Luces y Sombras: OCDE eleva proyección de crecimiento para Perú, pero exige urgentes ajustes fiscales y reformas estructurales

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha inyectado una dosis de optimismo al panorama económico peruano, elevando su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025 a un robusto 3,1%, cifra que supera su estimación previa de 2,8%. Sin embargo, lejos de ser una señal de complacencia, este pronóstico viene acompañado de una categórica advertencia: la economía nacional enfrentará una desaceleración proyectada para los años posteriores (2,8% en 2026 y 2,7% en 2027) y una impostergable necesidad de ajustes fiscales y reformas estructurales para garantizar su sostenibilidad en un entorno de persistente incertidumbre política y económica.

El impulso detrás de este crecimiento proyectado para 2025 se atribuye a una serie de factores convergentes que, si bien son positivos, revelan también la vulnerabilidad del modelo económico peruano a las variables externas y a políticas internas aún deficientes. La baja inflación, que se mantiene cercana al objetivo del 2% del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y los consistentemente altos precios del cobre, principal motor exportador del país, son pilares fundamentales. A esto se suman nuevos proyectos de infraestructura y una, hasta ahora limitada, simplificación regulatoria, que buscan estimular el consumo, la inversión privada y las exportaciones. La política monetaria neutral del BCRP, prudente y dependiente de la evolución de los datos, ha contribuido a mantener la estabilidad.

El reporte de la OCDE detalla una economía que ha mostrado una notable «resiliencia» en los tres primeros trimestres de 2025, con un crecimiento interanual del 3,3%, a pesar del turbulento contexto político y la inestabilidad social recurrente. El consumo privado se fortaleció por el aumento de los ingresos reales y un mercado laboral relativamente sólido, aunque la recuperación salarial real (1,6% entre enero y agosto de 2025) sigue por debajo de los niveles prepandemia, reflejando una recuperación incompleta del poder adquisitivo de la población. La inversión privada, un barómetro clave de la confianza empresarial, creció un 9% interanual, impulsada por condiciones financieras más flexibles y la adjudicación de nuevos contratos público-privados, evidenciando el potencial latente si se logran condiciones estables. No obstante, la inversión pública moderó su ritmo tras el crecimiento de dos dígitos de 2024, y las exportaciones netas se vieron desafiadas por un aumento de las importaciones, subrayando la dependencia del país de la demanda externa de materias primas y la necesidad de diversificación.

La verdadera piedra en el zapato, y el foco de la crítica más aguda de la OCDE y el Consejo Fiscal peruano, reside en la precaria situación de las finanzas públicas. La urgencia de medidas adicionales de ajuste fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda y el cumplimiento de las reglas fiscales es ineludible. Pese a los favorables precios de los metales, los ingresos fiscales están amenazados por recientes exenciones tributarias que benefician a sectores específicos, el crecimiento del gasto en salarios del sector público, el financiamiento de programas de seguridad e infraestructura sin la debida eficiencia, programas sociales en expansión sin adecuada focalización y, de manera particularmente preocupante, el apoyo financiero recurrente a Petroperú, una empresa estatal que se ha convertido en un persistente drenaje de recursos públicos debido a una gestión ineficiente y falta de transparencia. Este panorama fiscal no solo limita la capacidad del Estado para invertir productivamente, sino que también revela una debilidad institucional y una falta de voluntad política para tomar decisiones difíciles en aras del bienestar colectivo.

Las recomendaciones de la OCDE son un claro llamado de atención a la clase política peruana. Se urge a mejorar drásticamente la eficiencia del gasto público, implementar una reforma tributaria integral que amplíe la base imponible y elimine exenciones ineficaces que distorsionan el mercado, simplificar los regímenes para pequeñas empresas, racionalizar licencias y permisos, y reforzar la formalización laboral para aumentar la productividad. Además, la propuesta de eliminar gradualmente los subsidios a combustibles fósiles e introducir un impuesto al carbono no solo apunta a la sostenibilidad fiscal, sino que también alinea al país con objetivos ambientales globales, aunque representa un desafío político considerable en un contexto de alta sensibilidad social y energética.

Los riesgos que acechan la economía peruana son tanto internos como externos, y su convergencia podría minar cualquier intento de consolidación. A nivel doméstico, la persistente incertidumbre política rumbo a las elecciones de 2026, la latente amenaza de disturbios sociales exacerbados por la creciente inseguridad ciudadana y los crónicos retrasos en la ejecución de proyectos de inversión son factores desestabilizadores que erosionan la confianza. Externamente, una desaceleración más pronunciada en China o una caída abrupta de los precios del cobre impactarían directamente en las exportaciones, los ingresos fiscales y la inversión privada. La volatilidad financiera global también podría incrementar los costos de financiamiento y erosionar la ya frágil confianza empresarial. Aunque la moneda local, el sol, ha mostrado una sorprendente apreciación del 10% desde inicios de 2025, gracias a las exportaciones mineras, remesas y flujos de capital, y las reservas de divisas junto a los bajos niveles de deuda pública ofrecen un colchón ante shocks externos, esta resiliencia no debe ser confundida con inmunidad frente a la inacción.

En síntesis, el Perú se encuentra en una encrucijada. La «resiliencia» económica mostrada hasta ahora, en gran medida apuntalada por factores externos favorables, ofrece una ventana de oportunidad, pero no una solución a largo plazo. La OCDE subraya que para mantener la estabilidad y transitar hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, es imperativo que el país combine la consolidación fiscal con políticas ambiciosas que impulsen la productividad y la formalización empresarial. Contener el gasto corriente ineficiente, mejorar drásticamente la ejecución de la inversión pública y desmantelar las exenciones tributarias que distorsionan el mercado y merman los ingresos son pasos fundamentales. La simplificación regulatoria y la mejora de las competencias laborales son esenciales para transformar una economía informal y de baja productividad en una más competitiva y generadora de empleo de calidad. El desafío no es solo técnico, sino profundamente político, exigiendo visión y liderazgo para sortear la polarización y construir un consenso nacional en torno a las reformas impostergables.