Del festejo al escándalo: Venta clandestina de cerveza en la serenata de Huánuco revela posibles actos de corrupción y malversación
La conmemoración de la fundación española de Huánuco, un evento que debería unir a la ciudadanía en celebración, se ha transformado en un agrio campo de batalla político y legal, con acusaciones de graves irregularidades que ponen en entredicho la gestión de la Municipalidad Provincial. En el ojo de la tormenta se encuentra la presunta venta no autorizada de bebidas alcohólicas al interior del Estadio Heraclio Tapia León durante la serenata oficial, una denuncia que ha escalado al Ministerio Público y amenaza con destapar un escándalo de malversación y peculado, generando una profunda crisis de confianza en la administración local.
Lo que debió ser una fiesta popular con el respaldo de las autoridades, ha derivado en una pugna entre el ejecutivo municipal y el cuerpo de regidores, quienes han alzado la voz contra lo que consideran una flagrante transgresión a las normas y un potencial desvío de recursos. El centro de la controversia gira en torno a si la municipalidad permitió, implícita o explícitamente, la comercialización de cerveza, obteniendo beneficios que habrían sido desviados de las arcas públicas.
La voz más contundente en esta denuncia proviene del primer regidor del Concejo Provincial, Joel Arteaga Calixto. En una reciente sesión de concejo, Arteaga Calixto afirmó categóricamente la instalación de «stands para la venta de cerveza dentro del estadio» durante las serenatas. Su versión no se basa solo en indicios, sino que apunta a la validación popular, al asegurar que «los asistentes fueron testigos de esta situación», una declaración que busca restar valor a cualquier intento de negar los hechos por falta de pruebas documentales inmediatas. La postura del regidor es firme: los concejales «no serán cómplices de la irregularidad», y en consecuencia, han formalizado la denuncia ante el Ministerio Público, exigiendo que se investigue a quienes «se beneficiaron económicamente» de estas ventas, presuntamente sin que las utilidades «favorecieron a la Municipalidad Provincial de Huánuco».
En la otra esquina, el gerente general de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Álvaro Mendoza Castillo, ha salido al frente para rechazar «categóricamente» las imputaciones. Mendoza Castillo es enfático al asegurar que la gestión municipal no autorizó ni otorgó concesión alguna a empresario privado para la venta de alcohol en el recinto deportivo durante las festividades. Además, descartó cualquier anuencia de la comisión organizadora de las noches de serenata. El gerente ha cuestionado la tardanza de los regidores en presentar estas acusaciones, más de tres meses después de la culminación de los eventos, sugiriendo una posible falta de fundamentos o intereses velados detrás de la tardía denuncia. En aras de «demostrar la transparencia de los ingresos y egresos», Mendoza Castillo ha prometido presentar «boletas y facturas correspondientes a los gastos efectuados» ante la solicitud de los regidores, buscando refutar las graves insinuaciones que ponen en tela de juicio su gestión.
Esta colisión de versiones no es un simple desacuerdo administrativo; implica una seria acusación de desfalco que el Ministerio Público deberá desentrañar. Si las denuncias de Arteaga Calixto se confirman, el perjuicio económico a las arcas públicas sería directo y significativo, abriendo la puerta a investigaciones por presunta malversación de fondos, peculado e incluso enriquecimiento ilícito de particulares o funcionarios, todo a expensas de un evento masivo que debería beneficiar a la comunidad. La demora de tres meses en la formulación de la denuncia, si bien usada por el gerente para cuestionar su validez, también podría interpretarse como un periodo necesario para la recolección de pruebas y testimonios por parte del ente fiscalizador interno, antes de elevar el caso a la instancia penal.
El caso Huánuco reaviva el perenne debate sobre la fiscalización y la transparencia en las municipalidades peruanas, instituciones a menudo señaladas por la opacidad en la gestión de recursos y eventos públicos. La ciudadanía, que asiste a estos eventos con la expectativa de una administración honesta y eficiente, se encuentra nuevamente ante la sombra de la corrupción. La confianza en las autoridades se erosiona cuando se ventilan este tipo de acusaciones, y el desenlace de la investigación fiscal será crucial no solo para determinar responsabilidades individuales, sino para sentar un precedente en la exigencia de rendición de cuentas a nivel local.
La Fiscalía tiene ahora la compleja tarea de discernir la verdad detrás de estas contradicciones frontales: ¿Hubo una «venta clandestina» de cerveza en un espacio público municipal? ¿Quiénes fueron los beneficiarios reales de estas operaciones? Y, de ser el caso, ¿cuáles serán las responsabilidades políticas y penales que correspondan? La ciudad de Huánuco espera respuestas claras y una justicia que restaure la transparencia y la probidad en su gobierno local, en un momento donde la confianza ciudadana se ha visto duramente golpeada.
