CONGRESO LUMPEN APROBARÍA LEY A FAVOR DE CRIMINALES: Protegen Bienes Mal Habidos de los Delincuentes

En mensaje a la Nación, la Fiscal de la Nación Delia Milagros Espinoza Valenzuela, hizo una denuncia pública, que en el Congreso de la República se pretende debatir y aprobar el proyecto de ley Nº 3577 , mediante el cual se pretende modificar el Decreto Legislativo 1373 que hasta hoy, faculta a las fiscalías y al poder judicial, el proceso para la  la extinción  de dominio (propiedad)  de bienes obtenidos como producto de delitos de Lavado de Activo, contra el Medio Ambiente, Corrupción de Funcionarios, Crimen Organizado, entre otros.

Congresistas lumpen quieren obstaculizar la labor fiscal y judicial

La Fiscal de la Nación doctora Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en su mensaje a la nación difundida en los medios sociales, hace una gravísima advertencia a la nación peruana y países del mundo: “La lucha contra la corrupción y la delincuencia está siendo gravemente amenazada. En el congreso se quiere aprobar un proyecto de ley que apunta que retrocedamos en nuestra misión de investigar y perseguir el delito”;

“Quieren limitar la ley de extinción de dominio; pero, así como nos pronunciamos en su debido momento, por el retorno de la detención  preliminar, hoy nos pronunciamos de manera firme contra las modificaciones que pretenden efectuar”, agregó enfáticamente.

Finalidad del proyecto de ley

De aprobarse la modificatoria de la ley, sólo se podrá incautar bienes a los delincuentes cuando exista una sentencia firme, lo que significa que se le da puerta abierta a los criminales a buscar testaferros, transferir y desaparecer los bienes, entre otras acciones.

La fiscal de la nación precisó que asimismo, la modificatoria busca que la investigación del delito prescriba a los cinco años, lo que implica una modificación del Código Penal que regula prescripción extraordinaria de la acción penal, calculado sobre el doble de la pena, más el 50% de la pena máxima fijada para el delito que se investiga.

Dicho en otras palabras, la investigación a Keiko Fujimori y los aproximadamente 20 personajes que son sus coinculpados, se archivaría definitivamente por prescripción; igual suerte correrían los procesos contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y otros.

Tremendo, no lo dice la Fiscal de la Nación, pero indudablemente que tenemos, con escasas salvedades, un congreso delincuencial que está emitiendo consuetudinariamente leyes a favor de los delincuentes. ¿Qué pretenden? Que el Perú sea un país gobernado por delincuentes, a favor de la delincuencia. La Dra. Delia Milagros Espinoza, ha sido clara: “Lo que dejaría (al aprobarse la ley) a los delincuentes con sus ganancias ilícitas, cuando todos sabemos que un bien ilícito nunca se convierte en legal”.

Corren peligro más de cinco mil casos en investigación

La señora fiscal de la nación, manifestó su preocupación sobre una demanda planteada por el Estado ante el Tribunal Constitucional, que de declararse fundada pone en grave peligro el logro de los objetivos, pues favorecería a la delincuencia, afectando a más de cinco mil quinientos casos (en investigación) que se encuentran bajo esta ley.

Advierte la fiscal de la nación que, aplicar la ley de extinción de dominio vigente, no significa la confiscación ni expropiación de sus bienes, sino una restauración del orden jurídico (vulnerado por la delincuencia), de la legalidad, (mediante la investigación, sanción y confiscación de lo ilegalmente obtenido)  ya que la posesión, no legaliza los bienes adquiridos mediante la comisión de delitos, principalmente aquellos relacionados con la corrupción, con el crimen organizado, la minería ilegal, la trata de personas y otros delitos, afectando gravemente el orden económico y social de nuestro país,

Asimismo precisó la fiscal de la nación, que lo que busca la ley (de extinción de dominio) es quitarles a los delincuentes su patrimonio mal habido, pero no se pretende afectar a aquellos comerciantes, emprendedores, pequeños empresarios, personas honestas que con su trabajo cotidiano, de manera lícita, legal, aportan al desarrollo económico y social del país.

La fiscalía no retrocederá en la lucha contra la delincuencia

La doctora Delia Espinoza, ha sido enfática en señalar “No vamos a retroceder de ninguna manera en la lucha contra la corrupción; por eso, confiamos que el Tribunal Constitucional emita una decisión a lo que espera la población, la justicia y el derecho, evitando que delincuentes, corruptos que incluso son prófugos de la justicia, se beneficien conservando los bienes y el dinero provenientes de sus delitos y diversos actos de corrupción”

“En pocas palabras (continúo la fiscal de la nación) los delincuentes y testaferros que lleguen a disfrutar o sigan disfrutando de sus fortunas, de los bienes obtenidos ilícitamente ¿queremos acaso un país con una economía producto del delito? No, no deseamos eso, las personas honestas no podemos permitir que la impunidad se imponga; por eso, pedimos al congreso que mediten y reflexionen profundamente sobre este pretendido cambio.”

