JUNIN: La Corrupción Causa Pérdidas por 671 Millones de Soles y ¡No Pasa Nada!
La región Junín ocupa el segundo lugar a nivel nacional en denuncias por corrupción, según el reporte de la Defensoría del Pueblo al cierre del primer semestre de 2024. Este preocupante escenario evidencia un incremento alarmante en los casos que involucran tanto a autoridades como a instituciones públicas.
El informe de Contraloría
Por su parte, un informe previo de la Contraloría General de la República reveló que, durante el año 2023, las pérdidas económicas generadas por actos de corrupción en Junín ascendieron a más de S/ 671 millones de soles. Estas cifras reflejan el impacto devastador de este flagelo en los recursos que podrían destinarse a mejorar servicios básicos como salud, educación e infraestructura.
Manifestación ciudadana contra la corrupción
En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, diversos gremios de Junín se congregaron en el parque Huamanmarca para expresar su rechazo a las prácticas corruptas. La manifestación, simbólica y creativa, incluyó la presencia de un burro al que le colocaron carteles con mensajes dirigidos a los políticos señalados por actos ilícitos.
Fernando Quillas, presidente de la Asociación Civil de Defensa al Consumidor, enfatizó la magnitud del problema. “Si las personas supieran qué se podría hacer con esa cantidad de dinero, en favor de la ciudadanía, se escandalizarían. Estamos hablando de hospitales, colegios, mejora de sueldos, entre otros”, declaró. Además, señaló que la sobrevaloración de obras públicas es una de las principales prácticas que alimentan la corrupción en la región.
Las municipalidades en el centro de las denuncias
El informe de la Defensoría del Pueblo identifica a las municipalidades como las entidades públicas con mayor incidencia de casos de corrupción. En el primer semestre de 2024, se registraron 190 denuncias contra estas instituciones, lo que las coloca en el foco de las críticas ciudadanas.
Estos datos resaltan la urgencia de implementar medidas más estrictas para combatir la corrupción en Junín y en el resto del país. La ciudadanía y las organizaciones sociales demandan acciones concretas por parte del gobierno y los órganos de control para frenar este fenómeno que sigue socavando el desarrollo regional.
El mal paradigma de los inquilinos del Estado
Causa indignación de cómo el Estado peruano maneja la política contra la corrupción enquistada en todos los sectores públicos. La señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, ilegítima presidenta de la República, se llena la boca cada vez que puede, haciendo falsas declaraciones de que trabaja contra la corrupción, cuando en la práctica es la principal protagonista del mal ejemplo de inmoralidad, en las más altas esferas del gobierno central, investigada por el caso de los relojes «Rolex» de su wallqui Oscorima; por desbalance financiero; por la adquisición de costosísimas joyas y por el delito de lesa humanidad al haber ordenado el asesinato de aproximadamente 70 peruanos que expresaban su derecho a la protesta, entre otros.
Leyes de protección a la corrupción y a los criminales
Cómo se puede hablar de lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado y el lavado de activos, si el congreso impresentable e ilegítmo, convertido en nido de presuntos delincuentes llamados congresistas, investigados por diferentes delitos, aprueban leyes de protección a los delincuentes y al crimen organizado; modifican a su regalado gusto el Código Penal y Procesal Penal; y, el ejecutivo que preside la llamada usurpadora del poder, Dina Boluarte Zegarra, las promulga con mucha frescura.
En este contexto, nuestra patria se convierte en el país más inseguro de Sud América, en el que la juventud peruana ya no ve a su patria con futuro promisor y emigra al extranjero. Ningún empresario querrá invertir, en un paìs en el que se asesina hasta a un simple mototaxista si no paga cupos de dos soles diarios a los extorsinadores; y, la señora Boluarte los trata de «pobrecitos, no tienen trabajo…», convirtiéndose en protectora de estos indeseables, sin que ningún fiscal la investigue por el delito de complicidad primaria en el ilícito de extorsiòn agravada.