Estados Unidos designa al «Cártel de los Soles» como organización terrorista y eleva la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado la designación del «Cártel de los Soles», presunta red venezolana vinculada al narcotráfico, como organización terrorista, según una publicación oficial en el Registro Federal. Esta medida intensifica la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en un contexto de crecientes tensiones bilaterales.
Según el secretario de Estado, Marco Rubio, existen «suficientes pruebas para determinar» que el grupo cumple con las condiciones que regulan la clasificación de organizaciones terroristas bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El pasado 16 de noviembre, Rubio afirmó que el «Cártel de los Soles» es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios de su régimen, quienes habrían «corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela». Añadió que esta organización, junto a otros grupos como Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, es «responsable de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa».
En una primera reacción, Venezuela calificó el lunes la designación de «ridícula patraña», reiterando que el «Cártel de los Soles no existe». La cancillería venezolana, en un comunicado, rechazó «de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio», argumentando que esta «infame y vil mentira» busca justificar una intervención «ilegítima e ilegal» contra Venezuela bajo un «clásico formato estadounidense de cambio de régimen».
La designación se produce en medio de un masivo despliegue militar iniciado en agosto por la administración del presidente Donald Trump en el Caribe, con el objetivo declarado de labores de interdicción de droga. Caracas, por su parte, considera que se trata de una maniobra encubierta para forzar la salida de Maduro del poder. Recientemente, seis aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela tras una advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un «aumento de la actividad militar» en la región.
Las consecuencias para Maduro y su entorno
La designación convierte en delito federal el proveer apoyo material a un grupo considerado terrorista como el «Cártel de los Soles», ya sea a través de dinero, armas, servicios, tecnología o asistencia logística. Los involucrados se exponen a penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión, o más si su colaboración resulta en muertes.
Los cargos formales contra líderes, su entorno y colaboradores podrían incluir terrorismo, narcotráfico y conspiración, con la posible emisión de órdenes de arresto internacional.
El impacto económico es inmediato. Todos los activos de la organización o de sus miembros en el sistema financiero estadounidense quedan congelados, y cualquier transacción vinculada a ellos en bancos que operen en dólares se bloquea automáticamente. Este efecto se amplifica globalmente, ya que entidades financieras y empresas de otros países suelen cortar lazos con los designados para evitar sanciones secundarias, aislando al grupo del sistema financiero internacional.
Además, la designación tiene consecuencias migratorias y judiciales. Quienes formen parte de la organización o la apoyen pueden ser vetados de ingresar a Estados Unidos o enfrentar procesos de deportación. La medida también sirve como base para pedidos de cooperación internacional, facilitando extradiciones de funcionarios del régimen.
En el plano diplomático, Venezuela queda bajo presión para tomar medidas, ya que Estados Unidos considera a la organización una amenaza directa a su seguridad. Esto podría generar presión sobre terceros países para que rompan relaciones con Caracas o apliquen medidas similares. También complica posibles intentos de negociación, dado que Washington suele evitar tratos con organizaciones terroristas, y abre la puerta a un incremento de operaciones encubiertas, vigilancia y acciones de seguridad dirigidas a desarticular la red de apoyo.
El origen del Cártel de los Soles
El «Cártel de los Soles» es el nombre con el que agencias de inteligencia y fiscales de Estados Unidos identifican a una presunta red de altos mandos militares, funcionarios y figuras políticas venezolanas involucradas en el tráfico de drogas, la corrupción y el lavado de dinero. No se trata de un cártel tradicional, sino de una estructura que habría operado desde el propio aparato del Estado, aprovechando su control sobre puertos, aeropuertos y cuerpos de seguridad para facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos. Su origen se remonta a 1993 (durante el gobierno de Hugo Chávez), cuando dos generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron investigados por proteger cargamentos de cocaína.
Análisis desde Perú: ¿Un antes y un después para la política de Washington?
Desde Lima, expertos peruanos en relaciones internacionales y defensa han analizado las implicaciones de esta designación.
Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), indicó a El Comercio que la designación «marca un antes y un después en la política de Washington hacia Venezuela». Según el analista, esta etiqueta «otorga a Estados Unidos un arsenal legal mucho más amplio para perseguir penalmente a cualquiera que colabore con la red», incluyendo funcionarios y figuras políticas venezolanas.
Tucci sostiene que la medida introduce la posibilidad de catalogar como «apoyo material al terrorismo» cualquier relación con estructuras estatales venezolanas que el Ejecutivo estadounidense determine como vinculadas al «Cártel de los Soles». Aunque la ley estadounidense no autoriza automáticamente el uso de la fuerza militar por incluir una organización en la lista de terrorismo, el nuevo estatus «abre opciones» adicionales para la administración, incluyendo operaciones de inteligencia, cooperación internacional y acciones directas para degradar la capacidad operativa del grupo.
El especialista de la UPC subraya que el derecho internacional impone límites claros: Estados Unidos no puede intervenir militarmente en territorio venezolano sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o sin probar una amenaza inminente. Fuera de estos aspectos, cualquier acción a gran escala violaría la soberanía venezolana, aunque operaciones puntuales o «quirúrgicas» podrían justificarse si se presentan como medidas para prevenir riesgos terroristas inmediatos.
Por su parte, Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, considera que la designación es «un nuevo escalón dentro de un proceso de largo aliento» que Washington ha venido construyendo desde hace meses. «Esto no aparece de la nada», advierte. El experto recordó que Trump inició con la clasificación unilateral de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, amplió el rol del sector defensa e inteligencia en operaciones antinarcóticos, emitió recompensas millonarias contra la cúpula del chavismo (50 millones de dólares por Maduro), incautó bienes vinculados a su entorno y desplegó activos militares en el Caribe en fases sucesivas.
De acuerdo con Gómez de la Torre, Trump recibió hace poco un documento con el «menú de opciones» que el Comando Sur considera factible en los ámbitos aéreo, marítimo y eventualmente territorial. Esas capacidades, señala, forman parte de una estrategia de presión que también involucra ejercicios militares bilaterales con Trinidad y Tobago. «El costo del escalamiento es alto», advierte, pero dice que responde a una lógica de acumulación gradual de poder disuasivo.
«Todas las opciones están técnicamente disponibles», asegura Gómez de la Torre, recordando el caso de Qasem Soleimani, el general iraní asesinado por un dron de Estados Unidos, como ejemplo del tipo de operación que hoy está dentro de las capacidades ya desplegadas en el Caribe.
La gran incógnita, afirma el especialista, es si existe o no voluntad política en Washington para una acción dirigida contra Maduro o su círculo cercano, ya sea una captura para ser llevado ante tribunales estadounidenses —como ocurrió con Manuel Antonio Noriega en Panamá— o una operación de fuerza directa, en línea con precedentes como Osama Bin Laden o Soleimani. «Ese es el punto que el discurso oficial todavía no esclarece», concluyó.
