En este contexto, el Congreso debate este jueves 4 de diciembre una posible ampliación del Reinfo hasta 2027, una medida que los mineros, por un lado, ven como un alivio temporal, pero que, por otro, rechazan como una postergación de la solución de fondo.
La protesta de Arequipa no es un hecho aislado. Desde el 17 de noviembre, decenas de mineros artesanales han trasladado su lucha a Lima, acampando en condiciones precarias y sustentándose con donaciones, en un intento por hacer sentir su voz en la capital. Esta movilización a nivel nacional subraya la magnitud de un problema que trasciende las fronteras regionales y exige una respuesta integral y duradera por parte del Estado.
Mientras las protestas continúan de forma indefinida, el Ejecutivo se enfrenta a la urgente tarea de revertir la percepción de ignorancia y desinterés. La sociedad peruana observa expectante si el Gobierno y el Congreso serán capaces de ir más allá de los «parches» temporales y abordar, con una visión de Estado, la demanda de miles de mineros que exigen no solo trabajar, sino hacerlo con dignidad y bajo el amparo de una ley que reconozca su realidad y su aporte a la economía nacional.
