GOBERNADOR GAMBINI Y FUNCIONARIOS fueron denunciados por incentivar y permitir la invasión de Bimboya y la Secta Menanitas en propiedades privadas.

Tal como diéramos a conocer en nuestra edición pasada, el gobernador Regional de Ucayali (GOREU en adelante) Manuel Gambini Rupay y Funcionarios, entre los que se encuentra Walter Panduro Texeira, director de la Región Agraria Ucayali (DRAU en adelante) permiten la invasión  y legalizan la usurpación ilícita de tierras de propiedad privada, como es el caso de la Empresa Bioamazon S,A, cuya propiedad se encuentra en manos de usurpadores de la Secta Religiosa Menanita y la agrupación denominada Bimboya, quienes vienen depredando los recursos naturales del lugar, mediante la tala ilegal de árboles, ante la mirada cómplice del gobernador y funcionarios.                                                                          

Formulan denuncia ante la fiscalía provincial penal

La señorita Marjorie Ariza Navarro, representante de la empresa Bioamazo S.A dio a conocer a la prensa, que su representada ha formulado denuncia penal ante la fiscalía provincial Penal de Turno, contra los funcionarios del GOREU, lo que implica que también llevará de arrastre al gobernador Manuel Gambini Rupay y al director de la DRAU.

La funcionaria no fue muy precisa en señalar los delitos por los que se ha formulado denuncia penal contra los implicados, pero es obvio, que tratándose de una conducta que no solamente legaliza una usurpación de tierras, sino los actos de deforestación o tala ilegal de árboles por los menonitas y bimboyas, entonces estamos ingresando al campo del delito contra el medio ambiente.

Comunidades nativas Asháninkas, Shipibo Konivo, que vienen siendo despojados de sus terrenos en actividades de agricultura y deforestación indiscriminada por la Secta Religiosa Menonita y las Organización Bimboya, sin que el gobierno regional los defienda.

En este contexto, la denuncia tiene que necesariamente seguir esa línea de encausamiento y por lo tanto, es posible que la misma haya sido formulada ante la fiscalía provincial especializada en delitos ambientales.

Siempre formularemos la siguiente hipótesis procesal: Cuando el delito está plenamente acreditado (en el presente caso, el delito está dado a través de una resolución amañada) es obvio que ya no hay nada que investigar, porque existen los graves elementos de convicción y a la postre medios de prueba, que acreditan la conducta típica del delito contra el medio ambiente.

En esa misma línea de pensamientos, debemos señalar que el Código Procesal Penal, faculta al fiscal provincial a prescindir de las etapas de investigación y formular acusación directa y requerir la incoación del proceso inmediato, administrando justicia célere y evitando la sobre carga procesal.

Esta hipótesis procesal, tiene su sustento en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Acreditado que se requirió al obligado el pago de una liquidación previamente aprobada, para que cumpla con pagarla y este no cumple, se procede a remitir copias certificadas de actos procesales a la fiscalía penal de turno, para que proceda conforme a sus atribuciones.

Recibida las copias de actuados, que son elementos de convicción y pruebas fehacientes de la conducta del demandado, de inmediato el fiscal provincial formula requerimiento de acusación y pedido de incoación del proceso inmediato, porque ya no hay nada que investigar, existen suficientes pruebas que acreditan la conducta ilícita del obligado.

Existiría la grabación de un audio comprometedor para los directivos Bimboya y el director de la DRAU

Se tuvo conocimiento que se habría difundido un audio, que no pudimos ubicar en las redes sociales, en el que se escucharía la información que hace directivo de la Asociación Bimboya, en el que da cuenta a su organización, que el director de la DRAU estaba muy preocupado, buscando asesoría de diferentes abogados, para expedir la Resolución cuestionada de reversión de tierras a favor del Estado; una jugarreta con máscara de “legalidad”,  para favorecer a la organización Bimboya, incurriendo en los delitos de tráfico de influencias, negociación incompartible, entre otros ilícitos.

Esta claro que el tema de la “reversión” de tierras al Estado, es una máscara de aparente legalidad. “Hecha la ley, hecha la trampa”. Sin embargo, no es fácil enmascarar hechos reñidos con la moral y la transparencia en la actuación en el sector público.

Veamos; No existe forma legal de revertir el terreno de propiedad de Bioamazon S.A., por varias razones; he aquí algunas de las más saltantes: i) Nunca pudieron los propietarios tomar el terreno adquirido en compra, porque la Organización BIMBOYA y la secta religiosa MENANITA se lo impidieron, ya que ellos habían usurpado los terrenos y estaban depredándolo sin que nadie les dijera nada.

ii) Si no le entregaron las tierras para cumplir sus labores de campo entre ellos, el estudio de suelos, no se puede revertir al Estado por pretendido incumplimiento.

iii) Los integrantes de la Asociación BIMBOYA y de los MENANITAS, no son agricultores de la zona, son usurpadores de terrenos con fines de explotación de los recursos naturales, deforestar nuestra amazonia, convirtiendo grandes áreas de terreno en zonas agrícolas, urbanizando y construyendo viviendas con la utilización de maquinarias para deforestación, despojando de sus tierras a los nativos Asháninkas y Shipibo Konibo, que el gobierno regional y su gobernador están obligados a proteger.

Lo que en realidad busca el gobierno regional a través de su director de la DRAU, es legalizar la usurpación de tierras por parte de los Menonita y Bimboya, para que continúen la deforestación, tala indiscriminada e ilegal de árboles y el despojo de sus tierras a las comunidades nativas Asháninka y Shipibo Konibo.

Las implicaciones del desatinado actuar de agricultura y el GOREU

Es innegable que existen resoluciones contradictorias entre el GOREU y la DRAU, pues mientras una dice que no es posible la reversión de terrenos por no cumplirse las hipótesis legales; por otro lado, la DRAU con su director que está demostrando ser un monigote, manejable a través de prebendas bajo la mesa, resuelve la reversión de tierras al Estado, entre gallos y media noche, contra sol, viento y marea. No le importa nada, ni siquiera ser sancionado e ir a la cárcel. ¿Será gratis este servicio?El gobernador, si no forma parte del grupo que pretende manejar la cosa pública, como su propio feudo, entonces debe corregir los horrores de su director de la DRAU, formalizar una mesa de diálogo productivo y no de puntos muertos, para solucionar un problema muy sensible.

Debe igualmente procesar a los funcionarios que están implicados en esta mascarada “legaloide” y enviarlos de vuelta por donde vinieron, una vez que hayan purgado sus responsabilidades civiles, administrativas y penales. ¡No hay medias tintas que valgan!