GRAVES IRREGULARIDADES ECONÓMICAS detecta Contralor de la República en el Gorehco           

Las direcciones ministeriales adscritas al Gobierno Regional de Huánuco, bajo la dirección del vapuleado gobernador, Antonio “Toño” Pulgar Lucas, están hilando delgadito y en cualquier momento se romperá el hilo por la parte más débil, incluida la propia gobernación. Las constantes denuncias de sobrevaluaciones, pagos indebidos, aprobación de adendas ilegítimas, que aumentan desmesuradamente el costo presupuestal de la obra, ya han rebasado el vaso de la paciencia de los organismos de control. Los responsables de las metidas de mano al dinero del Fisco en el GOREHCO, están en salmuera, a la espera que la justicia los ponga en el lugar que les corresponde.

Visita inspectiva inopinada del Contralor de la República

Una muestra de este hartazgo, es la reciente llegada del Contralor de la República César Aguilar Surichaqui, quien vino junto con la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, a efectuar una vista inspectiva inopinada a diferentes obras y adquisiciones efectuadas por el gobernador y sus funcionarios aliados; y, tomar conocimiento “in situ” de las metidas de mano al presupuesto.

Es que las compras sobrevaluadas y en algunos casos duplicadas; la corrupción y el direccionamiento de las licitaciones, por sobre la cabeza de los diablos, tienen el tufo pestilente a desfalco e inmoralidad, que se han entronado en el gobierno regional, donde opera una suerte de organización criminal, como nunca antes visto.

Comprueban el abandono en los pasillos de un equipo biomédico

Una de sus visitas lo realizó al Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” Nivel III-I, donde comprobó que un equipo biomédico, esto es, un resonador magnético, se encontraba abandonado y sin uso, en uno de los pasillos del nosocomio, en momentos que, cientos de pacientes requieren de una resonancia magnética para recibir la atención necesaria a su enfermedad.

Hospital Regional de Huánuco, cuyo director tenía abandonado un equipo resonador sin uso, en los pasillos del nosocomio.

Esto no es sino la verificación de la actitud temeraria y delictiva del director hospitalario, que, en contubernio con sus médicos serviles, prefieren tener en desuso equipos biomédicos de estudios por imágenes y de laboratorios, porque no les conviene que estén en operatividad y poder exigir a los pacientes, especialmente del SIS, a que sus exámenes los realicen en clínicas particulares, que en la práctica son de propiedad de los médicos que laboran en el Hospital Hermilio Valdizán.

Esta es una muestra clara de la corrupción en su más alto nivel, enquistado en el hospital y el modo criminal como se trafica con la salud del pueblo, en un claro atentado contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, derecho fundamental universalmente protegido, como fin supremo de toda sociedad y Estado.

Las compras dudosas y amañadas del MTC Regional

La siguiente institución visitada fue la dirección Regional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, organismo adscrito al Gobierno Regional de Huánuco, donde se constató la adquisición de 18 camiones volquete, con la venia y aprobación del Gobierno Regional a cargo del inefable gobernador “Toño” Pulgar Lucas.

Resulta que, a los costos de compra de los vehículos, se le adicionaron los costos de mantenimiento, no obstante que este valor ya estaba incluido en el costo de los vehículos. Además, se verificó que los funcionarios del MTC, recibieron dando conformidad a los vehículos, sin que la proveedora acreditara el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el requerimiento de compra, relacionadas con la calidad de la soldadura de las tolvas.

Las irregularidades detectadas en la adquisición de estos vehículos ocasionaron un perjuicio económico a la dirección del MTC ascendente a la suma de 01 millón, 976 mil, 663 soles, sabiendo que el valor total de la compra fue por la suma de 21 millones, 042 mil soles.

Sin embargo, al parecer no se informó al Contralor, sobre el hecho que, como se denunció en su oportunidad, los vehículos eran repotenciados, de segunda mano, con un recorrido superior al permitido por el sistema de adquisiciones, por lo que carecían de garantía. Entonces, las pérdidas ocasionadas al Estado, es muy superior al establecido a priori.

