Netanyahu y el dilema israelí: ¿Interés nacional o manto de impunidad ante la justicia?
Jerusalén, Israel – La cúpula del poder israelí se sacude una vez más, esta vez por una controvertida solicitud que ha puesto en vilo los principios del Estado de derecho y la rendición de cuentas. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, acorralado por un juicio de corrupción que podría definir su legado, ha recurrido a una estrategia audaz: solicitar clemencia al presidente Isaac Herzog, amparándose en el «interés nacional» en medio del conflicto en Gaza. Esta petición no es solo un trámite administrativo; es un pulso político que ha polarizado a la nación y ha encendido un encendido debate sobre la integridad de sus instituciones.
Fechada el 30 de noviembre, la carta de Netanyahu llega en un momento de máxima tensión para Israel, inmerso en una cruenta guerra. El primer ministro, quien insiste en su inocencia, argumenta que el prolongado proceso judicial está generando una inestabilidad que atenta contra la unidad nacional. Propone que una resolución anticipada de su caso es «necesaria para reducir la tensión en el debate y lograr la reconciliación entre las partes del pueblo». Afirma que, si bien su interés personal es «demostrar su inocencia», su «responsabilidad pública» como líder lo obliga a priorizar la cohesión del país, presentándose como un catalizador para sanar divisiones y restaurar la confianza en el aparato estatal.
Sin embargo, para una vasta mayoría de observadores y para la oposición política, esta solicitud no es más que una maniobra desesperada para eludir las graves acusaciones que pesan en su contra. Netanyahu está imputado en tres causas distintas por delitos de fraude y aceptación de sobornos, cargos que él ha tildado reiteradamente de «persecución política». Es crucial recordar que su retorno al poder para un sexto mandato a finales de 2022 se produjo con estos procesos judiciales ya abiertos. Entre los expedientes más resonantes figura el presunto uso indebido de poder para manipular medios de comunicación, buscando moldear la opinión pública a favor de su gobierno. Un caso emblemático data del año 2000, cuando supuestamente negoció con el diario ‘Yedioth Aharonot’ una cobertura favorable a cambio de impulsar legislación que perjudicara a su competidor, ‘Israel Hayom’.
El intento del primer ministro de vincular la necesidad de clemencia con la guerra en Gaza, lamentando que el juicio ha sido un «lastre» para su gestión, contrasta fuertemente con las múltiples peticiones de aplazamiento que ha presentado ante el tribunal, alegando motivos de salud, seguridad o compromisos diplomáticos. La situación se complejizó aún más hace dos semanas, cuando el expresidente estadounidense Donald Trump, un aliado político incondicional de Netanyahu, intervino directamente, enviando una carta a Herzog para pedir el indulto, bajo el argumento de que el caso judicial está «políticamente motivado» desde 2020 y que los cargos son «injustos», añadiendo una capa de presión internacional a la ya intrincada trama.
La oficina del presidente Isaac Herzog ha recibido la solicitud con la cautela que amerita un asunto de tal magnitud, calificándola de «extraordinaria y con importantes implicaciones». Se ha indicado que el proceso será meticuloso y riguroso: la petición pasará por el Departamento Jurídico de la Presidencia, luego al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia para recabar opiniones de todas las autoridades competentes, y finalmente a la Asesora Jurídica de la Presidencia, antes de que Herzog tome una decisión. Esta respuesta subraya la magnitud y la delicadeza de la situación, que pone a prueba la separación de poderes y la fortaleza institucional de Israel.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar, dividiendo al país. Desde el partido Likud de Netanyahu, el diputado Ofir Katz elogió la decisión del primer ministro, afirmando que «podría haber demostrado fácilmente su inocencia en esta persecución corrupta, pero ha optado por otro camino en aras de la curación del país y la reconciliación». Por su parte, el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, fue más allá, declarando que la clemencia es de «interés crítico para la seguridad del Estado» y un paso previo necesario para la «reforma de la corrupta y despreciable Fiscalía del Estado, que se inventó estos casos», una declaración que no solo apoya la impunidad, sino que socava frontalmente la independencia del sistema judicial.
La oposición, en cambio, ha rechazado la solicitud con vehemencia. El ex primer ministro Yair Lapid instó a Herzog a no conceder la clemencia, argumentando que la declaración de Netanyahu no contiene «ni una admisión de culpabilidad, ni una expresión de arrepentimiento ni una sola intención de abandonar la vida política», condiciones consideradas esenciales para cualquier indulto. En una línea similar, el jefe del partido Los Demócratas, Yair Golan, calificó la clemencia como un «escupitajo en la cara del pueblo israelí», enfatizando que un perdón solo puede considerarse «tras asumir la responsabilidad y demostrar arrepentimiento».
La petición de Benjamin Netanyahu trasciende lo legal para convertirse en un referéndum sobre la gobernabilidad y la justicia en Israel. La decisión final del presidente Herzog será más que un dictamen sobre un caso particular; será una señal inequívoca para la ciudadanía israelí y para la comunidad internacional, definiendo si el «interés nacional» puede ser invocado como un manto de impunidad para las más altas esferas del poder, o si, por el contrario, prevalecerá el irrenunciable principio de que nadie, por muy poderoso que sea, está por encima de la ley. La balanza de la democracia israelí pende de un hilo, y el peso de su futura dirección recae en esta trascendental determinación.
