Juzgado de Huánuco dicta prisión preventiva a «Plejo» y cómplices por brutal asalto
Tras una prolongada audiencia judicial, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, presidido por el juez Iván Aguirre Antonio, impuso dieciocho meses de prisión preventiva contra José Antonio Plejo Malpartida, conocido en el hampa como «Plejo», y tres de sus presuntos cómplices: Miguel Félix Beltrán Cueto, Arturo Flores Santamaría y Anthony Junior Plejo Malpartida. La drástica medida judicial, que implica la inmediata emisión de órdenes de ubicación y captura, responde a la grave imputación de robo agravado con subsecuente muerte de Luis Chuquín Chávez, un caso que ha sacudido a la región por su crudeza y la aparente sofisticación de una red criminal.
La decisión del magistrado se fundamenta en la solidez de los indicios presentados por la fiscalía y la sindicación directa de coimputados, elementos que señalan a «Plejo» como una figura central en la planificación y ejecución del asalto ocurrido el pasado 16 de agosto. En aquella fatídica fecha, Chuquín Chávez fue brutalmente asesinado al resistirse al robo de un valioso cargamento de 688 sacos de arroz, valorizado en aproximadamente 120 mil soles, que transportaba desde Tarapoto con destino al mercado Santa Anita en Lima. La magnitud del perjuicio económico y, sobre todo, la violencia extrema empleada, pintan un cuadro preocupante sobre el avance del crimen organizado en las rutas comerciales del país andino.
En contraste con la severidad de la prisión preventiva para los principales implicados, el juzgado optó por la comparecencia con restricciones para Crhistian Jhonatan Fuster Inocencio y los hermanos Denys y Carlos Soria Tolentino. Estos deberán cumplir estrictas reglas de conducta y abonar una caución de tres mil soles cada uno, una diferencia en el tratamiento judicial que a menudo genera debate público sobre la equidad y la coherencia en la aplicación de las medidas cautelares.
La exhaustiva investigación fiscal y policial ha logrado desentrañar la compleja operación de la presunta banda criminal, autodenominada «Los Buitres del Arroz», supuestamente liderada por el exreo «Plejo». Su modus operandi, que evidencia una escalofriante planificación y una absoluta falta de escrúpulos, incluyó el reclutamiento de una mujer, conocida como «Alondra» o «Veneca», utilizada astutamente como «carnada» para no levantar sospechas en la víctima. El relato de los hechos detalla una intrincada coordinación que trascendió fronteras regionales: el 15 de agosto, un grupo de sujetos viajó desde Tarma hasta Huánuco, donde habrían sido recibidos por «Plejo» para ultimar detalles del asalto en diversos puntos estratégicos de la ciudad.
Un aspecto especialmente alarmante en este caso es la participación de un exregidor de la municipalidad de Pillco Marca, Wille Andrés Espinoza Benancio, lo que añade una capa de preocupación sobre la posible infiltración de elementos criminales en esferas públicas o la facilidad con la que exfuncionarios pueden verse involucrados en actividades delictivas de alta envergadura. Espinoza Benancio, quien habría conducido uno de los vehículos implicados en el seguimiento, fue crucial para el esclarecimiento del crimen. Su posterior confesión, al ser sorprendido intentando retirar parte del arroz robado, no solo sirvió para reconstruir los últimos momentos de la víctima, sino que también llevó a la policía al paradero del cuerpo de Chuquín Flores, abandonado sin piedad en una desolada zona del caserío Cerro Verde.
La noche del crimen, mientras Chuquín Chávez, ajeno a su fatídico destino, recogía a la «carnada» en Tingo María, era seguido de cerca por el grupo criminal. La emboscada se concretó en el kilómetro 67 de la carretera Huánuco a Tingo María, cerca del restaurante Roca Rumi, un punto estratégico que denota un meticuloso conocimiento del territorio por parte de los delincuentes. Tras reducir al transportista y asesinarlo ante su resistencia, el tráiler fue conducido a un taller en Amarilis, donde el valioso cargamento permaneció oculto hasta que se intentó trasladarlo a Huayllabamba, en San Francisco de Cayrán, lugar donde la policía intervino, desarticulando parcialmente la red.
Este caso, que involucra a un total de catorce personas, de las cuales cinco ya se encuentran recluidas en penales por este y otros hechos conexos, cinco bajo comparecencia con restricciones y los cuatro últimos ahora con orden de captura, subraya la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en los corredores viales de Huánuco y el país en general. La brutalidad del homicidio y la sofisticación organizativa detrás del robo exigen una respuesta firme del Estado y una profunda reflexión sobre los desafíos que impone la criminalidad organizada a la tranquilidad y el desarrollo de las regiones peruanas. La justicia, en este caso, avanza a paso lento pero firme, buscando desmantelar una red que no dudó en segar una vida por el ansia desmedida de lucro.
