Huánuco: Pulgar busca anular multa de S/ 321 mil, pero esquiva responsabilidad política y administrativa
El gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, anunció que presentará en los próximos días un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para dejar sin efecto las dos multas impuestas por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco. La sanción asciende a 60 UIT (S/ 321 mil) por la colocación irregular de cartelones de obras antes del inicio del proceso electoral, infracción que —según el propio Pulgar— jamás le fue notificada porque “la casilla electrónica que usaba desde 2020 ya no la revisa”.
El argumento no deja de ser polémico: un gobernador regional que administra más de mil millones de soles al año afirma que no recibió notificaciones oficiales porque no revisa la casilla electrónica asignada por el sistema electoral. Y, aun así, sostiene que la multa es injusta porque “no pudo defenderse a tiempo”.
La omisión revela, como mínimo, una preocupante desidia institucional y un manejo poco serio de las comunicaciones formales que exige la ley. Aun así, Pulgar asegura que confía en que su apelación será admitida y repite que no ha puesto su nombre ni fotografía en señalización de obras desde que rigen las normas electorales.
FICAFE 2024: Pulgar minimiza observaciones de Contraloría pese a indicios graves
En un segundo momento, el gobernador intentó restar importancia al informe de la Contraloría General de la República sobre la Feria Internacional de Cafés Especiales (FICAFE) 2024. El control posterior reveló un hecho que, por sí solo, amerita investigación profunda: se pagaron 600 habitaciones, pero solo se utilizaron 194 durante tres días.
Pulgar defendió la contratación anticipada de hospedaje y alimentación señalando que “así funcionan los eventos” y que la situación “puede ocurrir en cualquier feria”. Sin embargo, el informe del órgano de control detalla indicios que van mucho más allá de una simple sobreestimación logística: hay inconsistencias documentarias, pagos íntegros sin el sustento real de uso, y decisiones adoptadas sin criterios técnicos claros.
La respuesta del gobernador —centrada únicamente en justificar que se contrata con anticipación— evita confrontar el fondo del problema:
- ¿Por qué se pagó el total si no se usó ni la mitad?
- ¿Qué falló en la planificación?
- ¿Quién autorizó los desembolsos?
- ¿Por qué el expediente presenta vacíos que la Contraloría considera “presuntas irregularidades”?
Pulgar anunció que enviará sus descargos y negó cualquier negligencia o dolo. No obstante, las cifras, los documentos incompletos y la sospechosa desproporción entre lo contratado y lo ejecutado sostienen una sombra de responsabilidad política que el gobernador no logra disipar.
