LA CORRUPCIÓN EN EL PLATO: FISCALÍA PIDE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA ÓSCAR ACUÑA POR EL CASO FRIGOINCA
La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha activado una de las medidas más drásticas en el sistema judicial peruano, solicitando 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Acuña Peralta, hermano del prominente líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. Esta contundente petición se inscribe en el marco del denominado «Caso Frigoinca», una compleja investigación que desenmascararía una presunta red criminal dedicada a direccionar millonarios contratos de alimentos en programas sociales del Estado, en perjuicio de la alimentación de los más vulnerables.
El requerimiento fiscal, formalizado el pasado 25 de noviembre, no solo implica a Acuña Peralta, sino también a Aníbal Morillo y Milton Broca, señalados como presuntos operadores clave de esta estructura delictiva. La tesis del Ministerio Público es lapidaria: este entramado habría manipulado concursos públicos y procesos de selección en entidades estatales para asegurar la adjudicación de contratos a empresas específicas, entre ellas, Frigoinca, una compañía dedicada al rubro de conservas y distribución de alimentos. Los delitos imputados son organización criminal y cohecho pasivo impropio, reflejando la gravedad y el alcance de las imputaciones.
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, vital para garantizar la nutrición de millones de niños en situación de vulnerabilidad, se encuentra en el epicentro de esta investigación. Según la Fiscalía, Frigoinca habría sido sistemáticamente beneficiada con ventajas indebidas en procedimientos contractuales, especialmente en regiones como La Libertad, bastión político de la familia Acuña y de APP. La hipótesis fiscal detalla que funcionarios y operadores externos habrían intervenido directamente en los procesos de selección y adjudicación para favorecer a la empresa, valiéndose de manipulaciones administrativas, direccionamientos y acuerdos irregulares que socavaron la transparencia y equidad de las licitaciones.
La presunta organización no se habría limitado a ganar licitaciones puntuales. El alcance de su modus operandi, según los investigadores, era mucho más ambicioso: controlar espacios estratégicos dentro de las instituciones públicas. Esto les habría permitido un acceso privilegiado a información y la capacidad de alterar documentos y procesos a favor de las empresas que formaban parte de su esquema. Desde la captación de funcionarios, la manipulación de puntajes, hasta el direccionamiento de documentos administrativos, la red habría actuado de manera coordinada en varios niveles para asegurar beneficios económicos ilícitos a través de las compras estatales de alimentos procesados.
La solicitud de prisión preventiva contra Óscar Acuña no puede leerse de forma aislada. Su vínculo fraternal con César Acuña, líder fundador de Alianza para el Progreso (APP) y actual gobernador regional de La Libertad, inyecta una ineludible carga política al caso. Si bien APP no es formalmente parte de la investigación, la sombra de estas acusaciones planea sobre un partido que ha consolidado una fuerte presencia electoral y administrativa en La Libertad, y que a menudo ha sido blanco de cuestionamientos sobre la permeabilidad de la política en la gestión pública y la probidad de las contrataciones. Este episodio se suma a una serie de indagaciones que han salpicado al entorno cercano del clan Acuña, reavivando el debate sobre la integridad de las contrataciones estatales y la posible utilización de influencias políticas para beneficio particular. La recurrencia de este tipo de denuncias en programas sociales, diseñados para los sectores más desfavorecidos, genera una profunda desconfianza en la ciudadanía y mina la legitimidad de las instituciones.
Para el Ministerio Público, la contundencia de los elementos de convicción y la gravedad de los delitos imputados —organización criminal y cohecho pasivo impropio— justifican la severa medida restrictiva de la libertad. Los fiscales argumentan la existencia de un claro peligro de fuga, así como un riesgo latente de obstaculización de la investigación, dada la complejidad de la red y la posible influencia de los implicados en diversos niveles del Estado. La pena que correspondería en caso de condena por estos cargos es considerable, lo que refuerza la necesidad de asegurar la presencia de los investigados durante el proceso y evitar cualquier intento de interferencia en las diligencias en curso.
El Poder Judicial deberá ahora fijar una fecha para la audiencia de prisión preventiva, un escenario crucial donde la Fiscalía deberá sustentar la solidez de su requerimiento. Las defensas de Óscar Acuña, Aníbal Morillo y Milton Broca, por su parte, buscarán rebatir estos argumentos, postulando medidas menos gravosas como la comparecencia restringida. De aprobarse la medida, los investigados serían recluidos preventivamente, mientras se profundizan las diligencias que incluyen la revisión exhaustiva de contratos, la toma de declaraciones de testigos, análisis de comunicaciones y peritajes administrativos en los procesos de Qali Warma. El «Caso Frigoinca» se erige así como una nueva prueba para el sistema de justicia peruano y un recordatorio constante de los desafíos que enfrenta el país en la lucha contra la corrupción, especialmente cuando esta parece extender sus tentáculos hasta los programas destinados a los más necesitados. La integridad de las instituciones y la confianza ciudadana penden de la transparencia y la firmeza con que se aborden estas graves denuncias.
