Wilson Soto cede a la presión ciudadana y suspende descabellado proyecto para regular a influencers
La iniciativa legislativa del congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular), que buscaba establecer un marco regulatorio para los creadores de contenido digital en el Perú, ha sido suspendida indefinidamente tras generar una ola de rechazo y críticas en el ecosistema digital y en la opinión pública. Lo que el parlamentario presenta como una «priorización del diálogo» y una «decisión responsable», es interpretado por muchos como un repliegue táctico ante la contundente desaprobación que su propuesta generó desde su anuncio.
El proyecto de ley, que sin una consulta previa adecuada pretendía imponer normas sobre quienes producen y difunden contenido en plataformas digitales, fue rápidamente percibido como un intento de limitar la libertad de expresión y de creación en un espacio que, si bien complejo, exige un enfoque matizado y no punitivo. El temor a la censura o a una sobrerregulación que coartara la innovación y la interacción digital se hizo palpable, movilizando a un sector importante de la ciudadanía y a los propios «influencers», que se sintieron directamente aludidos y amenazados por la propuesta.
Desde su presentación, la iniciativa de Soto fue objeto de cuestionamientos sobre su viabilidad, pertinencia y, sobre todo, sobre la comprensión del fenómeno digital por parte de sus promotores. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de un debate encendido, donde la aparente buena intención de combatir la desinformación se diluía ante la magnitud de las posibles restricciones a las libertades fundamentales. La justificación de Soto de que la suspensión responde a la necesidad de «escuchar a la ciudadanía» y «analizar con responsabilidad» suena a una rectificación tardía, luego de que el clamor popular hiciera insostenible su continuidad.
El parlamentario ha insistido en que la problemática de la desinformación digital, las recomendaciones peligrosas y los contenidos sin sustento en áreas sensibles como la salud o las finanzas personales es un problema real y vigente. Y en efecto, el impacto de información incorrecta en la toma de decisiones ciudadanas es una preocupación legítima. Sin embargo, la solución propuesta por Soto a través de una regulación directa a los creadores de contenido, especialmente aquellos con «grandes audiencias», fue vista como un camino equivocado que podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias y al control gubernamental sobre el discurso en línea. La discusión se centró rápidamente en si era la libertad de expresión, o la desinformación en sí, el objetivo real de la ley.
El retiro del proyecto, o su «suspensión» según el eufemismo empleado, plantea interrogantes sobre la calidad del proceso legislativo en el Congreso peruano. ¿Cómo se gestan iniciativas de tal envergadura y con potencial impacto en derechos fundamentales sin una fase de consulta previa o un análisis profundo de sus implicancias? Este episodio subraya la necesidad de una mayor rigurosidad técnica y un diálogo proactivo con los diversos actores de la sociedad civil y los expertos en derechos digitales antes de plantear legislaciones que tocan fibras sensibles de la vida digital.
Wilson Soto asegura que su compromiso es proteger a los peruanos de la desinformación y que el retiro de la propuesta permitirá un «diálogo más informado, equilibrado y sostenible». La experiencia, sin embargo, sugiere que cualquier futura iniciativa en este ámbito deberá ser construida sobre pilares de transparencia, respeto a la libertad de expresión y una comprensión profunda de las dinámicas digitales, y no como una reacción precipitada que cede ante la presión sin haber establecido un consenso previo. El episodio del proyecto de ley sobre influencers se erige así como una lección sobre los límites de la intervención estatal en el vasto y complejo universo de la creación de contenido digital.
