¡¿ES RAZONABLE?!: Sentencian a 18 Años de Prisión a Hombre por Robo de Celular en Talara

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial ha dictado una sentencia de 18 años de prisión efectiva para Rody Alexander Sosa Seminario por el delito de robo agravado. El condenado fue sentenciado a 12 años por el delito de robo agravado y una multa de S/ 500 a favor de la víctima. Adicionalmente, 6 años por intento de robo agravado y otra multa de S/ 500.

La sumatoria de las penas por estos delitos resulta en una condena total de 18 años de prisión efectiva.

Robo agravado

Estos delitos ocurrieron el 13 de marzo de 2021, cuando Rody Sosa Seminario, después de bajar de un mototaxi, amenazó con un cuchillo a una pareja en una urbanización de Talara para robarles su teléfono celular. Poco después, intentó repetir el crimen con otra persona, pero fue impedido por la intervención de los vecinos.

Tras la denuncia de las víctimas, la policía detuvo a Sosa Seminario, encontrando en su poder el teléfono robado.

Bajo la figura del robo agravado se cometen atrocidades «legales»

Cierto es que el Código Penal y el Código Procesal Penal con sus modificatorias, sancionan con tanta drasticidad el robo «agravado», permitiéndose ls sumatoria de las penas en el caso de un concurso real de delitos. Herramientas legales que utilizan los jueces para sumir en las mazmorras a delincuentes de poca monta y asaltantes pacotilleros, por largos años, como en el presente caso.

Surge entonces la pregunta: ¿Es razonable sentenciar a 18 años a un ladrón bajo la figura de «robo agravado», que le quitó a su víctima un celular cuyo costo seguramente no alcanzará a un mil soles? La respuesta es que, no existe razonabilidad, equidad y mucho menos deseo de reeducación y resocialización del dasadaptado.

Tenemos peores leyes que la «Ley del Talión»

Resulta que, nuestras leyes penales son peores que la Ley del Talión: «Ojo por ojo, diente por diente», que el mundo civilizado pensaba que habíamos logrado superar. Pero no, allí están los jueces, fríos juzgadores de hierro, que no aplican la criminología ni la criminalística con «justicia conciliadora y resocializadora». Acá, de lo que se trata es castigar con crueldad y al diablo las oportunidades de resocialización del delincuente primario o no.

Los jueces no aplican las leyes a todos con igual criterio

Cierto, los señores jueces no aplican las leyes penales con igualdad de criterio a todos los delincuentes. Veamos:

• Un sujeto conduce un vehículo motorizado en completo estado de ebriedad, atropella a varias personas, dos mueren y otros quedan heridos. El delincuente (todos los que delinquen son delincuentes), no va ni un día a la cárcel, se le juzga en libertad, se acoje a la culminación anticipada, se le da una sentencia benigna y finalmente no paga ni la reparación civil y se de a la fuga.
• Otro sujeto, agrede a su pareja que se encuentra gestando los últimos meses; le provoca aborto del feto, había que salvar la vida al menos de la madre. Se le juzga por el delito de aborto preterintensional, no estuvo detenido ni un día y es sentenciado benévolamente a dos años de prisión suspendida con reglas de conducta y la reparación civil de un mil soles.
• Cierto energúmeno, masacra a su amigo en una pelea callejera, se salva de morir por intervención de los vecinos. Al agresor el fiscal lo investiga por lesiones simples y es sentenciado un año de pena privativa de libertad suspendida y al pago de 500 soles de reparación civil. Estos son algunos casos, sin citar de nombres ni número de expedientes, por respeto a la intimidad personal.

Demostrado está que las leyes sancionan pero no resocializan

Pero bueno, de lo que se trata es demostrar que la justicia peruana, frente a lo que desarrollan diferentes paises de Sud Ameríca y otras latitudes, es una muestra de que, los legisladores, ius puniendis peruanos, expiden leyes dizque para prevenir y sancionar los delitos, cada vez de manera más drástica, como si ello fuera la panacea para la solución de los problemas sociales.

Aquí ya no se investiga las razones que obligan a la persona a delinquir, su extracción social, los problemas de hogar que tuvo y encontrar fórmulas que verdaderamente prevengan la delincuencia, mal social que tienen diferentes arraigos, especialmente la injusticia, la falta de oportunidades, la explotación, la injusta distribución de las riquezas y el robo descarado e impune en las altas esferas sociales y gubernamentales.

Y qué decir de los delicuentes de cuello blanco

Grandes delincuetes que ocupan altos cargos públicos en nuestro país; y, otros que aspiran llegar a ocuparlos, se pasean orondos en el Perú y el extranjero, derrochando su fortuna mal habida, sin que el poder judicial, midiendo con la misma vara con que mide a los ladrones de celulares y objetos de poca monta, los meta a ese lugar desde se mira el sol a cuadritos: las cárceles y ´por largos años.

Tenemos en este momento casos emblemáticos, que ahora sí, no vamos tener el menor empacho en decir sus nombres: Keiko Sofía Igushi Fujimori, lideresa de una organización criminal con fachada de partido político; Pedro Pablo Kuczynski, con arresto domiciliario; Dina Boluarte Zegarra, con delitos probados, bien blindada por el Congreso delincuencial.

Luis Picón Quedo, ex gob ernador de Huánuco, con pena privativa de libertad suspendida; Ollanta Humala Taso, con libertad restringida, aspirando candidatear en las próximas elecciones; Alberto Kenya Fujimori Fujimori, criminal genocida, ladrón que se cargó con cientos de millones de soles del erario nacional y que se llevó barras o lingotes de oro, así como las riquezas en oro y plata de la los restos arqueológicos de Paititi: libre, cobrando pensión del estado, sin pagar ni un céntimo de reparación civil al Estado y pretendiendo ser candidato; hay una larga fila de etcéteras.

Nuestra patria es el «País de las Maravillas», único en esta parte del mundo, donde los delincuentes gobiernan y dan leyes a su medida.