ECUADOR: La Contaminación del Río Napo por la Minería Ilegal
(Reportaje de Gabriela Quiróz)
La contaminación del río Napo y sus afluentes impacta directamente en la salud de la comunidad kichwa, que depende de los cuerpos de agua y amenaza a su diversidad.
Dada la falta de datos oficiales sobre el impacto sanitario, para este reportaje periodístico se contrató al Laboratorio de Investigaciones de la Universidad de Las Américas (Udla), para hacer una indagación preliminar sobre el grado de exposición de quienes viven cerca de los ríos.
El análisis de 23 muestras de sangre de personas de las parroquias de Chontapunta, Ahuano, Puerto Napo y Talag, quienes dieron su consentimiento informado para conocer el nivel de metales pesados en su organismo, reveló que el plomo, arsénico, zinc y hierro están por encima de los valores referenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otras entidades internacionales.
La anemia aqueja a los niños de Chontapunta
La travesía del Napo por la parte alta del Tena se inicia en Chontapunta, una parroquia rural habitada por 8 721 personas, a la que se accede tras un viaje de tres horas por caminos empedrados, desde el Tena. Al recorrer sus calles lastradas y su plaza principal enlodada, una sensación de tristeza y desolación envuelven por el grado de abandono.
Tras cruzar el río en canoa está la comunidad San Alonso, donde la riqueza de la tierra contrasta aún más con la precariedad de la vida diaria de sus habitantes.
Ni la minería formal ni la informal, ni siquiera la explotación petrolera, han contribuido, de manera significativa a mejorar las condiciones de vida en Chontapunta y en toda la provincia de Napo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), esta región ecuatoriana registra un 70% de pobreza por necesidades insatisfechas y un 74% de pobreza por ingresos.
Marcia Tapuy, madre soltera, intenta consolar a uno de sus tres hijos, que se encuentra pálido y ojeroso. Sus ojos cafés grandes y pestañas largas se llenan de lágrimas. Con sus brazos se tapa su estómago inflado y vacío, luego de vomitar e intenta calmar el dolor que siente. Ella apenas puede escuchar y prefiere hablar en kichwa.
Se siente impotente al saber que su pequeño está con anemia al igual que los otros siete niños atendidos por una brigada médica del Ministerio de Salud Pública (MSP). La desnutrición crónica infantil es un problema recurrente que alcanza el 20% en menores de cinco años, en esta provincia.
Las comidas de Marcia y sus hijos se componen principalmente de plátano y yuca, los cuales se cultivan localmente. La proteína disponible, aunque no siempre, es el fréjol. Y hay días que no tienen nada en su mesa.
El 19 de abril del 2024, en su casa de madera café envejecida no había ni luz ni agua entubada. En esos casos queda el agua del río o de los esteros cercanos.
Marcia siente un poco de alivio al recibir los suplementos vitamínicos del MSP para sus pequeños, pues carece de empleo y no vislumbra un futuro prometedor ni en la minería informal, que resulta agotadora, ni en la agricultura.
Apenas el 10% de la población de la provincia tiene un empleo adecuado, mientras que el 80,6% trabaja en la economía informal.
Para Flor Mendoza, técnica de la brigada médica, en Chontapunta hay una apatía generalizada en mejorar por ellos mismos sus condiciones de vida. Pocos crían aves o cerdos para diversificar la dieta de sus hijos y que superen la anemia. No todos cultivan cacao. Para Flor sería fuente de ingresos, por el buen precio en el mercado.
Gladys Aguinda, de 42 años, tiene 11 hijos, tres abortos y, al igual que Marcia, admite que la falta de ingresos repercute en una dieta deficiente en proteínas. En su hogar, las diarreas, los vómitos y los dolores estomacales son comunes.
Metales pesados, por encima de lo tolerable
Los niveles de plomo de las muestras de sangre de las personas que viven en Chontapunta como de las otras tres parroquias están por encima de lo tolerable, a juzgar por esta primera exploración.
Una persona con una concentración de plomo en la sangre de 0,05 mg/l, según la OMS, debe identificar las fuentes de exposición y tomar las medidas para reducir y acabar con esa exposición.
