Sala penal de Huánuco revisará emblemático caso de colusión
HUÁNUCO. La integridad del sistema de justicia en Huánuco será puesta a prueba nuevamente hoy 1 de diciembre de 2025, cuando la Sala Penal de Apelaciones de la región revise la sentencia por el delito de colusión en agravio del propio Poder Judicial. Este caso, que expone una presunta red de corrupción operando desde el interior de una institución clave, mantiene en vilo la expectativa ciudadana sobre la eficacia de la lucha anticorrupción y la probidad en las entidades estatales.
Los magistrados Rocío Marín Sandoval, Sandra Cornelio Soria y Santiago Malpartida Ramos tendrán en sus manos la apelación presentada por la defensa de Álvaro César Berrospi Cárdenas, exasistente administrativo de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, y Manuel Alexander Nalvarte Loya, empresario. Ambos fueron hallados culpables en primera instancia de colusión, un delito que atenta directamente contra la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, y que resalta la preocupante infiltración de prácticas ilícitas incluso en el ámbito judicial.
La defensa técnica ha interpuesto un recurso con efecto suspensivo, argumentando una serie de irregularidades procesales. Entre sus principales objeciones, señalan una presunta vulneración del principio de congruencia procesal, al sostener que la condena se dictó por hechos no debidamente probados. Además, alegan una supuesta falta de motivación adecuada en la resolución judicial, vulneración del derecho a la defensa y a la valoración de pruebas, y una afectación al derecho al trabajo, considerado fundamental para una vida digna. Estas alegaciones buscan desvirtuar la culpabilidad o, en su defecto, reducir las penas impuestas en un proceso que ha sido largo y complejo.
Fallo de primera instancia que marcó un precedente
El expediente N° 954-2016, que se remonta a hechos ocurridos hace casi una década, culminó en una primera condena en abril de 2023. El Cuarto Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, bajo la dirección del juez Luis Pasquel Paredes, encontró responsables a los imputados. Álvaro César Berrospi Cárdenas fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida y a una inhabilitación por un año y ocho meses para ejercer cualquier cargo público. Por su parte, Manuel Alexander Nalvarte Loya recibió una condena de tres años de pena suspendida. Adicionalmente, se les impuso el pago solidario de S/ 16,000 soles como reparación civil a favor del Estado. En el mismo caso, Vicitación Ávalos Rodríguez fue condenado a tres años de pena suspendida tras acogerse a la conclusión anticipada.
La ácusación fiscal: Manipulación y fraude en la contratación pública
Según la sólida acusación presentada por el fiscal Paolo Sánchez Rondón, el corazón de la colusión radicó en la posición estratégica de Berrospi Cárdenas. En su calidad de asistente administrativo de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y miembro suplente del comité de adjudicación, habría utilizado su posición de poder e información privilegiada para favorecer indebidamente al Consorcio Hanna Coins EIRL y MMR, empresas presuntamente vinculadas a los ahora sentenciados.
El esquema de corrupción se centró en la manipulación del proceso de contratación de los “Servicios de mejoramiento del local de los Juzgados de la Provincia de Huamalíes en Llata”, una obra valorizada en 46,700 soles que involucraba fondos públicos destinados a la infraestructura judicial. La fiscalía acreditó que Berrospi, a pesar de conocer las restricciones legales que rigen el actuar de todo funcionario público, se coludió con los empresarios para torcer las reglas de transparencia y legalidad. Una de las maniobras centrales detectadas fue la simulación de un préstamo de 25,000 soles, operación que el Ministerio Público calificó de fraudulenta, destinada a justificar la transferencia a la empresa MMR y, con ello, consumar la adjudicación irregular de un contrato del Estado.
El Ministerio Público ha sostenido que la participación de Berrospi y Nalvarte fue decisiva en la materialización de esta adjudicación anómala, lo que justificó la contundente condena inicial. Ahora, la Sala Penal de Apelaciones tiene la responsabilidad de realizar un escrutinio exhaustivo de todos los elementos probatorios y argumentos legales.
Este caso, con su dilatado proceso judicial que se extiende desde la presentación del expediente en 2016 hasta la audiencia de apelación programada para 2025, es un claro reflejo de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia peruano en la lucha contra la corrupción. La lentitud en la resolución de estos procesos genera desconfianza y permite que la sombra de la impunidad se cierna sobre hechos tan graves. La decisión de la Sala de Apelaciones no solo impactará en la vida de los sentenciados, sino que también enviará una señal contundente sobre la independencia y la capacidad del Poder Judicial para depurarse y garantizar la probidad en su propio seno. La sociedad huanuqueña y el país entero esperan una resolución que reafirme la confianza en la justicia y demuestre que la impunidad no es una opción para aquellos que, desde el Estado, traicionan la fe pública.
