El Congreso blinda el presupuesto 2026: ¿Equilibrio fiscal o cuentas pendientes con el país?

En un Pleno que rozó la unanimidad, con 97 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de la República dio luz verde a la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público 2026. Esta norma, aprobada el viernes por la noche, es un componente crucial del paquete económico que se debate esta semana junto con las leyes de Presupuesto y Endeudamiento, y establece las reglas y fuentes de financiamiento que sostendrán el andamiaje del Estado para el próximo año fiscal. Su objetivo declarado es asegurar que el gasto público esté «debidamente financiado», una premisa fundamental que, en el contexto peruano, siempre abre el debate sobre la eficacia y la transparencia en la gestión de los cuantiosos recursos del país.

El texto sustitutorio del Proyecto de Ley 12256/2025-PE determina que el financiamiento total para el ejercicio 2026 ascenderá a la significativa cifra de S/ 257,561,619,143. Este monto se desglosa en varias fuentes, destacando los S/ 171,240 millones provenientes de recursos ordinarios, S/ 31,903 millones de operaciones oficiales de crédito, S/ 44,856 millones de recursos determinados, S/ 9,042 millones de recursos directamente recaudados y S/ 521 millones de donaciones y transferencias. Según el análisis costo-beneficio del dictamen, estos fondos, originados directa o indirectamente en los ciudadanos (impuestos, recursos naturales, endeudamiento), deben traducirse en “beneficios” tangibles: mejora de servicios, reducción de brechas y garantía de sostenibilidad fiscal. No obstante, la dependencia de la recaudación y el endeudamiento subraya la fragilidad de la economía y la constante presión sobre la capacidad contributiva de los peruanos.

La ley también impone reglas de estabilidad presupuestaria, buscando alinear el gasto público con los límites fijados en el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029. Entre estas disposiciones, se exige que los recursos de endeudamiento se utilicen exclusivamente para inversiones y obligaciones previamente determinadas, y se prevé la incorporación de ingresos por concesiones para proyectos de infraestructura. Sin embargo, un punto que amerita especial atención es el monto de S/ 19,700 millones proyectado para «gastos tributarios» en 2026. Esta cifra, que representa lo que el Estado deja de recaudar mediante exenciones y beneficios fiscales, plantea interrogantes sobre su eficiencia, la equidad de su distribución y si el subsidio indirecto que representan beneficia realmente a los sectores o actividades que más lo necesitan, o si, por el contrario, exacerba desigualdades y erosiona la base tributaria del país.

El dictamen también detalla asignaciones específicas que reflejan tanto prioridades como deudas históricas. Se autoriza la transferencia de S/ 800 millones de las utilidades de FONAFE al fideicomiso administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), destinados a proyectos de infraestructura. Pero quizás la asignación más elocuente es la habilitación de S/ 29,450 millones para acciones de remediación ambiental en el subsector hidrocarburos. Esta cuantiosa suma es un recordatorio de las décadas de pasivos ambientales acumulados, especialmente en la Amazonía peruana, donde comunidades enteras han sufrido los estragos de la contaminación. La magnitud de estos fondos subraya no solo la urgencia de las intervenciones, sino también la histórica negligencia estatal en proteger el medio ambiente y a sus ciudadanos.

En la práctica, la Ley de Equilibrio Financiero promete garantizar los fondos necesarios para programas sociales, infraestructura, salud, educación, seguridad ciudadana e inversión regional y municipal. Sin embargo, la persistencia de las brechas sociales y la recurrente ineficiencia en la ejecución del gasto público en el Perú obligan a un análisis crítico. ¿Cuántos de esos más de S/ 257 mil millones realmente se traducirán en una mejora tangible de la calidad de vida de los peruanos, o cuántos se verán mermados por la burocracia, la ineficacia o, lamentablemente, la sombra de la corrupción que ha lastrado innumerables proyectos en el pasado? La responsabilidad fiscal, si bien esencial para la confianza de los mercados, debe ir de la mano con una responsabilidad social y de gestión que asegure que cada sol cumpla su propósito.

Con la aprobación de este marco de equilibrio, el Congreso se encamina a la votación final de las leyes de Presupuesto y Endeudamiento, ambas con plazo constitucional hasta el 30 de noviembre. El país no solo necesita un presupuesto vigente y equilibrado, sino uno que sea ejecutado con la máxima eficiencia y transparencia, enfocado en cerrar las brechas históricas y en responder a las demandas de una población que, año tras año, espera ver reflejado su bienestar en el destino de los recursos que el Estado gestiona en su nombre. El verdadero equilibrio, en el Perú, va más allá de las cifras contables para abarcar el equilibrio social y territorial.