Concentraciones de plomo en sangre de 0,05 y 0,1 mg/l se asocian a una serie de efectos, entre los que la OMS incluye deterioro del desarrollo neurocognitivo y de comportamiento en niños y enfermedades cardiovasculares en adultos. La anemia también puede ser una manifestación de la toxicidad del plomo.
Los valores de arsénico, hierro y zinc también se encuentran por encima de los valores referenciales, por lo que es necesario ahondar en los análisis y establecer las causas. Entre los efectos están los problemas gastrointestinales.
El río ha dejado de ser hace mucho tiempo una fuente confiable de agua y pescado, como lo eran las carachamas y los bocachicos. Marcia Tapuy, al igual que otras madres, es consciente de que el río está contaminado por los vertidos de la minería ilegal.
El uso del mercurio persiste
Los mineros arrastran los sedimentos y luego añaden mercurio líquido para que forme una capa alrededor de las partículas de oro. Luego, los microbios del agua y del suelo transforman el metal tóxico en metilmercurio, que acaba en el cuerpo de los peces.
Ecuador es signatario del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, acuerdo firmado por 128 países para frenar o eliminar casi todos los usos del metal, incluso en la minería de oro artesanal y de pequeña escala. De esta forma se busca proteger a las poblaciones vulnerables. Sin embargo, este metal llega desde Bolivia y Perú, de manera informal, por el sur del país.
Según la Línea de Base para la minería artesanal y en pequeña escala de oro en Ecuador, desarrollada en 2018, al año en el cantón Tena se liberan 0,30 toneladas de mercurio al ambiente (agua, suelo, aire), en la pequeña minería . Mientras que con la minería artesanal sube a 1,24 toneladas.
Contaminación por desechos humanos
A este problema se suman los desechos y las heces humanas, no todas las familias tienen letrinas y defecan al aire libre. La lluvia arrastra los residuos al río. Como resultado, las enfermedades parasitarias y gastrointestinales son comunes en la consulta de Katy Romero , administradora del centro de salud del MSP.
De 1 884 hogares que componen Chontapunta, 1 267 declararon que su principal fuente de agua proviene del río o esteros, lo que representa el 67%. Otros 529 dependen del suministro gestionado por organizaciones comunitarias y el gobierno parroquial, esto es 28%.
929 hogares no tratan el agua del río de ninguna manera, mientras que otras 241 familias la hierven, pero esto no las protegidas de las disenterías, que son la tercera causa más común de atención.
Los niños, que representan el 42% de la población de Chontapunta, son los más vulnerables. La diversión la encuentran en el río Napo, que se mezcla con el río Anzu en su margen izquierdo.
Desde abril de 2017 hasta septiembre de 2023 se han visto afectadas 103,59 hectáreas por la actividad minera en el área de influencia del río Anzu, lo que equivale a 14 campos de fútbol estándar, según los monitoreos de Ecociencia y respaldados en imágenes satelitales.
La atención médica enfrenta limitaciones
Rodolfo Naranjo, médico de familia del centro de salud de Chontapunta, se muestra abrumadora al hablar de las dificultades que enfrenta a diario, por la distancia y la falta de infraestructura. La población más cercana está a 100 km, con una carretera en pésimas condiciones y sin transporte.
De las 36 comunidades atendidas, 16 están a dos horas y 20 minutos de distancia y solo se puede llegar por vía fluvial y caminando. El 40% de las atenciones diarias proviene de pacientes de estas zonas, que están más expuestos a la contaminación de los ríos Napo y Huambuno debido a la minería ilegal. El agua entubada también contiene heces fecales y está contaminada por los pesticidas utilizados en los cultivos de cacao, explica el médico.
Después de las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, son las patologías crónicas degenerativas las que más preocupan a este médico y sus colegas. El Dr. Naranjo señala que están vinculados al cambio cultural y al grado de exposición ambiental que están sufriendo.
Con jornadas laborales de cinco a ocho horas diarias en contacto con el agua, Naranjo prevé un aumento en las enfermedades dermatológicas, crónicas degenerativas y la aparición de casos de cáncer en el futuro. De hecho, ya lamentan la reciente pérdida de dos personas por cáncer gástrico, que estuvieron expuestas a la contaminación de los cuerpos hídricos.
