La Costosa Peregrinación Diplomática de la Cancillería Peruana por el Caso Betssy Chávez: Más de US$7,500 en Debate
En un contexto de persistente tensión política y cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos, la Cancillería peruana ha autorizado un viaje a Washington D.C., Estados Unidos, para que el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sustente la posición del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) respecto al asilo diplomático concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez. La misión, prevista entre el 2 y el 6 de diciembre, representa un desembolso de US$ 7.586,62 del erario público, equivalentes a S/25.491 al tipo de cambio de 3.36 soles por dólar.
La autorización de este desplazamiento, formalizada mediante la resolución suprema 271-2025-PCM y publicada en el diario oficial El Peruano el pasado 29 de noviembre, cuenta con las rúbricas del presidente José Jerí y el primer ministro Ernesto Álvarez, evidenciando el aval de las más altas esferas del gobierno para esta iniciativa diplomática.
El desglose de los gastos revela que US$ 5.826,82 serán destinados a pasajes aéreos. Adicionalmente, se han asignado 440 dólares diarios para viáticos, sumando un total de 1.760 dólares para los cuatro días de estancia del canciller en la capital estadounidense. Este monto global, que supera los siete mil quinientos dólares, se destinará a una gestión cuya necesidad y eficacia son objeto de debate, dado que la postura del gobierno sobre el asilo ya ha sido “adoptada públicamente”.
La urgencia de esta misión se enmarca en un escenario judicial de alta complejidad para Chávez Chino. Actualmente, la exfuncionaria se encuentra en la Embajada de México en Lima, país que le otorgó asilo. Sin embargo, esta situación contrasta drásticamente con la reciente determinación del Poder Judicial peruano. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el pasado 27 de noviembre, la condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, en relación con el fallido intento de golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
A raíz de esta sentencia, el tribunal ordenó la ubicación y captura de Betssy Chávez a nivel nacional e internacional. Además, se le impuso una inhabilitación de dos años para ocupar cualquier cargo público, una medida similar a las aplicadas a Castillo y al exministro Willy Huerta.
A pesar de esta contundente decisión judicial, el canciller De Zela ha reiterado que la condena no modifica la postura gubernamental respecto al asilo. “El hecho de que Betssy Chávez haya sido ya condenada no altera en nada su situación. La situación sigue siendo exactamente igual, en el sentido de que ella es una solicitante de asilo en la Embajada de México y nosotros tenemos una posición ya adoptada públicamente sobre el tema”, afirmó el titular de Relaciones Exteriores.
Esta declaración genera interrogantes sobre la justificación de un viaje de alto costo para sustentar una posición que, según el propio canciller, ya es inquebrantable y conocida. La OEA, en este contexto, actúa como un foro diplomático donde el Perú busca reforzar su argumentación sobre la improcedencia del asilo a una persona condenada por delitos comunes, una línea que ha tensado las relaciones con México.
El regreso de De Zela implicará la obligatoriedad de sustentar todos los gastos realizados. No obstante, la pertinencia de este desembolso significativo de fondos públicos para una gestión diplomática, cuya incidencia en la resolución final del caso Chávez sigue siendo incierta, continúa alimentando el escrutinio público sobre la priorización de los recursos estatales en un país con múltiples necesidades apremiantes. Este episodio subraya la compleja intersección entre la justicia interna, la política exterior y la gestión económica del Estado peruano.
