LA LENTA JUSTICIA CONDENA A EXFUNCIONARIO Y EMPRESARIOS POR COLUSIÓN DE HACE MÁS DE UNA DÉCADA
Huánuco, Perú – Tras una prolongada espera de más de catorce años, la justicia huanuqueña ha emitido un fallo contundente en un caso de colusión agravada que remece los cimientos del Poder Judicial en la región. El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Huánuco sentenció este 1 de diciembre a un exfuncionario público y a dos empresarios por su participación en una intrincada red de contratos irregulares que buscó favorecer a la empresa MMR EIRL en el año 2009.
La resolución judicial, contenida en la Sentencia N.º 009-2023, determina la culpabilidad del exfuncionario Álvaro César Berrospi Cárdenas en calidad de autor del delito de colusión agravada. Como cómplices del mismo ilícito fueron condenados los ciudadanos Vitoclación Ávalos Rodríguez, quien fungía como gerente de la empresa beneficiada, MMR EIRL, y Manuel Alexander Navarrete Loya. Este dictamen pone fin a un capítulo de impunidad, aunque reabre el debate sobre la celeridad de los procesos judiciales en el país.
El entramado de corrupción se gestó en el marco de un proceso de contratación pública crucial para el mejoramiento de locales del Poder Judicial de Huánuco. Según el expediente judicial, se orquestaron maniobras fraudulentas destinadas a direccionar la adjudicación de contratos por un monto superior a los S/ 44 000 a favor de la empresa MMR EIRL. La investigación del Ministerio Público reveló que la adjudicación se realizó bajo condiciones simuladas, con la participación activa de los sentenciados, en un claro atentado contra los principios de transparencia y legalidad que rigen la administración pública.
Uno de los detalles más reveladores de la trama de colusión fue la relación financiera entre los implicados. Se estableció que el empresario Vitoclación Ávalos Rodríguez habría solicitado un préstamo al entonces funcionario Álvaro Berrospi Cárdenas para cumplir con los requisitos de la licitación. Este dinero, según la sentencia, se comprometió a ser devuelto con intereses, lo que evidencia un acuerdo ilícito previo y una concertación para manipular el proceso de selección de contratistas.
La permisividad y complicidad de los funcionarios no terminó ahí. El proceso judicial también sacó a la luz que MMR EIRL, a pesar de contar con antecedentes de incumplimiento en otras obras y de carecer de la capacidad técnica y logística mínima para ejecutar los compromisos asumidos, fue favorecida con múltiples contratos adicionales tras el primer proceso de adjudicación. Esta situación, flagrante e irregular, era conocida por los funcionarios implicados, quienes conscientemente ignoraron las normativas y los intereses públicos.
Las condenas impuestas por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Huánuco buscan sentar un precedente. Álvaro Berrospi Cárdenas deberá cumplir una pena privativa de libertad efectiva, reflejando la gravedad de su rol como autor del delito. Por su parte, Vitoclación Ávalos Rodríguez y Manuel Alexander Navarrete Loya recibieron sentencias suspendidas, además de severas restricciones de derechos. A todos ellos se les impuso, de manera conjunta, el pago de una reparación civil, cuyo monto busca resarcir el daño causado al Estado.
Este caso, que se arrastró por más de una década, es un recordatorio de la persistencia de la corrupción en la contratación pública y de la resiliencia de la justicia peruana, a pesar de su lentitud. Si bien la sentencia ofrece un atisbo de esperanza en la lucha contra la impunidad, también subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en los procesos de licitación para evitar que actos como los de MMR EIRL sigan socavando la confianza ciudadana y el correcto uso de los recursos públicos. El fallo ya ha sido notificado a las partes y, conforme a la ley, es susceptible de apelación ante instancias superiores.
