MANUEL GAMBINI RUPAY y Funcionarios Comprometidos en Depredación de Bosques por la Secta Religiosa Menonita
El problema sobre un terreno agrario tiene su origen en el hecho que, según Escritura Pública Nº 222, de fecha 02 de febrero de 2011, fue cedido en propiedad a la empresa Bioamazon Fuels S.A.A, inscrita en los Registros Públicos con Partida N° 11050254; sin embargo, no se les habría permitido el ingreso al predio desde el año 2019, para que iniciaran sus actividades, como la realización de estudios de suelo, debido a que se encuentra posesionado por pobladores de la secta religiosa Menonita, y una organización denominada Bimboya, quienes estarían depredando los recursos naturales, ante la mirada cómplice del GOREU y de la DRAU, quienes por el contrario habrían emitido resoluciones arbitrarias. ¿Qué oscuros intereses se maneja bajo la mesa en el gobierno del huanuqueño Manuel Gambini Rupay?
El gobierno regional en el centro del problema
La controversia se habría generado en el Gobierno Regional de Ucayali, Gerencia de Desarrollo Económico, cuando el 24 de enero de 2025, los funcionarios José Miguel Alzamora Villaorduña y el abogado Edwin Soto Idelfonso, investigado por el presunto delito de Colusión con Exp. 056-2022, emitieron la Resolución Gerencial N° 001-2025-GRU-GGR-GRDE, obrando con vulneración de las leyes, para revertir los terrenos en disputa, para favorecer en la práctica a la secta religiosa Menonita y a la organización Bimboya.
Con la mencionada resolución se declaró infundado el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por la empresa Bioamazon Fuels S.A.A, en el procedimiento administrativo relacionado con el predio en referencia, a raíz de que en 2021 la Asociación Agroforestal y Ambiental del Valle Bimboya, solicitó la caducidad del derecho de propiedad sobre el predio, contra la empresa Bioamazon Fuels S.A.A,
alegando incumplimiento en la ejecución de su proyecto de factibilidad.
Comunidad Menonita, una secta religiosa proveniente probablemente de México, aunque manifiestan que vinieron de Bolivia, que han deforestado miles de hectáreas de bosques en Masisea Ucayali y Tierra Blanca en Loreto. Ahora el GOREU pretende legalizar su permanencia en un predio en disputa. Atentando contra la propiedad privada y los derechos de las comunidades Shipibo, Konibo y Ashaninkas.(Foto: Yvette Sierra Praeli)
Inicialmente declararon improcedente la caducidad
El pedido de caducidad fue declarado improcedente en mayo de 2023 mediante Resolución directoral Regional N° 169-2023-GRU-DRA, emitido por la Dirección Regional de Agricultura. Sin embargo, de manera sorpresiva e inesperada, meses después cambiaron de opinión. ¿Habrá sido gratuito el favor? Es una buena pregunta que deberían respondernos.
Walter Panduro Texeira, director Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU), fue quien finalmente declaró la caducidad de la propiedad de las tierras de la empresa Bioamazon Fuels S.A.A en diciembre de 2023, restándole seguridad jurídica a los actos administrativos del Estado y la carencia de predictibilidad en las decisiones los funcionarios del gobernador Manuel Gambini Rupay.
Comunidad nativa Shipibo Konibo que es arrebatado de sus terrenos y hábitat natural por la secta religiosa Menonita y la Organización Bimboya, con la complacencia del gobernador regional de Ucayali. (Foto: Yvette Sierra Praeli)
Actitud fuertemente cuestionada por los conocedores del hecho, porque de lo que se trata es legalizar la permanencia y la deforestación de esta área de terreno, por los miembros de la secta religiosa Menonita, conjuntamente con la organización Bimboya. Esto huele a lejos a corrupción, colusión y concusión en agravio del Estado, de las comunidades nativas Shipibo, Konibo y Asháninkas y la propiedad privada. Alguien está engordando sus cuentas bancarias a costa del sufrimiento de las comunidades nativas que son despojados de sus tierras y deforestados por los menonitas.
Las implicaciones en el actuar del gobierno regional
Es bueno señalar que, en febrero de 2024, la Gerencia de Desarrollo Económico del GOREU, anuló la resolución emitida por la DRAU, estableciendo que el plazo de cumplimiento para la reversión del predio al Estado, por incumplimiento del compromiso asumido, debería haberse computado desde la obtención los permisos necesarios en favor de la empresa Bioamazon Fuels S.A.A, pero estos permisos no les fueron otorgados, debido a que la Asociación Bimboya no permitía el ingreso del personal técnico para realizar los trabajos de campo.
Una clara muestra de la deforestación que ejecutan los menonitas en la selva peruana a vista, paciencia y complacencia del gobernador Gambini Rupay (que no es nativo de la selva peruana dicho sea de paso) y funcionarios. .(Foto: Yvette Sierra Praeli)
Es indudable que, de los actuados administrativos contradictorios, se refleja claramente el mal manejo de un tema muy delicado, porque se trata de terrenos cedidos con fines empresariales, sin considerar la existencia de comunidades nativas Shipibo, Konibo y Asháninkas, que también se encuentran en el ojo de la tormenta, porque obviamente se niegan abandonar los terrenos que forman parte de su hábitat natural.
