La parlamentaria Ruth Luque presentó nueva denuncia constitucional contra la ilegítima presidente Dina Hercilia Boluarte Zegarra ante el Congreso de la República por infracción de lo establecido en los artículos 114° y 115° de la Constitución y “no estar acreditado el ejercicio efectivo de la función presidencial entre el 29 de junio y el 9 de julio 2023”, así fue publicado hoy en su cuenta de X.
Dina Boluarte abandonó sus funciones para hacerse planchado de rostro
Como sustento de la denuncia, la congresistas señala que, los medios de prensa nacional dieron cuenta que la ilegítima presidenta se habría sometido a una intervención quirúrgica y que por tal motivo “no realizó de modo efectivo ninguna de sus funciones durante los días que van del 29 de junio al 9 de julio de 2023. Es decir, habría estado alejada de sus funciones por espacio de 12 días”.
Argumenta la congresista denunciante en su publicación, que solicitó información al Despacho Presidencial sobre el tema y precisa quee “los documentos que se me han remitido NO permiten demostrar el ejercicio efectivo de la función presidencial”. La legisladora también publicó los documentos a los que se refiere.
Gustavo Adrianzén y Morgan Quedo defienden a Dina Boluarte a capa y espada
Gustavo Adrianzén, Presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Educación, Morgan Quero, defienden a capa y espada a Dina Boluarte y sostienen que la señora Boluarte en ningún momento se ha ausentado de sus funciones en el Despacho Presidencial. Fredy Hinojosa portavoz de la presidencia, en conferencia de prensa dijo que no se iba a pronunciar sobre temas que son de la esfera privada de la mandataria, respondiendo a preguntas sobre la supuesta operación; es bueno resaltar que la ilegítima presidenta con apenas un 3% de aprobación a su gestión, no ha negado ni confirmado haberse sometido a intervención médica y su ausencia del despacho presidencial.
Lo cierto es que, de acuerdo con las versiones de los medios de comunicación, doña Dina Boluarte Zegarra sí hizo abandono de sus funciones y se habría sometido a una intervención quirúrgica facial, para lo cual, se ausentó de sus funciones por espacio de 12 días, por lo que la denuncia constitucional es adecuada y atendible.
Abogado Aníbal Quiroga: declaraciones reconocen que se cometió arbitrariedad contra Pedro Castillo.
En declaraciones a la prensa extranjera, el abogado Aníbal Quiroga, desmerituó la denuncia presentada por la congresista Ruth Luque, señalando que la denuncia constitucional en comento, tiene los mismos límites fijadas a la denuncia presentada por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, por cuanto la señora Boluarte tiene la protección del antejuicio político en el Congreso, regulado por el artículo 99 de la Constitución Política del Estado y que está protegida por el Art. 117° de la Constitución Política del Estado que establece las causales de denuncia.
Agregó Aníbal Quiróga, que en ese contexto, Dina Boluarte no puede ser acusada por ningún otro tipo de delito mientras esté en el ejercicio de sus funciones presidenciales. Cuando haya cumplido su mandato, recién podría ser acusada y procesada.
Por analogía, Aníbal Quiroga reconoce que contra Pedro Castillo se cometió una ilegalidad inconstitucional
Lo manifestado por Aníbal Quiroga es una verdad y por lo tanto implica que está reconociendo por analogía o amplitud que contra Pedro Castillo Terrones se ha cometido una ilegalidad inconstitucional, porque contra Pedro Castillo el Congreso sí declaró fundada las denuncias constitucionales presentadas por la exfiscal de la nación Patricia Benavides, inclusive con cargos falsos.
Y esto es obvio, porque las leyes no se aplican mirando la cara de la persona implicada; las leyes no tienen nombre propio; todos somos iguales antes las leyes conforme lo establece el Art. 2.2 de la Constitución Política del Estado y múltiples tratados internacionales sobre derechos humanos; por lo tanto, lo que se ha hecho contra Pedro Castillo Terrones es inconstitucional, con vulneración de clarísimos derechos fundamentales y que aún se le mantiene secuestrado en un centro de reclusión, arbitrariamente, con resoluciones judiciales que son una muestra clara de que incurren en el delito de prevaricato, quienes siguen declarando infundadas o improcedentes los recursos legales de la defensa técnica de Pedro Castillo.
El abuso de poder de la extrema derecha y otros
Un principio universal del derecho nos señala: “a igual hecho, igual derecho”. No pueden haber cortapizas, manejos maquiavélicos, ni mucho menos, contra un presidente constitucionalmente elegido, con la única finalidad de no dejarlo gobernar, para que no siga afectando los intereses mafiosos de la extrema derecha, de la oligarquía y plutocracia peruana, de los mafiosos empresarios que ponen aguja y se llevan barreta, sin pagar los impuestos de ley y de las organizaciones criminales que quieren imponer un narco estado.
