El dilema de las fronteras: La propuesta de Jerí para militarizar el control

El presidente José Jerí ha instado al Congreso a acelerar la aprobación de una reforma legal de gran calado que busca otorgar a las Fuerzas Armadas (FFAA) el control integral de las fronteras nacionales. Esta iniciativa, que será objeto de debate en la Comisión de Constitución antes de la quincena de diciembre, se presenta como uno de los pilares centrales de la estrategia gubernamental para combatir el crimen transnacional y subsanar la histórica ausencia del Estado en las zonas limítrofes del país.

La propuesta fue articulada durante una visita oficial a Tumbes, una región que sirve de epicentro para diversas actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de migrantes y una preocupante contaminación ambiental en la frontera norte. En este contexto, el mandatario Jerí diagnosticó que el despliegue estatal en estas áreas «ha sido insuficiente durante los últimos 25 años», un rezago estructural que su administración se propone corregir a través de una reconfiguración radical del control fronterizo.

Según lo expuesto por el Ejecutivo, la reforma asignaría formalmente a la Marina de Guerra, el Ejército y la Fuerza Aérea la responsabilidad permanente del resguardo de las fronteras. La Policía Nacional del Perú (PNP), por su parte, se concentraría exclusivamente en sus funciones de orden interno y seguridad ciudadana. El gobierno argumenta que esta reorganización permitirá una mayor eficiencia en el combate a redes criminales dedicadas al tráfico de armas, contrabando, narcotráfico, minería ilegal y los flujos migratorios irregulares, destacando que cada frontera posee dinámicas diferenciadas que exigen un despliegue especializado y sostenido.

Sin embargo, esta redefinición de roles genera un inmediato cuestionamiento sobre la constitucionalidad y la eficacia a largo plazo de una militarización tan acentuada. Tradicionalmente, la defensa nacional es prerrogativa de las FFAA, mientras que el mantenimiento del orden interno recae en la PNP. La propuesta de Jerí, si bien se enmarca en la lucha contra amenazas transnacionales, difumina esta línea divisoria, planteando interrogantes sobre la preparación de las fuerzas militares para asumir tareas de seguridad ciudadana con el debido respeto a los derechos humanos y bajo el escrutinio democrático civil. Críticos señalan que la militarización, sin un fortalecimiento estructural y una reforma profunda de la PNP, podría ser una solución de corto aliento que no aborda las causas raíz de la criminalidad.

Paralelamente a la militarización, la reforma incluye otra arista de alto impacto: la modificación de la norma que prohíbe la inversión extranjera dentro de los primeros 50 kilómetros de la frontera. El objetivo declarado es permitir actividades económicas formales que generen empleo y reduzcan la influencia de organizaciones ilegales en estas zonas. El presidente Jerí sostuvo que la prohibición actual ha frenado el desarrollo de infraestructura y servicios en regiones estratégicas como Tumbes, Madre de Dios, Amazonas y Tacna, limitando su competitividad.

La flexibilización de este marco legal, según el gobierno, dinamizaría la economía bajo supervisión estatal, «cerrando espacios a la informalidad». No obstante, la medida también suscita preocupación. La restricción de los 50 kilómetros ha sido históricamente una salvaguarda de la soberanía nacional y la seguridad territorial. La apertura a la inversión extranjera, sin un marco regulatorio robusto y una estricta fiscalización, podría dar lugar a la especulación de tierras, el desplazamiento de comunidades locales, o incluso a la infiltración de capitales de origen ilícito. El dilema reside en cómo atraer desarrollo sin comprometer la seguridad nacional y garantizar que los beneficios lleguen genuinamente a las poblaciones fronterizas y no a intereses particulares.

El reconocimiento del abandono estatal en las últimas décadas es un punto crucial en el discurso de Jerí, quien admitió que esta ausencia facilitó la expansión de grupos dedicados al tráfico de bienes, personas y recursos naturales. En respuesta, anunció el fortalecimiento del equipamiento de la PNP, el incremento de patrullajes y el envío de más efectivos a los puntos críticos de ingreso irregular identificados en la frontera con Ecuador, donde rutas para el tráfico de migrantes, insumos químicos, mercancía ilegal y maquinaria minera son vulnerabilidades constantes.

La dimensión internacional de la problemática tampoco se ha pasado por alto. Jerí adelantó la realización, en las próximas semanas, de un encuentro binacional Perú–Ecuador para abordar temas clave como el libre tránsito en zonas de frontera, acuerdos intermunicipales y acciones conjuntas contra la migración irregular. En Tumbes, autoridades locales han alertado sobre el avance de la minería ilegal proveniente de Ecuador, que estaría contaminando el río Tumbes, un asunto crítico que el presidente aseguró formará parte de la agenda bilateral en busca de «acuerdos ejecutables y de cumplimiento inmediato».

En suma, el gobierno proyecta que el control militar permitiría una mayor capacidad de respuesta frente a redes criminales, vigilancia permanente, operativos conjuntos más rápidos y un despliegue reforzado en tierra, mar y aire. Sin embargo, la materialización de estas expectativas pende del debate legislativo y de cómo se aborden las complejas aristas de una política que busca una «mano dura» en las fronteras, pero que debe garantizar, a su vez, el respeto al orden constitucional, la sostenibilidad del desarrollo y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. La propuesta de Jerí, en definitiva, abre un capítulo crucial sobre el futuro de la seguridad y el desarrollo en las vulnerables fronteras peruanas.