Megasesión de fiscalización en el Congreso: Un espejo crítico de la gobernanza regional y la sombra de la corrupción en Perú

El Congreso de la República se apresta a vivir una de sus jornadas más maratónicas y reveladoras con la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Lo que se anuncia como un extenso encuentro para abordar una «agenda cargada de temas sensibles», es en realidad una cruda radiografía de la frágil gobernanza regional en el Perú, donde la ineficiencia, la desidia y, sobre todo, la presunta corrupción parecen ser una constante transversal en distintos niveles y jurisdicciones. La expectativa ciudadana ante este desfile de autoridades, cada una bajo la lupa por cuestionamientos graves, es alta y exige más que meros pronunciamientos.

El punto de partida de esta crucial sesión es la discusión de una moción que busca otorgar facultades de comisión investigadora al propio grupo de trabajo. De aprobarse, esta decisión no sería un mero trámite, sino un paso decisivo que dotaría a la comisión de herramientas mucho más robustas que la fiscalización ordinaria. Con el poder de citar bajo apercibimiento, acceder a documentos reservados y elevar con mayor peso sus hallazgos a la Fiscalía, se abriría la puerta a investigaciones profundas que podrían sacudir los cimientos de diversas gestiones regionales y sectoriales.

El foco central de esta potencial investigación recae sobre el Gobierno Regional del Callao. La moción plantea indagar las presuntas irregularidades en contrataciones de proveedores durante la gestión del gobernador Ciro Ronald Castillo Rojo Salas, así como posibles pagos a empresas allegadas y el estado de obras inconclusas que se arrastrarían desde la administración de Pedro Carmelo Spadaro Philipps en la Municipalidad Provincial. Una situación que, de confirmarse, revelaría un preocupante patrón de manejo de recursos públicos en una de las regiones más estratégicas del país.

La magnitud de los cuestionamientos se extiende por todo el territorio nacional, abarcando desde la salud hasta la infraestructura. Jaime Moreno Eustaquio, gerente de la Red Prestacional Sabogal, deberá explicar observaciones sobre contrataciones y pagos, mientras que la voz de los emprendedores, a través de Richard Eduardo Calderón Salcedo, llegará al Congreso para denunciar el impacto económico de las reiteradas obras paralizadas por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), un flagelo que frustra el desarrollo local y golpea directamente a las micro y pequeñas empresas.

Loreto, una de las regiones más castigadas por la precariedad de los servicios, también estará en el centro del debate. El gobernador Jorge René Chávez Silvano deberá rendir cuentas sobre el uso de los fondos destinados a combatir el brote de tosferina, enfermedad que concentra el 75% de su incidencia nacional en esta jurisdicción. La interrogante se agudiza ante los presuntos pagos irregulares vinculados al Consorcio Renacer Loretano, sembrando dudas sobre la transparencia en la gestión de una emergencia sanitaria.

El Gobierno Regional de Lima, bajo la dirección de Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, enfrentará un examen exhaustivo que incluye la ejecución del vital Hospital San Juan Bautista de Huaral, la controversial compra de maquinaria pesada bajo la modalidad de emergencia, el estado de las numerosas obras paralizadas, la programación presupuestal para 51 centros poblados, el avance del Corredor Vial Alimentador N.° 27 y el funcionamiento del Centro Materno Infantil Ramos Larrea en Cañete. Una agenda que refleja la multiplicidad de retos y críticas en una de las regiones con mayor potencial de desarrollo.

Un punto de particular alarma lo constituye la citación al presidente del INPE, Emilio Iván Paredes Yataco, quien deberá responder por audios difundidos que lo vinculan con presunto tráfico de influencias y solicitudes de sobornos para la excarcelación de un ex policía sentenciado. La gravedad de estas acusaciones no solo compromete la imagen de una institución clave para el sistema de justicia, sino que plantea serias dudas sobre la integridad de sus más altos funcionarios.

Ayacucho tampoco escapa a la lupa fiscalizadora. El alcalde provincial de Huamanga, Juan Carlos Arango Claudio, deberá informar sobre la donación del 0.18% del predio rural del Fundo Sachabamba al INIA y el avance del proyecto Mercado Modelo de Productores Macro Región Sur. Este punto incluye una reconsideración del congresista Ilich López Ureña sobre un predictamen de la Ley de transferencia de gestión en gobiernos regionales y locales, sugiriendo una compleja trama de decisiones administrativas y legislativas.

El polémico Proyecto Especial Chinecas, en Áncash, será otro de los grandes temas. La gerente general, Ana Melva Salas Laureano, deberá detallar el proceso de formalización y adjudicación de tierras en las provincias del Santa y Casma, así como la solicitud de servidumbre del controvertido proyecto inmobiliario “Miami Beach Peruano”. La presunta falta de atención a pedidos de información del propio Congreso, sumada a la presencia del representante del proyecto inmobiliario, Leonardo Calderón Valdiviezo, anticipa un debate candente sobre intereses privados y la gestión de recursos públicos. En Huarmey, el alcalde Cavino Simeón Cautivo Grasa, deberá dar explicaciones sobre un proceso de formalización urbana aprobado por acuerdo municipal, otra arista de la problemática territorial.

La agenda se extiende a Amazonas y Cajamarca, confirmando la dimensión nacional de las preocupaciones. El gobernador de Amazonas, Gilmer Horna Corrales, deberá explicar el estado de más de siete proyectos educativos, viales y de salud, y dar luces sobre un preocupante fraude cibernético que sustrajo S/ 1.2 millones de las arcas regionales. Por su parte, Roger Guevara Rodríguez, gobernador de Cajamarca, informará sobre la adquisición de equipos médicos y la infraestructura del Hospital San Ignacio II-1, vital para la atención de la salud en su región.

Esta megasesión de la Comisión de Fiscalización no es un evento aislado; es un síntoma de la recurrente crisis de gobernabilidad y la percibida impunidad en el manejo de los fondos públicos. La ciudadanía, que observa con una mezcla de hartazgo y escepticismo, espera que este exhaustivo ejercicio de control político se traduzca en más que titulares. El reto del Congreso es transformar esta radiografía en acciones concretas que restauren la confianza en las instituciones y que, finalmente, las denuncias de hoy se conviertan en la justicia que el país demanda con urgencia. Los ojos del Perú estarán puestos en el hemiciclo, exigiendo una rendición de cuentas efectiva que rompa el ciclo de la impunidad.