Tacna al límite: Perú declara emergencia y articula alianza migratoria con Chile
La convulsa situación en la frontera sur del Perú ha precipitado una serie de medidas gubernamentales que buscan contener una creciente ola migratoria irregular, la cual ha generado episodios de tensión social y humanitaria. Este viernes, el Ejecutivo peruano anunció la conformación inmediata de un Comité Binacional de Cooperación Migratoria con Chile, en un esfuerzo por abordar de manera coordinada la compleja problemática que se vive en el límite entre Tacna y Arica. La decisión, que entrará en funciones este lunes, llega horas después de que el entonces presidente peruano, José Jerí, adelantara su intención de declarar el estado de emergencia en la zona.
La medida de emergencia, cuya aprobación en Consejo de Ministros extraordinario fue anunciada por el ministro de Exteriores del país andino, Hugo de Zela, busca “incrementar la presencia policial y militar” en Tacna. Este paso es visto como el primero hacia una posible extensión de la declaratoria a todas las fronteras del Perú, evidenciando la magnitud de un problema que, según el propio canciller, excede las capacidades nacionales. “Perú no cuenta con las condiciones ni las capacidades para recibir más migrantes”, afirmó de Zela, advirtiendo que el país aplicará «de manera estricta las leyes peruanas» ante una situación que ha colmado las capacidades de acogida.
No obstante, en un intento por matizar la firmeza de las nuevas disposiciones, el ministro De Zela enfatizó que toda actuación se realizará «respetando siempre el derecho humanitario». Esta precisión fue comunicada a organismos internacionales clave como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lo que sugiere una búsqueda de legitimidad y respaldo internacional para las acciones peruanas, a pesar de las preocupaciones latentes sobre la vulnerabilidad de los migrantes.
El detonante inmediato de estas resoluciones fue el bloqueo de una de las carreteras que conecta el sur de Perú con Chile, cerca de Tacna, por más de un centenar de personas. Estos migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, quedaron varados al intentar retornar a territorio peruano o a sus países de origen, enfrentando las severas restricciones migratorias impuestas por las autoridades chilenas. Perú exige a la mayoría de estos individuos un visado para ingresar a su territorio, lo que ha creado un cuello de botella humanitario en la frontera.
La creación del comité binacional, compuesto por representantes de las Cancillerías y los ministerios del Interior de ambos países, es una respuesta diplomática a una crisis que exige una visión regional. Sin embargo, la efectividad de esta cooperación se proyecta en un contexto de incertidumbre política en el país vecino. Apenas en un par de semanas, Chile celebrará la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, con el candidato ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, con altas posibilidades de victoria. Entre las promesas de su campaña figuran la expulsión inmediata de todos los extranjeros en situación irregular y el cierre total de las fronteras con Perú y Bolivia, lo que podría intensificar drásticamente la presión migratoria sobre el lado peruano y complicar aún más cualquier esfuerzo de coordinación bilateral.
La emergencia en Tacna y la subsecuente articulación diplomática con Chile exponen una vez más la fragilidad de las políticas migratorias nacionales y la imperiosa necesidad de soluciones estructurales y humanitarias que trasciendan las respuestas reactivas. La crisis venezolana, que ha desbordado la capacidad de recepción de varios países de la región, pone a prueba la coherencia del Estado peruano entre su declarado respeto por los derechos humanos y la estricta aplicación de sus leyes, en un escenario donde miles de vidas se juegan su destino en una frontera cada vez más militarizada.
