La omisión tiene un precio: Catorce años de cárcel para madre que permitió brutal abuso y embarazo de su hija en Huancavelica

La justicia peruana ha lanzado un mensaje inequívoco desde una de las regiones más vulnerables del país: la omisión frente a la violencia sexual contra menores no será tolerada. En un fallo que sienta un precedente crucial para la protección de la niñez, Nélida Quispe, una madre de familia de Huancavelica, ha sido condenada a 14 años de prisión efectiva por permitir los reiterados abusos sexuales que su hija adolescente sufrió a manos de su padrastro, y que culminaron en un embarazo no deseado.

El caso, que ha conmocionado a la opinión pública, desnuda las profundas fallas en el tejido social y la alarmante vulnerabilidad que enfrentan miles de niñas y adolescentes en el Perú, especialmente en zonas rurales y de extrema pobreza. La sentencia, emitida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, subraya la responsabilidad penal que recae no solo sobre el agresor directo, sino también sobre aquellos garantes que, por acción u omisión, se convierten en cómplices de tan abominables crímenes.

Una cadena de advertencias ignoradas
Nélida Quispe fue hallada culpable del delito de violación sexual por omisión impropia, conforme al artículo 13 del Código Penal. Su responsabilidad fue determinada al quedar demostrado que, a pesar de tener pleno conocimiento de los abusos que su pareja, Eulogio Benito (ya condenado por estos hechos), perpetraba contra su hija de 16 años, optó por el silencio y la inacción. La menor, en un acto de desesperación, confió a su madre los vejámenes que padecía y le mostró los primeros signos de su embarazo.

Pero la señal de alarma no fue un eco aislado. La investigación fiscal, liderada por la fiscal adjunta provincial Yesseniha Pérez Vargas, reveló una serie de advertencias que la sentenciada decidió deliberadamente ignorar. Su propio hijo, hermano de la víctima, intentó alertarla. Una docente de la adolescente, preocupada por el comportamiento y el estado físico de la alumna, también intervino. Incluso una asistenta social, cuya labor es precisamente velar por el bienestar infantil, hizo lo propio. Pese a estas múltiples interpelaciones y pruebas irrefutables, Quispe decidió mantener la convivencia con el agresor, condenando a su hija a seguir sufriendo en silencio.

El Ministerio Público sustentó la acusación con contundencia, presentando pruebas irrefutables: la desgarradora declaración de la víctima en cámara Gesell, donde relató los abusos tanto en su hogar como en el campo; el acta de denuncia interpuesta por el padre biológico de la menor, quien, al enterarse de la atroz situación, rompió el círculo de silencio; un acta de constatación domiciliaria que evidenció las precarias condiciones de vida y cohabitación con el agresor; y los informes de profesionales que confirmaron el embarazo y la situación de riesgo. Estos elementos fueron determinantes para acreditar la omisión dolosa de la madre.

Huancavelica: un espejo de la violencia silenciada en el Perú rural
Este veredicto emerge de una región que, como Ayacucho, Cusco o Puno, figura tristemente entre las que presentan los más altos índices de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Las estadísticas del Ministerio Público son alarmantes y revelan una constante: los agresores suelen ser personas del entorno más cercano de las víctimas, a menudo familiares o convivientes, lo que dificulta la denuncia y perpetúa el ciclo de abuso. La dependencia económica, el miedo, el desconocimiento de los derechos y la normalización de la violencia en algunos contextos culturales, actúan como barreras infranqueables para que las víctimas busquen ayuda.

La modalidad de «omisión impropia» resulta particularmente cruel, ya que convierte a quienes deberían ser los principales protectores de la infancia en facilitadores del horror. Este caso no solo condena la inacción, sino que interpela a toda una sociedad sobre su responsabilidad colectiva en la salvaguarda de los derechos de los niños. La sentencia a Nélida Quispe, junto con la previa condena al agresor Eulogio Benito, no debe verse como el punto final, sino como un grito de alerta en la lucha contra esta lacra social.

El compromiso del Ministerio Público y el desafío pendiente
Desde la Fiscalía de Huancavelica, se ha reiterado el compromiso de la institución con la defensa irrestricta de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La coordinación entre fiscales, docentes, profesionales sociales y familiares —como el padre biológico que denunció— fue crucial para asegurar que este caso no quedara en la impunidad. Sin embargo, la persistencia de miles de denuncias anuales por abuso sexual en el país demuestra que el sistema de justicia, aunque logre condenas, llega tarde para la prevención.

La ley es clara al establecer que incurre en responsabilidad penal quien, teniendo la posición de garante, no evita un resultado dañino que está obligado a prevenir. En el contexto de la vulnerabilidad infantil, este deber de protección es ineludible. La condena a Quispe, y el énfasis del Ministerio Público en la necesidad de denunciar y reforzar la protección, especialmente en zonas rurales, resalta la deuda pendiente del Estado peruano con su niñez. No basta con sancionar; es imperativo invertir en educación, prevención, acceso a la justicia y redes de apoyo que empoderen a las víctimas y rompan el silencio. La protección de los menores es una responsabilidad irrenunciable que exige la vigilancia y el compromiso de todos.