La Rinconada: La muerte de un minero en huelga desnuda la violencia en la minería informal de Puno
Puno, Perú. La Rinconada, el campamento minero a más de 5,200 metros sobre el nivel del mar, ha vuelto a ser escenario de una tragedia que subraya la fragilidad de la vida y el trabajo en sus precarias operaciones. Isidro Ccori Quispe, un minero de 69 años con una vida dedicada a la extracción de oro, perdió la vida el miércoles pasado en medio de un violento enfrentamiento durante el segundo día de una huelga indefinida. Su muerte no es un incidente aislado; es un crudo recordatorio de la compleja y a menudo sangrienta realidad que impera en una de las zonas mineras informales más grandes y conflictivas del país.
La jornada de protesta, convocada por miles de trabajadores que exigen la reactivación de operaciones paralizadas desde el 3 de octubre, escaló rápidamente a una confrontación directa entre los mineros y los vigilantes de la Central de Cooperativa Minera. En la refriega, además de la fatídica muerte de Ccori Quispe, resultó herido Miguel Ángel Gonzales Montesinos y la ira contenida se manifestó en la quema de más de 20 vehículos, entre maquinaria pesada y volquetes, evidenciando la magnitud de la tensión acumulada.
Isidro Ccori Quispe, quien laboraba en La Rinconada desde 2003 y en sus últimos años se desempeñaba como bodeguero para una contrata en el sector de Llajtapata, se convierte en la última víctima de un sistema que parece devorar a sus propios actores. Su avanzada edad subraya la desesperada necesidad económica que empuja a individuos a permanecer en un entorno tan hostil. Su hijo, Junior Michael Ccori, conmovido por el dolor y la impotencia, clama desde el velatorio en Juliaca: “Que se investigue, mi padre fue asesinado y se tiene que identificar a los autores, pido justicia”. La familia prepara su sepultura para el sábado en el cementerio de Unocolla, mientras la exigencia de celeridad en las investigaciones resuena con fuerza.
El Frente de Defensa de Trabajadores Mineros ha respondido formalizando una denuncia penal no solo contra la Central de Cooperativas Mineras La Rinconada, sino también contra Corporación Minera Ananea y Lunar de Oro. Esta acción legal busca responsabilizar a las empresas involucradas en el conflicto, poniendo el foco en la actuación de sus equipos de seguridad y en las condiciones que propician la violencia. La presencia de «vigilantes» en estas zonas ha sido históricamente un factor de polarización y escalada, actuando a menudo en un limbo legal que exacerba las tensiones laborales y sociales.
La Rinconada es un microcosmos de los desafíos que enfrenta el Estado peruano en la gestión de la minería informal e ilegal. Un campamento que ha crecido de manera caótica, sin planificación urbana ni servicios básicos adecuados, donde miles de personas viven y trabajan en condiciones extremas y de alta vulnerabilidad. La ausencia de una supervisión estatal efectiva, tanto en materia laboral como de seguridad, y la falta de mecanismos de resolución de conflictos transparentes, permiten que las disputas internas y las tensiones entre trabajadores y operadores degeneren en episodios de violencia.
La muerte de Isidro Ccori Quispe no es solo un hecho policial; es un síntoma de una problemática estructural que demanda una intervención urgente y concertada. Más allá de la identificación de los responsables directos, es imperativo que las autoridades peruanas aborden las causas profundas de esta violencia: la precariedad laboral, la falta de formalización, el rol de la seguridad privada en la zona y la necesidad de establecer un marco regulatorio que proteja la vida de los trabajadores y garantice la justicia en un sector que, a pesar de su riqueza, sigue costando vidas humanas. La Rinconada espera justicia, pero también soluciones duraderas que pongan fin al ciclo de violencia y abandono.
