TINGO MARIA: ABOGADO, POLICÍA NACIONAL y FISCALIA estarían cometiendo abusos en agravio de la ciudadana identificada como A.C.R.
Desde mayo de 2024, A.C.R., una joven de 23 años residente en Tingo María, enfrenta un calvario, tras denunciar al abogado Jovat León Céspedes, por violación y contagio de enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, la Segunda fiscalía Provincial Penal de Leoncio Prado archivó su caso, basándose en la versión del denunciado. Lo más alarmante es que la misma fiscalía se niega devolver a la joven denunciante, un celular que le fue incautado de manera arbitraria, el cual contendría pruebas clave para sustentar su denuncia.
El inicio del caso
A.C.R. fue diagnosticada con trastorno mixto, ansiedad y depresión desde 2023, por lo que recibe tratamiento psicológico y cuenta con un certificado de discapacidad. En 2024, tras ser denunciada por un ex enamorado en un caso que luego fue archivado, buscó asistencia legal junto a su hermana mayor y contrató a Jovat León Céspedes, entregándole un adelanto de 300 Soles. Su hermana había advertido al abogado sobre la vulnerabilidad emocional de A.C.R. y los efectos negativos que el proceso podría tener en su salud mental.
Las agresiones sexuales
En mayo de 2024, el abogado citó a la joven para tomar un jugo, con el pretexto de discutir su caso. Tras el encuentro, la ofreció llevarla a casa en una mototaxi que había llamado previamente. Durante el trayecto, realizó tocamientos indebidos y la amenazó con un arma, ordenando al conductor que los llevara a un hotel, donde se consumó la primera de cinco agresiones sexuales.
“Me amenazaba diciendo que si no hacía lo que él quería, pediría mi prisión preventiva en el proceso que me llevaba. Llegó incluso a llamar al fiscal de mi caso para mostrarme que tenía influencias”, declaró la víctima al diario Impetu.
En junio de 2024, tras la última agresión, A.C.R. enfermó gravemente, con dolores en sus partes íntimas que le impedían caminar. Un examen médico confirmó que había contraído una infección de transmisión sexual. A través de mensajes de WhatsApp, confrontó a León Céspedes, exigiéndole que asumiera los costos de su tratamiento, que se apartara de su caso y que le devolviera el dinero adelantado.
La incautación irregular del celular
El 30 de junio de 2024, tras exigir la devolución del dinero, el abogado citó a A.C.R. y la llevó a las afueras de la DEPINCRI de Tingo María. Allí, los policías Fabio Uribe Sánchez, Zander Ñaupari Ramos y Cinthia Velarde Esteban la detuvieron y le incautaron arbitrariamente su celular, tratándola como una delincuente. El abogado la había denunciado por acoso y chantaje, utilizando como evidencia los mensajes donde ella lo acusaba de violación.
El caso de acoso fue asignado a la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Leoncio Prado, a cargo de la fiscal Jasmina Iparraguirre García, quien anuló la incautación y ordenó la devolución del celular el mismo 30 de junio de 2024. Sin embargo, siete meses después, la fiscal sigue sin entregar el dispositivo, pese a existir una disposición del Ministerio Público que la obliga a hacerlo.
Denuncia por violación y archivo del caso
El día de su detención, A.C.R. intentó denunciar la violación, pero le fue denegado. Finalmente, el 1 de julio, presentó su denuncia ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Leoncio Prado, en esta ocasión bajo la responsabilidad del fiscal Santiago Guerrero Guaranga, quien archivó la investigación tras considerar los argumentos del denunciado.
A.C.R. apeló la decisión, denunciando irregularidades en el proceso. “Mi agresión fue en mayo y ellos pusieron que fue en junio. Solo mencionan una agresión cuando yo narré cinco. Tomaron como prueba capturas de pantalla presentadas por él en un USB, sin legalizar. Hasta el psicólogo que me evaluó hacía gestos de incredulidad, por lo que presenté una queja contra él”, dijo a Ímpetu.
Un examen médico realizado en Jade Laboratorio Clínico al presunto agresor resultó negativo para infecciones sexuales. Sin embargo, A.C.R. cuestiona la imparcialidad de este resultado, ya que el dueño del laboratorio declaró que atendió a León Céspedes por recomendación del mismo abogado y que mantuvo comunicación con él.
“Necesito justicia”
A.C.R. exige que su caso sea revisado por un nuevo fiscal, sin influencias ni parcialidad. Pide la realización de diligencias imparciales y exhaustivas para esclarecer los hechos. Además, reclama que su caso llegue a un juzgado colegiado que garantice justicia.
Desde la retención arbitraria de su celular hasta la negativa de investigación transparente, el caso de A.C.R. expone graves fallas en el sistema judicial. La joven hace un llamado al Ministerio de la Mujer y otras entidades para que intervengan y garanticen que su voz sea escuchada, y su denuncia tratada con la seriedad que merece.
De permitir que hechos de esta naturaleza se toleren, se estaría abriendo peligrosamente puertas a la impunidad, al abuso del poder y al tráfico de influencias, por personas que con vinculaciones (abogado) con la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, hagan lo que les venga en gana, sin que nadie mueva un dedo que active la verdadera justicia.
Vivimos un estado democrático de derecho y de derecho constitucional, donde prevalece la justicia, la equidad, la razonabilidad, la autonomía y la transparencia, donde ya no es aceptable que impere «la razón de la fuerza» y no «la fuerza de la razón.