Los brazos del Estado son los gobiernos regionales y las direcciones regionales que dependen de él. Las decisiones para entregar terrenos en propiedad a cualquier empresa, pasa por el estudio sobre el impacto social y la necesaria convocatoria a conversatorios para arribar a necesarios acuerdos con las comunidades nativas afectadas, en cumplimiento de tratados internacionales y declaraciones de derechos de las comunidades nativas, dentro del universo que constituye la Declaración de los Derechos Humanos.
Nunca será tarde para sentarse en una mesa de diálogo entre todos los comprometidos en el caso en comento, y tomar acuerdos que beneficien a todos, por el bien de la paz social y el respeto pleno a los derechos de las comunidades nativas. Hay un título de propiedad que hay que respetar, que bien o mal fue otorgado por las autoridades del ramo; pero, también hay derechos de los nativos, que obligatoriamente hay que respetar. Lo que el gobierno regional viene haciendo es una mascarada para cubrir el favorcito que le viene haciendo a los menonitas, a la organización Bimboya y para nada a los nativos Shipibo Konibo, ni a los Asháninkas, que siguen siendo despojados de sus terrenos de su hábitat.
Las razones que alega Bioamazon
La empresa Bioamazon Fuel S.A.A. señala que las decisiones tomadas por los funcionarios del GOREU, carecen de fundamentos claros en derecho, pues en octubre de 2024, emitieron una nueva resolución disponiendo la reversión de las tierras, poniendo en peligro la seguridad jurídica frente al derecho de propiedad privada, con la emisión de resoluciones contradictorias que vulneran los derechos de propiedad privada.
Maquinarias de arado y deforestación de propiedad de los menonitas depredando la selva peruana. El gobernador Manuel Gambini Rupay pretende legalizarlos sin importarles las comunidades Shipibo Konibo y la propiedad privada. ¿Qué intereses se manejan bajo la mesa?
Se especula con cierta razón que, las evidentes arbitrariedades que estarían cometiendo los funcionarios del GOREU, genera intranquilidad en la ciudadanía ante posibles malos manejos en este caso, como en otros que históricamente se han venido produciendo sobre temas de terrenos, consuetudinariamente.
La intranquilidad ciudadana ucayalina se pone de manifiesto, ante la posibilidad que, en el gobierno regional que preside Manuel Gambini Rupay, se pueda estar produciendo actos de corrupción de funcionarios, abuso de autoridad, colusión, concusión, tráfico de influencias y delitos ambientales, que indudablemente compromete la transparencia de la gestión de Gambini Rupay.
Conozcamos quienes son los menonitas
Los menonitas son una secta religiosa que tiene mayor presencia en México, pero que su representante Isaac Zacharias Klassen y esposa, manifiestan haber venido a Perú, procedentes de Bolivia, “porque necesitaban tierras donde vivir y practicar la agricultura”.
Esta secta religiosa Menonita, a su llegada a Perú se dirigieron al Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali. Otra parte se dirigió a la localidad de Tierra Blanca que pertenece a la Región Loreto. En Masisea compraron más de 20 predios rurales en el sector de la carretera Masisea – Imiría, en Coronel Portillo.
En estos terrenos rurales, efectuaron la deforestación de más de 870 hectáreas de bosques, para dedicarlos a la agricultura. Existe una investigación fiscal, que se ha quedado dormida en algún escritorio de fiscalía.
En esta labor de deforestación de la selva peruana, también han sido desplazandos de manera inmisericorde las comunidades Shipibo Konibo y los Asháninkas, despojándoles de sus terrenos y hábitat natural, con maquinarias de deforestación y arado para la agricultura.
Según narran Zacharías Klassen y Franz Peters Wieler y esposa han comprado más de 2 mil hectáreas de bosques, pagando la suma de mil soles por hectárea. ¿Quién recibió los dos millones de soles? ¿A que arca fueron a parar los dos millones? No lo sabemos por ahora, pero estamos investigando y tendremos novedades más adelante.
Lo que colma el vaso de la paciencia de propios y extraños, es que luego de todo ello, ahora el gobernador regional Manuel Gambini Rupay y sus funcionarios, pretenden legalizar la presencia de los menonitas en el terreno de propiedad empresa Bioamazon Fuels S.A.A., para que sigan depredando el medio ambiente, los bosques naturales y desplazando a las comunidades nativas peruanas. Este favor, debe necesariamente tener un elevado costo que los menonitas no escatiman, mientras le dejen deforestar la selva peruana y convertir en su centro de operaciones.
Lo que llama poderosamente la atención
Llama la atención, que la primera institución encargada del control del accionar en el GOREU, nos referimos al Órgano de Control Institucional -OCI- del gobierno regional, organismo que depende de la Contraloría General de la República, no se haya pronunciado de manera alguna ni haya hechos visitas de control concurrente y control administrativo de oficio.
Cuando el Órgano de la Contraloría de la República calla en todos los idiomas y no se pronuncia sobre hechos sensibles, donde existe la afectación del derecho de propiedad privada y también la afectación de los derechos humanos de las comunidades nativas, deja un vacío peligroso, que permite que las cosas sucedan y pasen, como si no pasara nada y viviéramos en un paraíso de los “Años Verdes”. Estaremos atentos.