Megaoperativo en Huánuco y Pucallpa: Allanan casas de implicados en millonaria compra de volquetes de la DRTC
Un contundente golpe contra la corrupción remeció la región Huánuco con un megaoperativo simultáneo de allanamiento en siete inmuebles, seis ubicados en la propia capital huanuqueña y uno en Pucallpa. La acción conjunta de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR) busca desentrañar una presunta sobrevaloración millonaria en la adquisición de dieciocho volquetes por parte de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC-HCO) en 2023, en un caso que ya se perfila como un nuevo capítulo de irregularidades en el uso de fondos públicos.
La investigación preliminar, que apunta a un significativo desfalco al erario nacional, ha puesto al descubierto que cada volquete habría sido adquirido a un precio de 230,000 dólares, muy por encima de su valor de mercado que, según las pesquisas, no superaría los 180,000 dólares. Esta diferencia de 50,000 dólares por unidad proyecta una sobrevaloración total de 900,000 dólares para la flota completa, una cifra que representa una escandalosa pérdida de recursos que debieron destinarse al desarrollo de la región. Los miembros del comité de adquisición intentaron justificar el elevado costo aduciendo un supuesto servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, una excusa que la investigación desestima categóricamente al no estar estos servicios contemplados en los contratos originales.
El caso, denominado por las autoridades como «Los Dinámicos para la adquisición de máquinas pesadas», investiga la presunta comisión del delito de colusión agravada. Entre los principales implicados figuran Luisiño Inocente Rosas Herrera, quien fuera titular de la DRTC, Dorcas Inga Gómez, Violeta Otayza Cruz, Juan José Meléndez Medina, Claudia Estela Garay y Carmen Carbajal Herrera. Durante la diligencia judicial se incautaron elementos de prueba cruciales como seis laptops, nueve equipos móviles, tres memorias USB, dos memorias externas y diversos documentos vinculados al proceso de licitación, incluyendo aquellos hallados en la residencia del exdirector Rosas Herrera.
La Fiscalía, a través del fiscal Iván Carrión Cabrera, formalizó la investigación preparatoria en julio de este año, extendiendo el alcance a un total de once personas. A los nombres ya mencionados se suman Carlos Potesta Valencia, Yovani Barredo Simón, Manuel Pomahuali Liñan y Marceliano Anchillo Espinoza. Adicionalmente, Dorcas Inga Gómez y un tal Gonzáles Chávez están bajo la lupa por el delito de negociación incompatible, en agravio de la misma DRTC. Declarado complejo, el caso cuenta con un plazo de ocho meses para profundizar en las pesquisas y tiene como sustento clave un informe contundente de la Contraloría General de la República, que alertó sobre las graves irregularidades desde sus inicios.
La gravedad de este entramado de corrupción se agrava al revelarse que los fondos utilizados para la adquisición de los volquetes provendrían del Decreto de Urgencia N° 032-2023. Lo alarmante es que este decreto fue emitido específicamente para la mitigación de riesgos y respuesta ante el inminente fenómeno El Niño. Sin embargo, los recursos habrían sido desviados con un propósito totalmente distinto: el proyecto de “Mejoramiento y ampliación de los servicios operativos o misionales institucionales en la DRTC”, desvirtuando flagrantemente la finalidad de una norma de emergencia destinada a proteger a la población.
La secuencia de hechos investigada por la Fiscalía dibuja un patrón preocupante de acciones que facilitaron el desvío y la sobrevaloración. Rosas Herrera, en su rol de director de Transportes, emitió la Resolución N° 363 el 6 de septiembre de 2023 para ejecutar únicamente el componente de maquinarias, contraviniendo la aprobación previa de un expediente completo con tres componentes mediante la Resolución N° 349 del 29 de agosto de 2023. Días antes de esto, participó en una reunión en el Gobierno Regional de Huánuco donde se acordó que la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres formularía el requerimiento de maquinaria. Ese mismo día, Rosas Herrera remitió a la Gerencia Regional de Infraestructura el listado de bienes bajo el DU 032, a pesar de ser consciente de que la finalidad del proyecto de la DRTC difería radicalmente de los objetivos de la mencionada oficina de riesgos. Con la posterior aprobación del gobernador regional, la Directora de Caminos solicitó la compra de los dieciocho volquetes, incluyendo además condiciones de mantenimiento gratuito. Finalmente, el 18 de octubre de 2023, Luisiño Rosas Herrera aprobó el expediente de contratación por un monto de 21 millones 171 mil 900 soles, infringiendo presuntamente sus deberes de supervisión y aprobación en el proceso.
Este caso no solo desnuda una posible red de corrupción enquistada en una institución vital para el desarrollo de Huánuco, sino que también pone en evidencia la recurrente vulnerabilidad de los fondos de emergencia ante el apetito de la malversación. La ciudadanía huanuqueña, y el país en general, exige una investigación transparente y sanciones ejemplares para aquellos que se lucran del patrimonio público, más aún cuando los recursos desviados estaban destinados a salvaguardar vidas y bienes frente a desastres naturales. El escrutinio constante y la vigilancia ciudadana son herramientas indispensables para evitar que situaciones como estas continúen socavando la confianza en las instituciones y frenando el progreso de las regiones.
