Polémico mall en Playa Las Sombrillas desencadena alerta ciudadana y debate sobre el futuro del litoral limeño

Lima, Perú. Una sombra de concreto y controversia se cierne nuevamente sobre la Costa Verde, uno de los pocos pulmones marinos que le quedan a la capital. La reciente reactivación de un proyecto para construir un centro comercial en la playa Las Sombrillas, en Barranco, ha encendido las alarmas de más de quince mil vecinos y autoridades, quienes temen la privatización de un espacio público vital y un impacto ambiental irreversible en este sensible ecosistema costero. La historia, que se remonta a casi dos décadas, expone las complejidades de la planificación urbana, las deficiencias normativas y la constante pugna entre intereses económicos y la defensa del patrimonio natural y el acceso ciudadano.

El origen de este controvertido proyecto se gestó en 2005, durante la gestión del entonces alcalde de Barranco, Martín del Pomar. En aquel entonces, la Municipalidad de Barranco firmó un contrato de concesión por 30 años con la empresa Capital Properties para el desarrollo de un centro comercial. El acuerdo establecía un pago del 5% de los alquileres a la comuna, tras un periodo de gracia de cinco años. La propuesta inicial incluía un edificio de dos niveles, una terraza en el tercer piso, un casino, dos restaurantes de lujo, tres locales comerciales adicionales y 125 estacionamientos, todo ello sobre una extensión de 10 mil metros cuadrados que hoy ocupan estacionamientos y losas deportivas, abarcando desde el límite con el Lima Marina Club hasta la zona colindante con Chorrillos.

Sin embargo, el camino no ha sido llano. Las objeciones al contrato de concesión llevaron a que la municipalidad de Barranco demorara la entrega de autorizaciones, lo que provocó que Capital Properties recurriera al Tribunal Constitucional (TC). Aunque el TC falló a favor de la empresa en 2014, la comuna encontró nuevas observaciones, derivando el conflicto a un proceso de arbitraje. La ejecución del laudo arbitral, favorable a la compañía, se inició en 2015, pero quedó en suspenso debido a la situación legal del propietario de Capital Properties, Gil Shavit, quien fue implicado en asuntos relacionados con la construcción de la Costa Verde del Callao en el marco del caso Odebrecht, siendo finalmente condenado a dos años de prisión suspendida.

El escenario se complicó aún más en 2017, cuando los terrenos de la playa Las Sombrillas pasaron a ser propiedad de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN). A pesar de ello, la empresa persistió en sus reclamos ante el Poder Judicial, logrando que, a inicios del pasado octubre, el Décimo Sexto Juzgado Civil-Comercial emitiera una orden para la entrega de los terrenos. Este fallo judicial ha sido el detonante de la actual movilización.

Ante este panorama, la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, ha manifestado un contundente rechazo al proyecto. La burgomaestre subraya que la legislación vigente prohíbe la ejecución de obras en áreas que, como la playa Las Sombrillas, constituyen dominio público. Sus principales preocupaciones giran en torno al impacto ambiental y la eventual restricción del acceso ciudadano al mar. Vargas ha exigido la presentación de estudios de impacto vial y ambiental, considerándolos indispensables para cualquier edificación en la zona. Además, ha remarcado que el proyecto carece del certificado de compatibilidad con el Plan Maestro de la Costa Verde, documento sin el cual la municipalidad de Barranco no puede otorgar autorización alguna.

«El impacto sería muy fuerte porque ahí hay una preservación de áreas naturales, como los humedales, actualmente se pueden ver juncos. También hay filtraciones de agua dulce que caían en los acantilados», alertó la alcaldesa, quien, junto a la SBN, evalúa interponer una medida cautelar o una acción de amparo para detener la obra. La SBN, advertida desde 2023 por la actual gestión municipal, se ha constituido ya en el proceso judicial de ejecución del laudo, contando con el conocimiento de la Marina de Guerra del Perú, a través de la DICAPI, encargada de la defensa de los terrenos que están dentro de los 50 metros de la línea de alta marea. La alcaldesa recordó además que Las Sombrillas es una de las dos únicas playas de arena en Barranco, altamente concurrida por deportistas náuticos y familias durante el verano, y enfatizó su experiencia previa en detener proyectos similares, como un complejo turístico en la playa Los Yuyos durante su primera gestión.

La controversia ha puesto de manifiesto la obsolescencia del marco normativo. Aldo Facho, arquitecto urbanista, explica que el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde, vigente desde 1995, clasifica el área como «zona turística 1», permitiendo usos comerciales. Sin embargo, Facho califica esta norma como «desfasada y desactualizada», ya que data de una Lima de los 90, con un desarrollo comercial muy diferente al actual. A pesar de su antigüedad, la norma sigue siendo legalmente vinculante. No obstante, el especialista enfatiza que, aunque el plan permita el uso comercial, es imperativo que cualquier proyecto en la Costa Verde cuente con los estudios de impacto vial y ambiental exigidos por el Ministerio de Vivienda y Lima Metropolitana, más aún en una zona de alto riesgo por sismo o tsunami.

Desde la perspectiva legal ambiental, Jean Pierre Araujo, coordinador jurídico de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), es categórico: la construcción requiere obligatoriamente de un estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado antes de cualquier inicio de obra o movimiento de terrenos. «Si no se tiene un estudio de impacto ambiental, no se debería ni alterar nada de lo que implique la playa», afirmó Araujo, advirtiendo que, de no obtenerse la aprobación, la Municipalidad de Barranco podría paralizar la obra y el Ministerio de Vivienda aplicar sanciones por actividades sin el EIA.

La magnitud del impacto ecológico es otra preocupación central. Antony Apeño, biólogo de CooperAcción, advierte que la construcción alteraría la estructura del ecosistema de Las Sombrillas, una zona que considera un «relicto de humedal», donde el afloramiento de agua dulce ha permitido el crecimiento de vegetación como los juncos. Un cambio en la estructura de la playa generaría un desequilibrio en la flora y fauna local. Apeño hizo hincapié en la falta de un plan de manejo integrado de la zona marino-costera, herramienta fundamental para delimitar usos adecuados (construcción, turismo, conservación). El biólogo también lamentó la ausencia de especialistas marinos en las municipalidades costeras, lo que dificulta la defensa técnica de estos valiosos espacios.

La defensa de la playa Las Sombrillas trasciende el caso particular de un terreno. Se ha convertido en un símbolo de la lucha por preservar los espacios públicos, el acceso a la Costa Verde y la integridad ambiental de un litoral ya de por sí vulnerable. La ausencia de respuestas por parte de la empresa Capital Properties y del exalcalde Martín del Pomar, a pesar de los intentos de este medio por contactarlos, alimenta la incertidumbre y la crítica sobre la transparencia en un proceso que, casi dos décadas después, sigue generando más preguntas que certezas sobre el futuro de una de las playas más emblemáticas de Lima. El debate está abierto: ¿prima el desarrollo comercial o la protección de nuestro valioso patrimonio natural y el derecho ciudadano a disfrutar de él?