La escalada en el Caribe: Venezuela acusa a EE.UU. en la OPEP de planificar un «apoderamiento» de sus reservas petroleras
La tensión geopolítica en el Caribe ha alcanzado un nuevo punto álgido tras la contundente denuncia del gobierno venezolano ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Caracas ha acusado formalmente a Estados Unidos de orquestar un plan para «apoderarse» de sus vastas reservas de crudo, las más grandes del planeta, mediante el uso de la fuerza militar. Este señalamiento, formulado durante la conferencia ministerial de la OPEP, subraya la creciente preocupación por la estabilidad regional y la soberanía de los estados.
En un mensaje suscrito por el presidente Nicolás Maduro y leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Venezuela detalló ante la OPEP una serie de acciones que, a su juicio, constituyen una amenaza directa. Según Caracas, Estados Unidos ha desplegado más de 14 buques de guerra y 15.000 efectivos militares en la región caribeña. Estas fuerzas, siempre según la denuncia venezolana, habrían llevado a cabo más de 20 bombardeos contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, con un saldo de 80 personas fallecidas.
La declaración venezolana es categórica al afirmar que estas pretensiones son contrarias a la convivencia pacífica entre las naciones y ponen en grave peligro no solo la producción petrolera venezolana, sino también el equilibrio del mercado mundial de hidrocarburos. El gobierno de Maduro insiste en que los últimos meses han estado marcados por «constantes y reiteradas amenazas con el uso de la fuerza» contra el Estado venezolano, acciones que, según denuncia, vulneran la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, atentando contra la paz, seguridad y estabilidad regional e internacional.
Desde la perspectiva de Caracas, la estrategia estadounidense, justificada públicamente bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, enmascara un interés más profundo en el control de sus recursos energéticos. Venezuela ha reiterado su «firme» postura de defender sus recursos y ha apelado a los miembros de la OPEP para que contribuyan a detener lo que considera una agresión y una amenaza directa a los equilibrios energéticos globales.
La denuncia venezolana llega en un contexto de alta crispación. Días antes de la reunión de la OPEP, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, había declarado el «cierre total» del espacio aéreo «sobre Venezuela y sus alrededores» a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas. Más allá de esta restricción, Trump había expresado abiertamente su intención de «entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes», una declaración que el gobierno de Maduro interpretó como una inequívoca señal de inminente intervención. La acumulación de efectivos militares en la zona, según la denuncia de Venezuela, refuerza esta percepción.
Analistas peruanos y expertos en geopolítica regional observan con inquietud esta escalada retórica y militar. La constante pugna por la influencia y los recursos en América Latina ha sido una constante histórica. La referencia explícita al «apoderamiento» de reservas petroleras trae a colación el largo historial de intervenciones extranjeras en la región, a menudo justificadas por motivos de seguridad nacional o estabilidad.
La situación actual en el Caribe, con un despliegue militar significativo y acusaciones de intervencionismo, resalta la fragilidad de la paz en la región. Mientras Venezuela denuncia una amenaza a su soberanía y la integridad de sus recursos naturales, Estados Unidos justifica su presencia y acciones como parte de una campaña contra el crimen organizado transnacional. La disparidad de poder entre ambas naciones y la trascendencia de las reservas petroleras venezolanas confieren a este conflicto una dimensión que va más allá de un simple diferendo bilateral, proyectándose como un riesgo potencial para la estabilidad global del suministro energético y el respeto al derecho internacional. La comunidad internacional, y en particular los países latinoamericanos, siguen de cerca los acontecimientos, conscientes de las implicaciones que una escalada podría tener para la paz y la autonomía de los pueblos de la región.
