Fiscalía Ambiental de Huánuco advierte al gobierno regional por amenaza al Río Huallaga

En un giro que revela las complejidades y contradicciones de la gestión ambiental en la región, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Huánuco ha puesto en evidencia una situación preocupante que involucra directamente al Gobierno Regional. En el marco de operativos preventivos para salvaguardar el río Huallaga durante las festividades navideñas, el Ministerio Público ha exhortado formalmente a la Gerencia de Desarrollo Económico por la acumulación de desechos orgánicos en la faja marginal, una zona declarada intangible y vital para la salud de un ecosistema ya en estado de emergencia.

La intervención fiscal, liderada por el fiscal provincial César Gonzales Ramos y en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se produjo tras una inspección rutinaria en la margen derecha del río. Lo que debía ser un espacio acondicionado para una feria navideña, promovida por la propia Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, se había convertido en un foco de potencial contaminación. Allí, el equipo fiscal constató la presencia de una línea de ramas secas dispuestas sobre la faja marginal, una práctica que, aunque pueda parecer menor, representa una grave vulneración a las normativas de protección fluvial y un riesgo directo para la calidad del agua del Huallaga.

Ante este hallazgo, el fiscal Gonzales Ramos no dudó en recordar las estrictas disposiciones legales que rigen estos espacios. La Ley N.° 30722 declara la intangibilidad de las fajas marginales, considerándolas bienes de uso y dominio público, mientras que el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos prohíbe explícitamente cualquier tipo de intervención sin la debida autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La exhortación formal al gerente de Desarrollo Económico no solo exigió el retiro inmediato de los desechos, sino que también sirvió como una advertencia clara sobre las responsabilidades que recaen en las autoridades regionales para el cumplimiento de la ley ambiental, con plazos definidos para su subsanación.

El contexto en el que se produce este incidente es aún más alarmante: el río Huallaga ha sido declarado en estado de emergencia para su recuperación y conservación. Esta medida subraya la fragilidad de su ecosistema y la urgente necesidad de implementar acciones contundentes para su rehabilitación. En este escenario, cualquier acción, provenga de donde provenga, que comprometa su integridad se convierte en un atentado directo contra un recurso hídrico ya severamente afectado. La permisividad o negligencia en el manejo de las fajas marginales agrava una situación crítica, poniendo en jaque los esfuerzos por revertir años de contaminación.

La situación revela una preocupante falta de coordinación y quizás de conciencia ambiental dentro de las propias instituciones del Estado. Resulta paradójico que una gerencia de desarrollo económico, encargada de promover actividades en beneficio de la población, sea señalada por generar un riesgo ambiental. Esto plantea interrogantes sobre la planificación previa de eventos públicos y la internalización de los criterios de sostenibilidad en la gestión regional. ¿Son estos operativos fiscales una señal de la ineficacia de los controles internos? ¿O evidencian una batalla constante del Ministerio Público por hacer cumplir normativas que otras entidades del Estado, por acción u omisión, parecen pasar por alto? La celeridad y responsabilidad que el fiscal Gonzales Ramos exige a las autoridades responsables parecen ser un llamado a la acción no solo reactivo, sino estructural, que demanda un cambio profundo en la forma en que se conciben y ejecutan los proyectos en la región.

Mientras la Fiscalía reafirma su compromiso de intervención inmediata ante cualquier acción que atente contra el Huallaga, el episodio navideño sirve como un recordatorio contundente de que la protección de nuestros recursos naturales no es solo una tarea de vigilancia, sino una responsabilidad compartida que debe iniciar desde las más altas esferas de la administración pública. La recuperación del Huallaga exige no solo operativos, sino una política integral y coherente que garantice su supervivencia para las futuras generaciones de peruanos.