Se hará control preventivo a la construcción de calles

El Contralor igualmente, inspeccionó la construcción del Malecón Walcker Gustavo Soberón en Pillco Marca, y la Recuperación de las avenidas Perú y Javier Heraud en el Asentamiento Humano Sal Luis, Distrito de Amarilis.

Construcción del Malecón Walcker Gustavo en Pillco Marca que no estaría cumpliendo los aspectos técnicos.

La ejecución de las mismas, están a cargo del GOREHCO, con una inversión presupuestal del orden de los 57 millones, 200 mil soles, monto que probablemente se incrementará con el avance de las construcciones, a través de las amañadas adendas y expedientes técnicos modificatorios.

Luego de la visita inspectiva, el Contralor, con bastante preocupación señaló que las obras deben cumplir con su finalidad para el servicio a la ciudadanía, por lo que se hace necesario ejecutar el control previo o preventivo, para evitar deficiencias en su construcción.

Se constató alto riesgo en obra canalización de Llicua

En la visita inspectiva efectuada por el Contralor de la República a la obra de canalización de las aguas pluviales en la quebrada Agorragra, pudo constatar que por la forma que se ejecuta dicha obra, constituye un grave peligro, ante la falta de un sistema de desembalse de las aguas que se acumulan con las lluvias, generando un riesgo latente al poblado de Llicua, que podrían tener graves consecuencias en las viviendas asentadas en el lugar.

Esta obra tuvo inicialmente un presupuesto acorde con el expediente técnico, pero en el desarrollo de la misma, a punto de vencerse el plazo de entrega, la constructora solicitó al GOREHCO la modificación del expediente técnico para considerar nuevas áreas de corte de cerro. Como todo funciona arregladamente, el inefable “Toño” Pulgar Lucas, en contubernio con sus funcionarios lacayunos, aprobaron la modificación del expediente técnico y autorizaron nuevos cortes del cerro adyacente a la quebrada Agorragra.

Esto dio origen a que la constructora, de inmediato solicitara una adenda al contrato, incrementando los costos de la ejecución de la obra, con el cuento de que los vehículos (volquetes) que transportan el material de desmonte, ahora tendrían que efectuar un mayor recorrido para sacar los materiales excedentes, petición que igualmente fue autorizada.

Sin embargo, cuando el OCI del Gobierno Regional hizo un control concurrente, encontró que los vehículos hacían la misma distancia de recorrido trasladando el material excedente conforme al contrato; ni un metro más de recorrido; determinaron igualmente que la modificación del expediente técnico no tenía justificación sustentada y que el nuevo cavado del cerro, lo único que haría es debilitar la consistencia de los terrenos. Una cochina maniobra del GOREHCO presidido por “Toño” Pulgar Lucas,  con fines de incrementar el costo de la obra, lo que equivale al delito de concusión en agravio del Estado.

El resultado es que, la obra de canalización y protección de la quebrada Agorragra de Llicua Alta, a la fecha tiene un incremento superior al 100% del valor presupuestado inicialmente; y, que en contrario sensu, se ha convertido en un peligro para el poblado de Llicua. Una forma delictiva de utilización de los recursos del Estado.

Esto no es una novedad, ni una excepción; pues, no hemos olvidado que la construcción del Hospital Regional de Huánuco “Hermilio Valdizán Medrano”, tuvo un presupuesto aprobado de 110 millones de soles y terminó costando más de 240 millones, producto de maniobras de los liquidadores de obra.

En la práctica, el equivalente al costo de DOS HOSPITALES de las mismas características. Como si ello fuera poco, se efectuaron compras de equipos biomédicos duplicados y sobrevaluados, los que fueron entregados y recibidos “conforme”, como paquetes y sin la constatación técnica por un equipo especialista encargado de recibir los bienes adquiridos, comprobando su estado operativo, lo cual habría ocasionado la pérdida de garantías y un grave perjuicio económico al Estado.

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