Elecciones internas: El velo formal de una democracia partidaria en crisis

El pasado 30 de noviembre, el calendario electoral peruano para 2026 marcó su inicio con las elecciones internas de los 39 partidos políticos inscritos. Lo que se presentó como el primer acto de una «fiesta democrática» en la ruta hacia la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino, terminó por ser un sombrío termómetro de la desafección ciudadana y la profunda crisis que aqueja a nuestras organizaciones políticas. La jornada dejó en evidencia un sistema más volcado al cumplimiento formal de la ley que a la promoción de una genuina participación y vitalidad interna.

De la totalidad de agrupaciones, solo dos —el Partido Aprista Peruano (APRA) y Renovación Popular— se aventuraron a someterse al voto directo y universal de sus afiliados, una modalidad que se esperaba incentivara una mayor concurrencia. A pesar de movilizar a más de 82 mil electores en todo el país, la tónica general fue de una escasa asistencia, con contrastes marcados entre una participación moderada en Lima y una indiferencia casi total en diversas regiones, una constante que ya preocupa a los organismos electorales.

El Partido Aprista, con 43,672 militantes habilitados en 309 mesas de sufragio, desarrolló una jornada competitiva con 14 listas en liza, un dato que sus líderes como Javier Velásquez Quesquén y Carla García Buscaglia —quienes votaron en Lima—, utilizaron para destacar la «estructura, militancia activa y capacidad organizativa» de una agrupación centenaria que busca su resurgimiento. Jorge del Castillo, por su parte, enfatizó la necesidad de unidad interna para las elecciones de 2026. Sin embargo, este relato de vigor se desmoronó al mirar el panorama regional: en Puno, apenas un puñado de los 130 afiliados habilitados acudió a votar, y en Arequipa, la asistencia fue igualmente reducida, predominando la presencia de adultos mayores. Los reportes preliminares de la ONPE, con el 75% de actas procesadas, mostraban a la Lista 7, liderada por Enrique Valderrama, María Valdivia y Lucio Vásquez, por delante de la Lista 13, encabezada por Velásquez Quesquén, Carla García y Luis Wilson Ugarte.

Renovación Popular, la otra agrupación que optó por el voto directo, instaló 269 mesas para sus 39,147 afiliados. La jornada de este partido estuvo indudablemente eclipsada por la figura de su líder, Rafael López Aliaga. El actual alcalde de Lima, al emitir su voto en el Colegio María Reina Marianistas, aprovechó la cobertura mediática no tanto para hablar del proceso interno, sino para reiterar denuncias sobre un supuesto atentado en su contra y para insistir en que su partido cuenta con una militancia «real y activa», a pesar de una concurrencia que observadores calificaron de moderada. Sus declaraciones, que incluyeron la propuesta de reducir ministerios y endurecer la respuesta frente a la minería ilegal, desviaron la atención del propio ejercicio democrático interno hacia su conocida agenda política, evidenciando una vez más el personalismo que prima en la política peruana. A pesar de que en Piura se observó una inusual competencia con dos listas, la tendencia general de baja participación se mantuvo, incluso en La Libertad, una de las regiones con mayor número de votantes habilitados tanto para Renovación Popular como para el APRA.

La gran mayoría de las organizaciones políticas —37 en total— optaron por la elección de delegados, una modalidad que, si bien es legal, se percibe como menos transparente y participativa, y que continuará el próximo 7 de diciembre. Este mecanismo, que reduce la interacción de la militancia de base con la elección de sus representantes y candidatos, es a menudo una señal de estructuras partidarias débiles o del control férreo de las cúpulas.

La participación para estos partidos fue aún más desalentadora en las regiones. En Puno, coordinadores distritales reportaron que locales habilitados para agrupaciones como Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular o Avanza País recibieron un flujo mínimo de militantes, en algunos casos sin alcanzar ni el 10% de su padrón afiliado. Una dinámica similar se observó en Arequipa, donde la ONPE confirmó una asistencia lenta durante toda la mañana, y observadores del JNE señalaron «fallas persistentes en la articulación interna de los partidos más pequeños», una constante que revela la precaria construcción orgánica de muchas de estas agrupaciones. En Lima, si bien partidos como el Partido Morado o Perú Primero registraron una participación moderada, los votos de delegados se emitieron por comités provinciales o distritales con padrones igualmente reducidos.

Dentro de este grupo, Alianza para el Progreso (APP) eligió a 24 delegados. Su líder, César Acuña, aseguró que APP está «preparada para gobernar el Perú», una declaración que contrasta con la invisibilidad del proceso interno que legitima a sus delegados. En Fuerza Popular, los delegados elegidos tendrán la tarea de ratificar la fórmula presidencial encabezada por Keiko Fujimori, acompañada por Luis Galarreta y Miguel Torres. Fujimori enmarcó este proceso como parte del «ordenamiento requerido por la ley», pero el mecanismo es una clara muestra de la formalidad que envuelve la designación de candidaturas en un partido fuertemente caudillista. Finalmente, Primero la Gente informó la elección de 20 delegados titulares y, en un intento por sumar una capa de legitimidad, consultó a su militancia sobre la fórmula presidencial, resultando ganadora la propuesta de Marisol Pérez Tello.

Las elecciones internas del 30 de noviembre, en suma, han trazado un inicio preocupante para el ciclo electoral de 2026. Lejos de fortalecer la democracia interna y la conexión de los partidos con sus bases, han evidenciado la fragilidad de un sistema político en declive, con escasa movilización, predominio de mecanismos de elección menos democráticos y líderes que capitalizan estas plataformas para sus agendas personales. El camino hacia las urnas generales se presenta incierto, sostenido sobre cimientos resquebrajados, lo que subraya la urgente necesidad de una reforma partidaria que vaya más allá del mero cumplimiento legal para inyectar verdadera vida a la representación política peruana.