SICARIATO: ASESINAN A PRECANDIDATO A HORAS DE ELECCIONES INTERNAS EN PIURA

La sombra del crimen organizado volvió a teñir de sangre el norte del Perú, encendiendo alarmas sobre la vulnerabilidad del proceso electoral y la fragilidad del Estado ante la escalada de violencia. Percy Ipanaqué Navarro, un abogado penalista de 42 años y precandidato a diputado por Juntos por el Perú (JP), fue brutalmente asesinado a balazos en el distrito de Castilla, Piura, a pocas horas de que su partido definiera sus postulantes para las elecciones generales de 2026. El modus operandi, propio del sicariato motorizado, ha desatado una ola de indignación y de cuestionamientos sobre la capacidad del país para garantizar la seguridad de sus actores políticos.

El trágico suceso ocurrió cuando Ipanaqué, dirigiéndose al sepelio de un colega, detuvo su vehículo para atender una llamada telefónica. Fue en ese instante, en una escena que ya se ha vuelto lamentablemente recurrente en nuestras ciudades, que dos sujetos en motocicleta lo interceptaron y le dispararon siete veces, impactándolo letalmente en la cabeza y el cuerpo. La muerte fue instantánea. La Policía Nacional, al acordonar la zona, encontró siete casquillos, confirmando la brutalidad del ataque.

La coyuntura del crimen no puede ser ignorada. Ipanaqué no solo era un precandidato a escasas horas de una elección interna clave, sino también una figura pública con un perfil complejo. Un día antes de su asesinato, el abogado había grabado un video en TikTok donde criticaba duramente a un juzgado por presuntos errores en una sentencia, material que la Policía ha recuperado como parte de las diligencias. Asimismo, como penalista, había asumido defensas de alto perfil, incluyendo la del exministro de Vivienda Geiner Alvarado, un caso vinculado a presuntos actos de corrupción. Estos antecedentes han llevado a la Policía a manejar, preliminarmente, la hipótesis de un ajuste de cuentas, un planteamiento que la familia del letrado ha rechazado enérgicamente, asegurando que no había recibido amenazas recientes. “Al pueblo lo están matando. Esto no puede continuar”, declaró un familiar, César Quevedo, a la prensa local, sintetizando el sentir de una región asediada por la inseguridad.

Desde Juntos por el Perú, la reacción no se hizo esperar, denunciando que el ataque se produjo en vísperas de un proceso interno vital y exigiendo una investigación “inmediata, transparente e independiente”. El partido, liderado por el excandidato presidencial y exministro del gobierno de Pedro Castillo, Roberto Sánchez, fue más allá, atribuyendo el crimen al clima de inseguridad propiciado –según ellos– por una serie de “leyes procrimen” promovidas desde el Congreso. En un comunicado contundente, la organización sugirió que Ipanaqué fue víctima de “quienes veían en él a un potencial enemigo en las próximas elecciones” o de “quienes buscan perpetuar la corrupción institucional usando la delincuencia como herramienta de control”. No es menor el dato de que Ipanaqué había participado en movilizaciones exigiendo la libertad del expresidente Pedro Castillo, condenado por su fallido intento de golpe de Estado en 2022, lo que añade una capa de complejidad al móvil del crimen en un escenario político polarizado.

El Colegio de Abogados de Piura también ha levantado su voz, demandando una investigación exhaustiva y advirtiendo contra la categorización prematura del crimen como un simple ajuste de cuentas. El gremio ha enfatizado la necesidad imperiosa de revisar el teléfono celular de la víctima, en particular la llamada que recibió justo antes del ataque, la cual podría ser crucial para el esclarecimiento. La orden profesional no solo lamenta la pérdida de uno de sus miembros, sino que expresa una profunda preocupación por el avance descontrolado del sicariato en la región, exigiendo mayor presencia policial y acciones estatales sostenidas para desarticular a las organizaciones criminales que operan con impunidad en las ciudades del norte del país.

El asesinato de Percy Ipanaqué no es un hecho aislado. Se inscribe en un dramático incremento de la violencia ligada al crimen organizado en Perú, especialmente acentuada en Lima y en las ciudades de la costa norte. La inseguridad se ha consolidado como la principal preocupación ciudadana, y la sombra de esta lacra se cierne ominosa sobre las elecciones generales de 2026, comicios que marcarán el retorno a un Parlamento bicameral tras más de tres décadas. La ejecución de un precandidato político, a puertas de un proceso electoral, representa un ataque directo no solo a una vida, sino a la integridad democrática del país, planteando la urgente pregunta de si el Estado peruano está realmente preparado y dispuesto a proteger a sus ciudadanos y a sus instituciones frente al avance incesante de la criminalidad organizada.