Polígrafo obligatorio en la PNP: ¿Medida anticorrupción o anuncio con retos pendientes?

El Ministerio del Interior (Mininter) ha lanzado una de sus más ambiciosas apuestas para atajar la endémica corrupción en la Policía Nacional del Perú (PNP), anunciando la implementación obligatoria de pruebas de polígrafo tanto para el personal en actividad como para los aspirantes a las escuelas de formación. La medida, enmarcada en el plan “Tolerancia Cero a la Corrupción”, busca, según el sector, frenar una lacra que erosiona la confianza ciudadana y la institucionalidad policial. Sin embargo, la efectividad de esta herramienta y la genuina voluntad política para una depuración profunda, son las grandes incógnitas que se ciernen sobre este nuevo capítulo.

El titular del Mininter, Vicente Tiburcio, confirmó que el polígrafo se convertirá en un filtro esencial para evaluar la confiabilidad, identificar riesgos internos y prevenir la permanencia o el ingreso de elementos comprometidos con actos irregulares. Para el Ejecutivo, esta prueba es la clave para reforzar los mecanismos de admisión y detectar conductas incompatibles con el servicio, constituyendo además un monitoreo recurrente para el personal activo. El objetivo declarado es desmantelar los “bolsones de corrupción” que históricamente han marcado a la institución. No obstante, la fiabilidad científica del polígrafo ha sido objeto de extenso debate a nivel global, planteando la pregunta fundamental de si será una herramienta verdaderamente disuasoria o un mero símbolo en la lucha contra una problemática estructural.

La iniciativa del Mininter llega en un contexto de persistente demanda ciudadana por una PNP limpia y eficaz, una institución cuya imagen se ha visto golpeada en repetidas ocasiones por escándalos de diversa índole. El anuncio de «Tolerancia Cero» evoca promesas anteriores, obligando a observar esta nueva estrategia con una dosis de escepticismo constructivo, esperando que esta vez, el ímpetu no se desvanezca en el laberinto de la burocracia o la resistencia interna.

Más allá del polígrafo, el plan contempla una reorganización integral de las oficinas de disciplina policial a nivel nacional. Se creará una oficina especial en Lima con facultades para procesar de manera sumarísima las faltas graves, un intento por superar la crónica lentitud que ha caracterizado los procesos disciplinarios y que, a menudo, ha derivado en la impunidad. El ministro Tiburcio enfatizó la necesidad de celeridad, buscando evitar que expedientes de corrupción o inconducta queden en el olvido. La Inspectoría General de la PNP, bajo la dirección de Carlos Céspedes Muñoz, reforzará su rol con un sistema de inteligencia operativa interna, crucial para la detección temprana de irregularidades.

Las cifras reveladas por la propia Inspectoría son un crudo reflejo de la magnitud del problema: 4,188 efectivos policiales sancionados en lo que va del año. De este total, 570 fueron por actos de corrupción, 1,456 pasaron al retiro, 594 fueron suspendidos temporalmente y 27 separados definitivamente de la institución. Estos números, aunque alarmantes, también evidencian que el sistema disciplinario, a pesar de sus falencias, logra identificar y procesar un número significativo de casos, aunque la pregunta subyacente es cuántos más quedan sin sanción.

El marco legal también ha sido actualizado. En noviembre, entró en vigencia un nuevo reglamento del régimen disciplinario, que promete procedimientos más ágiles y sanciones más severas para las faltas graves. Una novedad relevante es la creación de la Oficina de Integridad Institucional, diseñada para promover la transparencia interna, prevenir irregularidades mediante sistemas de alerta temprana y, crucialmente, proteger a los denunciantes de actos de corrupción o abuso.

En la misma línea, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, detalló un plan preventivo específico para las escuelas de formación, buscando impedir el ingreso de postulantes con antecedentes o patrones conductuales incompatibles. Arriola ha instruido a directores y jefaturas regionales a actuar con “mano firme” frente a cualquier transgresión, incluso en las etapas iniciales de formación. La obligatoriedad del polígrafo en la admisión busca, en teoría, cerrar brechas que han permitido la infiltración de personal con vínculos criminales o corruptos.

El ministro Tiburcio concluyó su presentación con una declaración contundente: “No toleramos la corrupción, no protegemos a nadie, no retrocedemos”. Un mensaje cargado de simbolismo que busca infundir confianza en la determinación del Mininter. Sin embargo, como bien señalan los analistas, el verdadero desafío radicará en la aplicación imparcial y rigurosa de estas medidas, sin distinción de rangos o jerarquías. La batalla contra la corrupción policial es una de las más arduas en Perú, y la historia reciente demuestra que los anuncios políticos deben ser necesariamente validados por resultados tangibles que restauren, de una vez por todas, la credibilidad en una institución pilar del Estado. El polígrafo, por sí solo, no será la panacea, pero el conjunto de reformas podría marcar un punto de inflexión si la voluntad política se mantiene firme y se resisten las inevitables presiones.