FEMA Tingo María opera con grave déficit de personal ante creciente ola de delitos ambientales
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Tingo María enfrenta serias limitaciones debido a un alarmante déficit de personal, lo que dificulta su labor de combatir la creciente ola de minería ilegal, deforestación y otros delitos ambientales en el vasto territorio bajo su jurisdicción.
El fiscal Noé García Vera, titular de la FEMA Tingo María, reveló que actualmente la institución cuenta con solo una fiscal recientemente ascendida y un asistente. Según García Vera, para poder atender la carga de trabajo de manera efectiva, se requeriría un mínimo de tres asistentes y dos fiscales adicionales.
La situación se agrava con la falta de una sección especializada de Policía Ambiental en Tingo María. El apoyo policial es brindado por personal sin capacitación específica y solo cuando no tienen otras tareas asignadas por el Comando Policial, afectando directamente la realización de operativos y diligencias programadas.
El territorio de responsabilidad de la FEMA Tingo María abarca las provincias de Pachitea, Marañón, Huamalíes y Leoncio Prado, todas ellas con graves problemas ambientales. En Huamalíes, por ejemplo, la minería ilegal impacta el río Marañón en zonas de Chuquibamba y Punchao, extendiéndose a territorios inaccesibles del distrito de Tantamayo.
Por su parte, en Leoncio Prado, las actividades mineras ilegales se han trasladado a áreas inhóspitas del distrito de Juan José Crespo y Castillo – Aucayacu, donde los mineros intentan establecer «tierra de nadie». Como ejemplo, el fiscal recordó la intervención de hace dos meses en el caserío Alto Alianza, que resultó en la detención de 14 personas por destrucción de bosques, quienes actualmente permanecen recluidas en el penal de Potracancha, en Huánuco.
Debido a la prioridad de los operativos de interdicción, muchas carpetas fiscales quedan sin atención, generando dificultades para cumplir con los plazos exigidos por Control Interno. La FEMA Tingo María maneja un promedio anual de 400 carpetas fiscales, una cifra que ha aumentado un 60% en los últimos tiempos.