Los cánceres son silenciosos, sus diagnósticos suelen ser tardíos o inexistentes y la capacidad de respuesta del centro de salud es básica. Según un informe de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, la primera causa de desaparición en la población indígena de Napo no tiene una causa específica identificada. Chontapunta también destaca como una de las parroquias con mayor incidencia de envenenamiento autoinducido (suicidios) de Napo.
Hongos roban la sonrisa a los niños de Ahuano
Para profundizar en el impacto de la contaminación en la cuenca media del río Napo es esencial explorar Ahuano, otra parroquia habitada por 7 476 personas.
La minería ilegal ha dejado su huella en la concesión minera Confluencia y el Icho, a través del proyecto minero Tena de Terraearth Resources, liderado por inversores chinos. La afectación sumó 125 hectáreas en 2022, según datos de Ecociencia con imágenes satelitales.
Hasta octubre de 2023, la devastación se expandió a 57,25 hectáreas adicionales en Yutzupino y Naranjalito, sobre todo dentro de las áreas de servidumbre ecológica y en la zona de protección hídrica del Jatunyacu. Este río es afluente vital del Napo y uno de los 34 ríos catalogados como destinos turísticos de la provincia. Los turistas que se aventuran a practicar kayak han fotografiado mineros ilegales durante sus viajes.
Al igual que en Chontapunta, los niños son los más sensibles ante la contaminación de los ríos. Enrique Puente, médico rural, señala que las dos terceras partes de los pacientes atendidos son menores de cinco años, afectados por infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales e infecciones fúngicas en los pies.
Estas infecciones cutáneas, que comienzan con descamaciones y pueden evolucionar a laceraciones entre los dedos debido a la exposición constante a la humedad, son motivo de consulta médica una vez que se agravan. «Afortunadamente, contamos con bastantes antifúngicos», agrega Puente.
La minería ilegal divide clanes familiares
La falta de servicios también se siente en Ahuano, en donde los niños y adolescentes se lanzan al río para divertirse, mientras los adultos toman chicha de chonta, una bebida común en las parroquias de Tena que se consume desde temprana edad.
En esta parroquia, la minería ilegal no solo impacta en la salud de su gente, también provoca deforestación. Otro fenómeno recurrente en esta y las otras comunidades es que divide a grandes clanes familiares compuestos por 30 a 40 personas
Los mineros ilegales entran en negociaciones con los líderes para acceder a las tierras y extraer el oro, ofreciendo distintas formas de pago, como el 15% del oro extraído, e incluso empleando a miembros de las mismas familias para tareas como la provisión de combustible para maquinaria.
Estos acuerdos suelen desencadenar conflictos con las autoridades policiales, militares o ambientalistas. El verdadero problema, según señala un lugareño que mantiene su nombre en reserva, radica en que el dinero obtenido a menudo se dilapida en fiestas y consumo de alcohol, perpetuando un ciclo de pobreza y degradación ambiental en la comunidad.
Aguas tóxicas para la vida acuática y silvestre.
La muestra tomada de agua del río Napo en Ahuano (paso en gabarra) presenta un aumento de aluminio, cobre y plomo con relación al valor referencial de la norma ecuatoriana para la preservación de la vida acuática y silvestre.
El plomo, zinc y hierro también están elevados en el río Napo, en Puerto Napo; Mientras el río Piocullín registra más miligramos por litro (mg/l) en plata, aluminio, hierro y zinc.
Las aguas del río Napo, en Puerto Napo y del río Piocullín tienen entre seis y nueve veces lo tolerable en hierro para consumo humano o doméstico. El está ligeramente por encima de lo permitido en los ríos Piocullín y Napo (Puerto Napo).
Silencio entre las mujeres de Puerto Napo
En Puerto Napo, una parroquia ubicada a lo largo del curso del río Napo, las mujeres son un claro ejemplo de cómo la toxicidad del agua las afecta gravemente.
A pesar de ello, su voz ha sido silenciada. Criticar la minería ilegal supone ir en contra del único medio de subsistencia que tienen para alimentar y cuidar a sus hijos. Armadas con guayusa upina (planta de la que se usan sus hojas para hacer infusiones) y chicha de chonta, estas mujeres pasan sus días junto al río, sobreviviendo desde el amanecer hasta el anochecer.
