Escándalo en la frontera Perú-Chile: Denuncias de coimas policiales sacuden el control migratorio y la imagen del Estado
La ya compleja crisis migratoria que se vive en la frontera sur de Perú se ha visto drásticamente agravada por graves acusaciones de corrupción que apuntan directamente a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Transportistas peruanos han denunciado públicamente que efectivos policiales estarían exigiendo pagos de hasta cien dólares para facilitar el ingreso irregular de migrantes a territorio peruano, una situación que pone en entredicho la efectividad de las políticas de control fronterizo y la integridad de las fuerzas del orden.
Estas serias imputaciones emergen en un momento de particular tensión, donde el flujo de extranjeros en la zona de Chacalluta, en la frontera con Chile, ha experimentado una súbita disminución. Esta circunstancia, lejos de ser un signo de éxito en el control, alimenta las sospechas sobre posibles mecanismos ilegales que estarían permitiendo el paso de personas de manera encubierta, socavando los esfuerzos de las autoridades por mantener la seguridad y el orden en una región históricamente sensible.
El medio chileno Teletrece fue el primero en recoger los testimonios de camioneros peruanos, quienes describen un sistema de cobros sistemático y descarado. Alejandro, uno de los transportistas entrevistados, afirmó categóricamente que los agentes «cobran hasta cien dólares para pasar» y que los migrantes, muchos de ellos transitando de madrugada, cruzan «caminando o por el cerro». Otro testimonio recogido por el medio chileno resalta la paradoja de la situación: la presencia policial parece coincidir con momentos en que el flujo migratorio aumenta inexplicablemente, para luego desaparecer. «¿Dónde está la policía?», cuestionó la fuente, evidenciando la perplejidad y la indignación ante esta aparente colusión.
La magnitud de la presunta irregularidad se hizo más patente al observar el drástico descenso en la cifra de migrantes varados en la frontera chilena. De aproximadamente cien personas al inicio de la semana, se redujo a cerca de catorce en pocos días. Esta merma repentina ha generado no solo preocupación en las autoridades chilenas, sino también en organizaciones de apoyo a migrantes, quienes ven en este fenómeno una posible confirmación de las denuncias de irregularidades en el lado peruano de la frontera.
A pesar de los recurrentes anuncios del Gobierno peruano sobre el refuerzo de la seguridad y la militarización de la zona, la realidad sobre el terreno para decenas de migrantes sigue siendo de extrema vulnerabilidad. La mayoría, provenientes de Venezuela y Colombia, insiste en que su único objetivo es cruzar Perú para retornar a sus países de origen. Sin embargo, se encuentran atrapados en condiciones deplorables, sin acceso a servicios básicos como baños o agua potable, ni a espacios seguros para pernoctar. Yajaira Rivas, migrante venezolana, expresó el angustioso día a día: “No tenemos dónde bañarnos, donde hacer nuestras necesidades”. Miguel Ángel Herrera, de nacionalidad colombiana, relató su intento de regresar por motivos de salud, enfrentando la dificultad de no contar con autorización legal de salida de Chile, explicando que había ingresado al país andino de forma irregular, «por ventanilla».
Desde el lado chileno, la respuesta ha sido de reiteración de la necesidad de cumplimiento de la normativa migratoria. Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, subrayó que «las personas tienen que cumplir las normas que rigen los distintos países» e hizo un llamado a un trabajo conjunto y coordinado entre ambas naciones para abordar la problemática. En este contexto, se ha convocado una reunión del Comité Binacional de Fronteras entre Perú y Chile para este lunes 1 de diciembre, en la que se espera abordar la crisis y establecer medidas coordinadas de control, asistencia humanitaria y vigilancia, en un intento por recuperar el control de una situación cada vez más caótica.
Mientras tanto, los propios migrantes, en declaraciones a RPP, han propuesto soluciones alternativas y reguladas. Un grupo solicitó la habilitación de un bus para ser trasladados de manera segura y ordenada a través de Perú, ofreciendo incluso costear el servicio. Asimismo, manifestaron su disposición a someterse a estrictos controles de antecedentes en Perú para descartar la presencia de personas con historial delictivo. «Nuestro objetivo es regresar a nuestro país. No queremos quedarnos en Perú. Queremos pasar, pero ¿por dónde vamos a hacerlo?», reclamó uno de los extranjeros, apelando a la conciencia de las autoridades, al recordar que entre ellos hay niños y personas enfermas que sufren las consecuencias de la ineficacia y, ahora, de la presunta corrupción.
Las denuncias de coimas policiales no solo exponen una profunda crisis de control migratorio, sino que también lanzan una sombra sobre la credibilidad y la capacidad del Estado peruano para proteger sus fronteras y garantizar la legalidad. Este escándalo exige una investigación inmediata y exhaustiva que determine responsabilidades, sancione a los culpables y restaure la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad nacional y la gestión humanitaria. La impunidad en estos casos no solo perpetuaría la corrupción, sino que también dejaría a los migrantes en una posición aún más vulnerable y minaría la imagen internacional del Perú.