“La justicia (prosiguió la fiscal de la nación) no debe dar un paso atrás, defendamos nuestros derechos, por el futuro de nuestro país”, finalizó la doctora Delia Espinoza.

El Poder Judicial también se pronuncia

Por su parte, el Juez Supremo, doctor Manuel Luján Túpez, coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, advirtió: “En caso sea modificada o invalidada la Ley de Extinción de Dominio, que permite la persecución de los bienes y dineros de origen ilícito o delictivo, cinco mil procesos relacionados a actos de corrupción, como muchos otros más, quedarían afectados”;

“Este proyecto de Ley, aprobado en primera votación por el Congreso (y que está a la espera de segunda votación), establece su aplicación inmediata, por eso es que están al apuro y si ello ocurre, más de 5 mil procesos, la mayoría vinculados a casos de corrupción quedarían en la total impunidad”, agregó en tono iracundo.

“Un sicario, extorsionador, un minero o un corrupto, para delinquir, necesita dinero y el proceso de extinción ataca donde más les duele, el bolsillo, y retira del mercado ese dinero para que no sigan haciendo esas fechorías; por eso, ese cambio a la ley le da al crimen la oportunidad de cometer delitos”, sentenció.

Se incumplirían convenios internacionales ratificados

El doctor Luján Túpez, manifestó que el Poder Judicial ha enviado una comunicación al Congreso de la República, manifestando “la calamidad que significaría quitar esa ley”, que conllevaría al incumplimiento de compromisos internacionales ratificados en los convenios de Viena, Palermo y Mérida.

Asimismo, sostuvo que, la modificación a la vigente Ley de Extinción de Dominio, nos colocaría en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que nos convertiría en un país paria.

“Si dejamos esta ley vigente de extinción de dominio o es declarada inconstitucional, el Perú será colocado en una lista negra, como un país de riesgo, los inversionistas van a retirar su dinero y, obviamente, seriamos un paria internacional”, agregó.

Congreso obra con manifiesta mala intención

El magistrado supremo fue explícito al señalar que el proyecto de Ley 3577 denota “mala intención”, porque exige antes de intervenir los bienes ilícitos, que el caso quede firme o cuente con sentencia sobre la que no procede ninguna acción judicial; además precisó, que se pretende que los procesos prescriban a los 5 años.

“Es decir que el proceso si todavía está en marcha y dura diez años, por el modelo que tenemos, a los cinco años ya todo proceso de extinción sería imposible y no habría manera de poder extinguir o incautar los bienes”, señaló.

Hay que preguntarse ¿El Congreso nido de ratas y delincuentes, hará caso a los pedidos del Poder Judicial y del Ministerio Público? Sin ser malos agoreros, tenemos la plena convicción que aprobarán el nefasto proyecto a raja tabla, por mayoría delincuencial. Prepárate pueblo para defender la legalidad, por nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y por nuestra bendita patria

El defensor del pueblo José Gutiérrez Cóndor, no defiende al pueblo, sino como que en contrario sensu, haciendo honor a su trayectoria política vario pinto (corcho le llaman a esos politiqueros, porque flotan hasta en el agua de los desagües), se declara defensor de la criminalidad organizada en el más amplio sentido de la palabra y presenta una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de extinción de dominio.

Existe el derecho de hacer lo que a uno más nos guste (inclusive delincuencialmente), pero no es aceptable de ninguna manera, que un personaje, inquilino de la Defensoría del Pueblo, cobrando suculentos sueldos pagados con dinero del pueblo contribuyente, trabaje contra el pueblo peruano y en favor de los delincuentes.

La demanda de inconstitucionalidad, diga lo que diga el dizque defensor del pueblo, lo pone al lado de congresistas delincuentes (salvo honrosas excepciones), y, al lado de los lavadores de activos, mineros ilegales, deforestadores de bosques ilegales, tratantes de personas, corruptos y toda laya de delincuentes.

José Gutiérrez Cóndor, tenemos conocimiento que es abogado de profesión, y por lo tanto, obra con conocimiento de causa y sabe que, buscar la inconstitucionalidad de la ley de extinción de dominio, lo convierte en el brazo legal de los grupos criminales, en una suerte de integración en organizaciones del crimen organizado. ¿Será gratuito el trabajito? Nos beneficia el derecho a la duda. ¡No hay medias tintas que valgan!