Yesenia Iguasnia, administradora del Centro de Salud de Puerto Napo, atiende diariamente a entre dos y tres mujeres que sufren de prurito vaginal, ardor e inflamación cervical debido a la exposición a bacterias y sustancias tóxicas.
Aunque estas afecciones suelen curarse en 15 días, al estar dentro del agua lavando oro, incluso durante el embarazo, prolonga el problema, añade Iguasnia.
Existe un riesgo considerable de que estas infecciones evolucionen hacia enfermedades más graves, como la enfermedad inflamatoria pélvica (EPI), que puede ascender hasta el útero. La exposición al mercurio durante el embarazo también podría afectar el desarrollo neurológico del feto.
La falta de oportunidades laborales hace que estas mujeres se vean obligadas a continuar con esta actividad, a pesar de los riesgos para su salud. Los ingresos que obtienen de la minería, que oscilan entre USD 50 y USD 500, son vitales para alimentar a sus familias. El miedo a no sostener a sus hijos las mantiene calladas.
Además de las vaginosis recurrentes, se han visto otros problemas entre estas mujeres. Al efectuar pruebas de Papanicolaou se han encontrado casos crecientes de Virus del Papiloma Humano (VPH).
También se han identificado casos de lesiones intraepiteliales de grado 2 (NIC 2), que pueden convertirse en cancerosas si no se tratan adecuadamente. En estos casos, los pacientes son remitidos al hospital de Tena para someterse a colposcopías.
En marzo pasado también hicieron 107 pruebas moleculares para detectar virus agresivos que producen cáncer cérvico uterino y están a la espera de los resultados.
Los hombres que trabajan en la minería ilegal también sufren de infecciones genitales, pero rara vez buscan atención médica por sí mismos. Ellos dependen de que sus esposas les den la medicación. Solo acuden a los centros de salud en casos de emergencia extrema.
Los niños comen una vez al día.
El viaje del río Napo llega a la parte baja, en Talag, donde se une con las aguas del Jatunyacu, también afectada por la minería ilegal en áreas como Muyuna y Pano.
Maribel Menéndez, madre de cuatro niños de entre 6 y 11 años, enfrenta constantes problemas gastrointestinales en su familia, atribuidos al agua del Jatunyacu, que incluso al hervirla sigue siendo causa de enfermedad.
Su rutina incluye caminar durante diez minutos para recolectar agua varias veces al día, dependiendo de la necesidad, a pesar de saber que el río está contaminado. En momentos de lluvia, esa es su única fuente de agua disponible.
La dieta de sus hijos se limita a productos cultivados localmente como plátanos, yuca, frijoles y maní. La desnutrición crónica infantil también es una preocupación persistente en Talag.
Ignacio Simbaña, técnico de salud primaria, visita los hogares para dar atención médica, pero a menudo se encuentra con la ausencia de adultos, quienes están trabajando en la minería ilícita, donde ganan entre 40 y 50 dólares al día.
La situación es tan grave que algunos niños confiesan a la obstetra Gabriela Mena que no desayunan en casa y dependen de la escuela para recibir una colación de leche de avena y un turrón. Su única comida consiste en el almuerzo, que varía según lo que puedan obtener sus padres. En algunos casos consiguen pollo, carne o huevos. Por las noches, prefiere irse a dormir para mitigar el hambre.
Las personas que se dedican a la minería ilegal sufren una variedad de dolencias físicas, desde dolores articulares, de la cabeza hasta fatiga extrema, detalla Simbaña. Él recuerda el caso de una anciana a la que encontró tirada en la calle. Quedó agotada después de lavar oro todo el día.
Los residuos del oro se ‘liquidan’ en Talag
Alba, una joven de 26 años, se gana la vida ‘liquidando’ (lavando) oro en los esteros del Jatunyacu por 10 dólares la hora, cuatro veces al mes. Esto representa el 8,6% de un salario básico de USD 460. Sin embargo, reconoce el peligro de trabajar con mercurio y prefiere lavar en los riachuelos, creyendo que están menos contaminados que el río principal, donde descienden desechos y toxinas de la minería.
Hace dos años lavaba en Yutzupino, pero está consciente que este es uno de los sectores más contaminados. Ahora se turna con su cuñada para lavar el oro.
