En una reciente aparición en el programa ‘Nunca es Tarde’ de RPP TV, el Primer Ministro Gustavo Adrianzén ha hecho declaraciones sorprendentes y fuera de todo contexto legal, sobre las investigaciones fiscales a la ilegítima presidenta Dina Boluarte. Adrianzén ha alegado lo que él considera una “persecución fiscal” y ha criticado lo que describe como un “exceso” por parte de la Fiscalía y la Policía en las investigaciones contra la Jefa de Estado. Dicho de otro modo, se le “chispoteó” y pide que no se continúe las investigaciones contra la investigada Dina Boluarte.
Medida Cautelar ante el Tribunal Constitucional
Gustavo Adrianzén expresó su apoyo a la presentación de una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, para detener las investigaciones preliminares en el caso ‘Rolex’, que involucran a Boluarte. Esta medida se considera en adición a la demanda competencial que el Ejecutivo prepara contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, por lo que Adrianzén percibe como un menoscabo de las funciones presidenciales.
Claro que esta expresión es una “chispoteada” de grueso calibre, si se tiene en cuenta que el premier es abogado de profesión. El pedido de Adrianzén es la más grande torpeza que podría cometer un estudiante de los primeros ciclos de Derecho, por no conocer: primero, que toda persona que demuestra claros indicios y existen elementos de convicción de que está incurso en la comisión de delitos, tiene que ser investigada, sin importar que sea estibador del puerto, ministro de estado o presidente de la república.
Segundo, que los fiscales tienen la obligación, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, de perseguir el delito, investigar los delitos que lleguen a su conocimiento por denuncia de parte o por la “noticia criminal”, como defensores de la legalidad y como titulares de la acción penal. Eso también lo saben todos los ciudadanos cultos y especialmente los estudiantes de derecho.
O será que el señor Gustavo Adrianzén ha olvidado el cómo la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, abría carpetas de investigación por organización criminal contra el presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, luego de escuchar las falsas noticias de la prensa vendida y concentrada, especialmente de “Willax”. “No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír”, expresa otro adagio popular.
Acusaciones y Defensa de la Figura Presidencial
Adrianzén Olaya insistió en que existe una campaña de hostilización contra Boluarte, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados con el caso ‘Rolex’. El Primer Ministro enfatizó la importancia de proteger la dignidad de la figura presidencial, más allá de la persona que ocupa el cargo.
Tres veces ¡Ja!; lo que dice don Gustavo Adrianzén es una broma de mal gusto, una tomadura de pelo, una cachetada a la veracidad. Si fuera cierto lo que sostiene, en este momento no estaría preso el presidente elegido constitucionalmente Pedro Castillo Terrones, con falsas acusaciones de hechos improbados. Lo han repetido y lo repiten hasta el cansancio los abogados defensores de Pedro Castillo, las ciudadanos con un dedo de inteligencia, los politólogos y los analistas de la realidad peruana.
Si no le “chispotea” al premier Gustavo Adrianzén, para ser congruente con sus planteamientos inteligentes, debería también solicitar la inmediata libertad del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, injustamente secuestrado en una prisión, luego del golpe de Estado congresal que llevó a ocupar el cargo ilegalmente a doña Dina Boluarte, que ahora, por su baja aprobación, es absolutamente ilegítima.
A propósito de la ilegitimidad de doña Dina Boluarte Zegarra
Por allí leímos que el premier, al referirse a la bajísima aprobación a la gestión del Ejecutivo que encabeza dona Dina Boluarte Zegarra, dijo algo así como: “En los lugares alejados de la sierra, costa y selva, la aprobación es alta.” ¡Error! En todas las provincias del interior del país, especialmente en la gran Región Sur, la aprobación a la gestión del Ejecutivo y de la ilegítima presidente Dina Boluarte Zegarra, así como al impresentable Congreso, debe estar bordeando al “0” por ciento; las demostraciones de rechazo a su presencia es una clara muestra, aunque la prensa vendida y concentrada, lo calle.
Son los de la rancia burguesía, de la extrema derecha, de la CONFIEP, de una organización criminal con facha de partido político, como lo ha denunciado el fiscal José Domingo Pérez y que cogobierna; y, los grupos proclives a la corrupción son los que le dan ese pírrico 8% de aprobación. “Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado”, reza un proverbio popular.
Posible Denuncia Constitucional contra el Fiscal de la Nación
En cuanto a la posibilidad de presentar una denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, Adrianzén indicó que el tema no se ha discutido aún, pero que podría considerarse en el futuro. Además, se distanció de la denuncia constitucional presentada por el ciudadano Jhon López Goycochea contra Villena.
Que bien que guarde distancia de la zancadilla que le puso el periodista que lo entrevistó, porque pensar en formular “denuncia constitucional” contra el Fiscal de la Nación, por estar cumpliendo con su deber, sería una de las tantas pretensiones descabelladas, que le haría más daño al país, por la inseguridad jurídica y por el irrespeto al equilibrio de poderes.
Es bueno señalar que el actuar del Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, se diferencia en forma abismal de lo que hizo la exfiscal de la Nación Patricia Benavides contra Pedro Castillo Terrones, jugando en pared con el también ilegítimo Congreso, lleno de potenciales delincuentes que vienen siendo investigados por un concurso real de delitos. El modus operandi para atacar y acorralar a Pedro Castillo hasta sumirlo en las mazmorras, es hartamente conocido, pero nos ocuparemos de esa negra historia en otro artículo.
La Demanda Competencial y su Impacto
Para concluir, el Primer Ministro señaló que la demanda competencial que presentarían permitirá al Tribunal Constitucional clarificar hasta qué punto se puede investigar a un presidente en funciones. Esta acción, según Adrianzén, busca defender la institución presidencial y no a una persona específica. Esto también nos provoca otro ¡Ja!.
Don Gustavo Adrianzén evidencia desconocer el principio doctrinario: “A igual hecho, igual derecho.” El Tribunal Constitucional, en el caso de Pedro Castillo ya ha emitido resoluciones sobre el tema; por lo tanto, por el principio de la congruencia resolutiva, los integrantes del TC, aunque sus coranzoncitos quieran ayudar a su protegida Dina Boluarte, esta vez no podrán hacerlo, porque de lo contrario se seguirán acumulando pruebas de que sus integrantes son el brazo legal de los poderes fácticos, cada vez más hundidos en delitos de corrupción de funcionarios.
Algo más, el TC no podrá borrar con el codo, lo escrito con la mano. Competencialmente, por imperio de la ley y el estado de Derecho Constitucional, las funciones del Ministerio Público y de los fiscales que lo conforman, son autónomas y sus competencias están respaldadas jurídicamente.
De allí que todo lo dicho por el señor Gustavo Adrianzén, se enmarca en aquello que en lenguaje coloquial del derecho se expresa como: “Leguleyadas”. Un respetable docente procesalista nos decía en el pregrado: “El abogado y cualquier ciudadano puede plantear petitorios de las más raras naturaleza, bajo la figura de estar en la legalidad. El punto es, si el que resuelve el caso, le concederá el pedido. Hay que preguntarse, cómo quedará la moral de aquel cuyo pedido fue rechazado.”
De esta manera nos enseñó que, cuando se plantea un pedido, se debe hacer con probidad, veracidad y sin recurrir a la temeridad. Pero no faltan quienes con el prurito de “saber mucho”, ejercitan el derecho de petición con supino error, que finalmente termina en el tacho de basura, dicho figurativamente.