Rocío Cerda, expresidenta de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN), ha decidido enfrentar la situación buscando alternativas. Junto con su familia se han dedicado a la artesanía y han formado la primera guardia indígena de mujeres para proteger su territorio y mantener a raya a los mineros ilegales.
En medio de la adversidad, estas pequeñas muestran un camino hacia la resistencia y la esperanza para las comunidades afectadas por la explotación minera ilegal en la región.
Concesiones mineras, focos de minería ilegal
La explotación informal de oro ha sido descrita como uno de los desafíos más significativos en los países del sur del mundo. Ecuador no es una excepción a esta realidad.
Map Biomas Ecuador registra que la minería formal e informal en Napo operaba en tres hectáreas, en 1998. A finales de esa década era una actividad artesanal. 24 años después se ha extendido de forma exponencial a 1 175 hectáreas. El 92% de esta superficie se concentra en cinco parroquias de Tena: Talag, Ahuano, Misahualli, Puerto Napo, Carlos J. Arosemena Tola.
Para colectivos y ambientalistas, las concesiones mineras se han convertido en un punto focal para la expansión de la minería ilegal. Actualmente, en esta provincia hay 60 concesiones mineras registradas y 12 en trámite, con nueve licencias ambientales ya otorgadas.
Entre las empresas más polémicas figura Terraearth Resources, cuyos directivos han denunciado a la Fiscalía ser víctimas de invasiones ilegales. Pero el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección Zonal 8 inició actos administrativos sancionatorios por irregularidades en cuatro de sus concesiones: Confluencia, Talag, El Icho y Anzu Norte.
Se pidió a la empresa un plan de restauración al que hicieron seguimiento, entre junio y julio del 2022. Pero el 25 de noviembre de ese año, en otro operativo solicitado por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza (Unidican) nuevamente identificaron actos irregulares en la concesión minera Confluencia, ubicada en Naranjalito.
¿Qué hallaron? Actividades de minería ilegal y se presumió la presencia de adolescentes. Además, se identificaron siete frentes de explotación trabajados de manera antitécnica, sin medidas de rehabilitación implementadas; 20 piscinas de sedimentación abandonadas con aguas estancadas del proceso de lavado de material sin tratamiento previo.
No se había implementado medidas de rehabilitación. Se encontraron áreas donde se ha generado desbroce de cobertura vegetal y tala de árboles, sin contar con escombreras de materia orgánica.
El 19 de enero de 2023 se efectuó otro operativo por aire y tierra en los sectores de Yutzupino y Naranjalito y nuevamente se observan problemas en la concesión Confluencia. Para ese momento, el Ministerio determina que para Napo existe un nivel de riesgo y un nivel de priorización alto.
Según Subsecretaría de Calidad Ambiental, Terraearth ejecutó trabajos de reconformación y revegetación en el área de Naranjalito (concesión minera Confluencia) para cumplir con otro plan de acción ordenado y aprobado en agosto de 2023.
En el área de Yutzupino está efectuando actividades de reconformación de áreas intervenidas por minería ilegal. Estas actividades las realiza, según el plan de acción aprobado en diciembre de 2022.
Operativos no detienen la minería ilegal
Para fortalecer el control y combatir la minería ilegal se creó en 2011 la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (Cecmi). 112 operativos se han realizado hasta ahora, pero esta actividad ilícita no deja de crecer, principalmente por los altos precios del oro en el mercado internacional. Actualmente, una onza supera los 2000 dólares.
El panorama se agrava por la presencia de grupos armados, quienes se ubican estratégicamente para evadir los controles. Ecuador no cuenta con un estimado de cuántos mineros ilegales hay, pero el sector cuenta con un mapeo de 21 puntos de minería ilegal en Napo (ver visualización interactiva).
Además de los altos precios del mineral, para Stevie Gamboa , abogado especializado en minería, hay otros tres factores que hacen que este mercado ilícito siga creciendo: economía dolarizada que permite la salida de dinero lavado; acceso libre a maquinaria de segunda mano a bajos costos y baja capacidad de control estatal.
Cree, además, que el control debe ser diferenciado en las distintas zonas mineras del Ecuador. No es lo mismo la minería subterránea que se realiza en Imbabura, en el norte del país, que la minería aluvial que se hace en la Amazonía.
Ni los operativos ni las declaratorias de estado de excepción-añade- son la solución. Cree que no se hace una trazabilidad de todos los insumos y maquinaria que utilizan los mineros y que entran por las vías públicas. Hay que cortar los suministros de retroexcavadoras, diésel, zarandas, entre otros, dice.
Otro fenómeno es que los líderes comunitarios hacen negocios sin cuentas bancarias de por medio, hay cambios de uso de suelo y de patrimonio que no se está analizando. Hay compras cuantiosas de oro a mineros artesanales, que su capacidad de extracción es apenas de gramos. Hay que entender, dice Gamboa, que la ilegalidad no solo está en la extracción, sino en toda la cadena productiva.
Se hacen esfuerzos enormes, pero se sigue legalizando el oro de la minería ilegal. Faltan alertas en el sistema financiero y en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), puntualiza.
Debilidades en el control estatal
La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) cuenta con dos técnicos en la Dirección Distrital de Napo, cuyas responsabilidades incluyen operativos, inspecciones, peritajes, atención a denuncias y usuarios, trámites y generación de informes. Su presupuesto para 2024 es de 14 641,95 dólares, lo que equivale a 40 dólares diarios.
De manera similar, la Coordinación Técnica de Regulación y Control Minero dispone de 9 519,10 dólares. Estas cifras contrastan con el presupuesto asignado de la Arcernnr para 2024, que asciende a 17,7 millones de dólares para tres sectores: minería, electricidad e hidrocarburos.
Pese a que la entidad informa que ejecuta 99% de su presupuesto, los registros de gastos de 2023 del Ministerio de Finanzas muestran una ejecución de 13,74% de un monto asignado similar al de 2024.
Por otra parte, ambientalistas y parte de los habitantes de Napo lograron en abril del 2022 una sentencia judicial a su favor, en la que se ordena a los ministerios de Ambiente, de Energía y Minas y a la Arcernnr ejecutar un plan de restauración en las zonas afectadas. Dicho plan compuesto de cuatro fases fue elaborado en marzo de 2023 por la cartera de Ambiente. Pero dos años después aún no pasan a la segunda fase, por “dificultades financieras y legales”.
Agua con mercurio y plomo en Naranjalito
Como parte de los actos administrativos que se ha impuesto a Terraearth, se ha realizado muestreos de agua y suelo con resultados alarmantes. En un análisis del 31 de enero de 2023 se encontró que el suelo de Naranjalito superó los límites máximos permisibles, especialmente en cadmio e hidrocarburos totales de petróleo.
Siete meses después, en otro monitoreo el suelo sobrepasó el límite máximo permisible de potencial de hidrógeno y hierro.
Tras otro mes, un estudio de agua de Naranjalito reveló que excede los límites máximos permisibles de plomo y mercurio. Este último descubrimiento llevó al Ministerio a notificar a la Fiscalía General del Estado, en mayo de 2024, pues el mercurio es un elemento prohibido en la Ley de Minería.
Frente a estos hallazgos, la Subsecretaría de Calidad Ambiental aclaró que los monitoreos fueron ejecutados sobre actividades que no son responsabilidad del operador sino de los mineros ilegales. Y por esta razón, no se le puede responsabilizar sobre los parámetros que han sobrepasado la norma.
Asimismo, esta dependencia enfatizó que el fortalecimiento de los controles de agua y suelo son competencia de la Arcernnr, por ser actividades ilegales, según la Ley de Minería y su reglamento.
Las concesiones mineras de Terraearth no son las únicas en las que se ha encontrado actividad irregular. El 20 de septiembre de 2023 se identificó actividades de minería ilegal en la concesión minera Victoria 1, otorgada a Blackpearl Mining Ecuador.
Además, las actividades realizadas en la concesión Victoria 2, ejecutadas por el mismo operador, no contaban con Autorización Administrativa Ambiental. En esa fecha se procedió a la notificación de un plan de acción, suspensión de actividades e inicio de acciones administrativas. Cuatro meses después, se efectuó otro operativo y en ambos casos los hallazgos fueron los mismos.
No se han revertido licencias ambientales en Napo y se continúan realizando seguimientos, monitoreos y auditorías a los actos administrativos otorgados. (EL COMERCIO DEL ECUADOR)